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Una publicación de la asociación SER
Antropólogo, egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, activista promotor de Derechos Humanos.

A 16 años de la entrega del Informe de la CVR

Este año se cumplen 16 años de la entrega del Informe final de la Comisión de la verdad y reconciliación – CVR, que entre sus recomendaciones centrales propuso que las victimas alcancen verdad, justicia y reparación como una medida que les pueda restituir de alguna medida la dignidad. Y además planteó un conjunto de reformas institucionales para promover y proteger los derechos humanos.

 

Sin embargo, el Estado no ha logrado saldar su deuda histórica con los afectados por la guerra. Luego de 16 años, para los familiares nada ha cambiado y el acceso a mejores oportunidades para las víctimas sigue siendo complicado. Nuestro Estado no implementa acciones que puedan verse en resultados concretos.

 

Sobre la situación de los desaparecidos

Una de las deudas más grandes del Estado es la que se tiene con los familiares de los desaparecidos. El dolor y el drama que vivimos es interminable, vivir con la esperanza de que algún día puedas encontrar los restos de tu desaparecido para, por lo menos, poder darle un entierro digno y celebrar un ritual de cierre y despedida.

 

En la cultura andina los rituales funerarios constituyen el cierre de una etapa, y permiten que las personas muertas pasen a una dimensión supra terrenal. Por ello estos rituales son un pasaporte al otro mundo. Para los familiares de las personas desaparecidas, el no celebrar estos rituales genera un enorme vacío.

 

Recuerdo que mi madre me decía, “donde estará perdida el alma de tu papá, ni siquiera un huesito hemos enterrado. Yo no puedo dormir tranquila, ni morir tranquila sin haber enterrado a tu papá”. Y esta no es sólo mi historia, sino la de miles de familiares de las 20,511 personas desaparecidas, según el Renade (Registro nacional de personas desaparecidas y Sitios de Entierros), ya que según las estimaciones por la misma institución sólo se habrían restituido entre 6 a 8%. Una Cifra ínfima, que no asegura nada a las familias que siguen esperando. Por ejemplo, mi madre murió sin poder enterrar y saber donde esta mi padre. Es triste y doloroso ver como se te acaba la vida con un enorme vacío, muriendo sin conocer la justicia, la verdad y la tranquilidad. Por ello, tiene que haber celeridad en la búsqueda de personas desaparecidas. Si bien hay una ley promulgada en junio del 2016, como ciudadanos y familiares no hemos visto avances notorios en los trabajos de búsqueda y entrega. A puertas de celebrarse el Bicentenario de la Independencia seria injusto tener familiares que siguen padeciendo el dolor de una búsqueda interminable.

 

Memoria para la convivencia en paz

Preservar la memoria sobre los hechos ocurridos es una herramienta poderosa para la democracia. Un pueblo sin memoria, es un pueblo ciego que no sabe por donde ni a donde debe ir. Veinte años del periodo de la violencia no pueden pasar desapercibidos ni fuera de la historia, más aún cuando el Estado -al igual que Sendero Luminoso- fue uno de los grandes perpetradores y violadores de derechos humanos cometiendo las peores atrocidades que uno puede imaginar. Ahí están las .masacres de Putis, Accomarca, Cayara, Cabitos del lado del Estado, y de Lucanamarca y Soras, de parte de Sendero Luminoso. Es importante que luego del periodo de la violencia nuestro Estado tenga una política de memoria y verdad, para que la ciudadanía sepa lo que ocurrió en el país y las graves secuelas que dejó la guerra en miles de personas afectadas de por vida por traumas o lesiones físicas.

 

Es una obligación que las futuras generaciones conozcan los hechos de violencia que vivimos. Una sociedad que conoce y tiene memoria brinda garantías de paz y mejor convivencia ciudadana, más aún en sociedades multiétnicas y pluriculturales donde los conflictos surgieron y surgen por esas diferencias, y se asume que los que gozan de privilegios y pertenecen a las mayorías hegemónicas pueden menospreciar y violentar a las minorías. Nuestro sistema educativo tiene que insertar en la curricula el tema de memoria, con más razón en nuestra región. Una región que según el informe de la CVR con más del 40% de afectación y como consecuencia existe una tremenda deuda histórica de parte del Estado con Ayacucho.

 

La lucha de los familiares por la recuperación de la memoria es titánica e incansable, más aún cuando hay un sector de la población y algunos congresistas que quieren imponer el negacionismo y el desprecio queriendo ocultar la verdad. Los ataques al Museo de la memoria, estigmatizándolo y acusándolo de hacer apología al terrorismo, solo refleja ignorancia e insensibilidad ante estos temas.

 

Para construir un país democrático y con mejores posibilidades de convivencia, es fundamental preservar la memoria y fortalecer una cultura de paz. Por eso a 16 años de la entrega del informe final de la CVR, debemos exigir a nuestro Estado una vez más y con más fuerza, que sus recomendaciones se cumplan.

 

gabo.gomeztineo@gmail.com