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Una publicación de la asociación SER
Socióloga, analista política y de género.

Acoso político hacia las mujeres: Acciones concretas ya

Un proyecto de ley sobre acoso político a las mujeres, impulsado por la congresista Verónika Mendoza, se encuentra pendiente de debate en el Pleno del Congreso. Se trata de un tema que reclama atención urgente, estando, como estamos,  ad portas de nuevas elecciones. Pero, más allá de su aprobación, hay acciones inmediatas que se pueden ir implementando (aunque una ley, por supuesto, mejoraría el alcance de dichas medidas).

En efecto, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones y los medios de comunicación pueden emprender acciones efectivas ya, para encarar el acoso político a las mujeres, en las próximas elecciones nacionales.

Una investigación de Tammy Quintanilla, “Estudio sobre el acoso político hacia las mujeres en el Perú” (Flora Tristán, Diakonia, Calandria, 2012),  revela diferentes manifestaciones de acoso a candidatas y autoridades mujeres elegidas, en nuestro país: Desde llamadas intimidatorias, burlas y ataques denigrantes en los medios, hasta agresiones físicas. En la muestra, compuesta de autoridades mujeres elegidas, el 25% expresó haber sido víctima de alguna expresión de acoso político (p.8). No es, ciertamente, un problema nuevo. En una investigación que dirigí en Transparencia, hace algunos años, “Situación de la participación política de las mujeres” (2004), recogimos varios testimonios, a través de los que aparecieron esas mismas situaciones, que constituían una seria barrera a la participación de las mujeres en política. Recurrentemente, salía en las entrevistas el tema de la agresión machista a través de la prensa y del doble rasero que se usa para medir a las autoridades hombres y mujeres. La mayoría de ellas no volvían a tentar un cargo político. De allí que aún persiste en el imaginario social la frase “Los hombres hacen política, las mujeres pasan por ella”.

Pero, ¿por qué el acoso político, los insultos, las llamadas intimidatorias y las difamaciones en medios o por parte de sus colegas autoridades afectarían más a las mujeres? Como sabemos, todas estas modalidades tienen un efecto muy distinto sobre la vida de hombres y de mujeres. Por ejemplo, si se trata de una falsa denuncia o de un “chisme” referido a la vida privada, genera reacciones muy distintas, incluso hasta contrarias, en la sociedad peruana, dependiendo de si la persona aludida es un hombre o una mujer. Con obvias diferencias, de acuerdo a las localidades y grupos sociales, el elector suele tender a castigar moralmente (y a través de los votos) supuestas inconductas de las mujeres. No así, necesariamente, las de los hombres. Para algunos, ser “pendejo” es todavía un punto a su favor. Es alguien que “sabe”, pues. Las “denuncias”, los  “chismes”, así como los chistes sexistas y/o denigratorios, suelen ser usados intencionalmente contra las mujeres, pues pueden tener un efecto demoledor, no sólo sobre sus campañas, sino sobre sus vidas y la de sus familias. Eso, sin hablar de los casos de violencia física, más claramente perturbadora.

¿Qué hacer? Con o sin ley, es posible tomar medidas para encarar las previsibles situaciones en las próximas elecciones. Y en ello, la prensa tiene un rol central. Como señala el informe de Quintanilla, la mayoría de los actos de violencia física o psicológica (amenazas, insultos, etc.) han provenido directamente de  autoridades y, en segundo lugar, de la prensa (24%).

Mediante un sistema de alerta temprana, la Defensoría, el Ministerio de la Mujer y el Consejo de la Prensa Peruana, por ejemplo, podrían recibir y encarar denuncias sobre periodistas y candidatos que amenazan la integridad física de las mujeres, utilizan expresiones machistas o denigratorias, insultan o difaman sobre la vida privada de dichas candidatas.

Amparados en la legislación existente, es posible concretar acciones específicas contra el acoso. Y hacerlo con celeridad, de tal manera que no cause el efecto deseado: Derrumbar las candidaturas de mujeres. Para ello, sería útil disponer de un protocolo básico sobre contenidos con elementos de violencia basada en el género, explicados de manera sencilla.

El rechazo público a dichas expresiones o acciones, con una clara condena de sus pares (Consejo de la Prensa), cuando proceden de periodistas, así como de la Defensoría y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en todos los casos, y otros organismos de sociedad civil, difundido por los medios en esas localidades, es una manera de “cerrar filas” y empezar a crear conciencia sobre el tema. Las plataformas y redes sociales, así como las posibilidades de la telefonía móvil, harían posible encarar estas situaciones, de manera rápida.

También es posible tener un sistema de alerta y denuncia, del que puedan beneficiarse autoridades mujeres, quienes reciben otro tipo de amenazas, la mayoría de las veces directamente  de sus colegas.

Felizmente, ya existen algunas experiencias en otros países. En Kenia, que vive en medio de un elevado índice de violencia política, ONU Mujeres apoyó un sistema de alerta temprana contra la violencia basada en género en las campañas, mediante el uso de mensajes de texto, plataformas web, redes sociales, etc. Este modelo ha sido luego replicado en otros países del África, así como en Honduras.

Hace falta aprender de esas vivencias para, con voluntad política, encarar, en estas próximas elecciones, el recurrente acoso político a las mujeres.