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Una publicación de la asociación SER

Afianzando la captura del Estado

A propósito de la designación del “nuevo” gabinete

Luego de la presentación y juramentación del nuevo gabinete ministerial del presidente Martín Vizcarra, han surgido una serie de reacciones.  Curiosamente una de las designaciones que más revuelo y cuestionamientos está causando es el de la Ministra Liliana La Rosa que asumió la cartera del MIDIS. La razón: provenir de un partido de Izquierda. Ni siquiera la designación de Heresi como Ministro de Justicia, quien tiene vínculos probados con la mafia Kouri, o la de Huerta en Defensa, militar en retiro que estaba estrechamente vinculado a Montesinos, han causado tan airada indignación en los grupos de poder.  Y es que para gobernar este país estar vinculado con la corrupción parece no ser un impedimento grave, sin embargo sí lo es el provenir de un sector que cuestiona un modelo de Estado donde quienes gobiernan son los grupos empresariales en desmedro de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por la misma razón no se escuchan cuestionamientos sobre las designaciones en las carteras más importantes y/o estratégicas como son Economía, Producción, Energía y Minas, y Ambiente, porque allí sí se ha respetado el patrón impuesto en los últimos años de designar a personas que provengan de los sectores empresariales y vinculados a los grupos de poder económico que faciliten el funcionamiento de un modelo y viabilicen los intereses de estos sectores.

Veamos, el nuevo ministro de Economía, David Tuesta viene de uno de los grupos empresariales más poderosos a nivel mundial. Fue alto directivo en el BBVA, transnacional con muchas inversiones en el país. Además trabajó en la Corporación Andina de Fomento (CAF), organismo que promueve la participación de la inversión privada en sectores prioritarios de la economía de los países del sur.

El ministro de Producción, Daniel Córdova estuvo al frente de Invertir, empresa que realiza servicios de responsabilidad social para mineras como Southern, Volcan y Minsur, que tienen varios proyectos en explotación y otros ad portas de ejecución. Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, viene de ser Gerente de la minera Milpo por varias décadas, una de las empresas con más más multas por afectación al medio ambiente y con muchos intereses de viabilización de sus proyectos; además fue gerente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La nueva ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, también viene de trabajar en el sector minero, como gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la minera Anglo American cuyo proyecto Quellaveco está en el inicio de su ejecución.

Estas designaciones no son casuales, menos aún se debe a la inexistencia de cuadros que provengan de otros sectores. Sucede que obedecen a una política institucionalizada en nuestro país, propia de los modelos neoliberales en donde el poder corporativo logra injerencia directa en los asuntos de Estado en función a sus intereses. En breve es lo que se llama: la “captura del Estado”. 

Como lo explica Durand, “a partir de las reformas de mercado que ocurren desde 1990, se ha generado un patrón particular de nombramientos en el MEF y otros ministerios importantes. El patrón se manifiesta en el hecho de que el reclutamiento de ministros y de la alta burocracia se circunscribe a tecnócratas que apoyan el libre mercado y a empresarios o ejecutivos de las grandes empresas”[1]

Este fenómeno de cooptación o dominación política de los sectores económicos, se puede producir con diferentes métodos, uno de ellos es el de las “puertas giratorias”, muy utilizado en nuestro país, y que consiste en nombrar como funcionarios de Estado a personajes de poder estrechamente relacionados a los organismos financieros internacionales y a las corporaciones, tendiendo a ser empleados de uno y otro lado, según convenga a sus intereses.  El objetivo es asegurar que las decisiones políticas del sector público se generen a favor de estos grupos y sus intereses económicos.  Global Witness argumenta que al ocurrir la influencia corporativa directa en el Estado, se asegura que se suavice la regulación a favor de las empresas, debilitando a las instituciones del Estado y a los procesos que son responsables de respetar, proteger y asegurar los derechos de las poblaciones, generándose un abuso desmedido de la posición del mercado.

Diversos estudios han demostrado que el patrón de comportamiento de esta clase de funcionarios es absolutamente sesgado al interés privado y más aún cuando entra en conflicto con el interés público.  Leyes a favor de las empresas, condonaciones de deudas, procesos de flexibilización de exigencias ambientales, impunidad en violaciones de normas y derechos. 

En esa línea ¿qué podemos esperar de estos nuevos ministros de Estado y del propio Presidente? Nada diferente a lo vivido en los últimos años. Un empeño particular en profundizar la política liberal de este Estado, promover la llamada inversión privada que reporta grandes ganancia no para el país sino para los privados, y el sacrificio y la precarización aun más profunda de los derechos de los ciudadanos. El nuevo gabinete ya anuncia la viabilización de proyectos extractivos. A estar alertas, nada es nuevo en esta etapa, el modelo está vigente y seguirá profundizándose, lo único que han cambiado por ahora son los operadores.


  • [1]Sobre la conexión Confiep-USAID, ver Francisco Durand, Riqueza económica y pobreza política. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 191.