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Una publicación de la asociación SER

Elecciones Regionales y Municipales. Dilemas del proceso de transferencia

Las elecciones regionales y municipales se encuadran por un complejo tejido de normas y acciones legales, técnicos, administrativos y políticos. Tradicionalmente los temas que han recibido mayor atención se refieren a la formalización de los candidatos a gobernadores y consejeros en la esfera regional y a alcaldes y regidores en la esfera municipal, a la propaganda y su financiamiento, a las votaciones en sí mismas y a la toma de mando de las planchas ganadoras. 

El proceso para la transferencia del poder de las autoridades salientes a las autoridades entrantes se ha asumido como un asunto subsidiario y protocolar. Esta imagen es un grave error que afecta el desempeño tanto de las autoridades electas como de la ciudadanía.

Marco legal

A partir de lo señalado por las Leyes Orgánicas de los Gobiernos Regionales y Locales, dos son las normas que encuadran el proceso. La primera es la Ley 30204 de junio del 2014 que regula en términos generales la transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y locales. Se destacan en esta norma su objetivo clave: facilitar la continuidad de los servicios que ambos niveles de gobierno deben prestar a los ciudadanos, la definición de la respectiva Comisión de Transferencia, el rol trascendente que en ese proceso le corresponde a la Contraloría General de la República y la previsión, ahora invalidada, de que las autoridades referidas repitan un periodo sucesivo. 

La segunda es la Directiva 008-2018-CG/GTN de la Contraloría General de la República, consagrada en junio del 2018, basada en la Ley anteriormente señalada, que señala detalladamente los alcances y procedimientos que permitan una transparente transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y locales.

Lineamientos básicos

El proceso de transferencia se aplica mediante acciones que tienen una secuencia que se inicia con la conformación de un Equipo de Trabajo encargado de acopiar y ordenar la información pertinente para formular el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia (IRCT) y culmina con la formulación de una propuesta de Acta de Transferencia que involucra a las autoridades vigentes y a las entrantes, una vez que se aprueba por una Comisión de Transferencia conformada por el Gobernador o Alcalde del gobierno saliente, quienes la presiden, mas dos representantes de cada uno de los gobiernos involucrados.

El Informe aludido debe consignar la información considerada como pertinente y oportuna para ambas partes. En particular debe contener un análisis riguroso del estado en que se encuentran los diferentes sistemas administrativos y de control, la lista del personal clasificado en sus diferentes categorías así como los salarios que tienen asignados, el patrimonio físico (edificaciones, equipos), la matriz de los proyectos de inversión realizados y pendientes en el marco de los respectivos Planes de Desarrollo Concertados (PDC) y Presupuestos Participativos (PP), los contratos o convenios suscritos según sus objetivos y cronograma de cumplimiento, el listado de los juicios que tienen los gobiernos salientes, la matriz de los archivos documentarios, el Organigrama de la entidad con su respectivo Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

El Informe, además del análisis de la información anteriormente señalada debe complementarse con un conjunto de recomendaciones o sugerencias para completar y/o mejorar la gestión realizada durante su mandato.  

Programación crítica

Las acciones preparatorias para la elaboración del IRCT se inician durante el primer semestre del año en que se realizan las elecciones. De otro lado, las autoridades salientes deben convocar al gobierno entrante para evaluar los contenidos del Informe, en su versión preliminar, cinco días hábiles siguientes a la proclamación de los resultados de las elecciones. El informe definitivo con el Acta respectiva debe suscribirse, obviamente, antes de la fecha en que el gobierno saliente termina su mandato, con la participación de un Notario Público. 

La experiencia que se tiene sobre este proceso indica que, en general, compromete la labor del gobierno saliente por lo menos un semestre antes de culminar su gestión. Consecuentemente, debe disponer, mediante resolución u Ordenanza, una distribución de los tiempos de las diferentes unidades de gestión entre sus tareas rutinarias y las que correspondan a acopiar datos para el Informe. En el caso de los movimientos o partidos políticos que persiguen reemplazarlos, debieran preparar un equipo técnico – político para recibir, previo análisis, la información a la que se ha hecho referencia. Debe suponerse que este equipo debe ser escogido por la Directiva del movimiento o partido en pugna y alimentado por el Plan de Gobierno con el cual se presenta a la competencia electoral. Esta condición lamentablemente es inusual.

También de acuerdo a la experiencia y a la realidad que envuelve a las Municipalidades y Regiones, es preciso indicar dos situaciones clave. La primera se refiere a que los requerimientos o condicionantes descritos arriba para hacer eficiente y transparente la transferencia, son difíciles de cumplir básicamente por la carencia de cuadros profesionales adecuados, lo cual ocurre por las fragilidades presupuestarias especialmente de las Municipalidades Distritales de corte “rural”. La segunda, que tiene una correlación con el punto anterior, asume que los gobiernos entrantes sufren, en diferentes medidas, de un vacío en su accionar durante al menos uno a dos meses en los cuales deberán hacerse cargo de sus mandatos o funciones, especialmente si consideran que el gobierno al cual reemplazan tiene graves inconsistencias.

Un dilema de “arrastre”

Frente a los esfuerzos previos y posteriores a las transferencias, tanto de los gobiernos entrantes como salientes, se mantiene abierto un debate sobre si el mandato de los gobernadores y alcaldes puede o no repetirse al menos por un periodo adicional subsiguiente. Y es que en rigor los cuatro años de su gestión quizá mas de dos meses los mantiene ocupados en altas proporciones con la transferencia; lo cual, entre otras cosas restringe su compromiso con proyectos sociales, económicos y ambientales de alto impacto y que requieren desde su diseño, hasta su terminación, pasando por las autorizaciones previsibles, en principio más de tres años.