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Una publicación de la asociación SER
Socióloga, analista política y de género.

Altos requisitos (sin nuevos partidos) = ¿mejor democracia?

El Perú se encuentra en una situación paradójica: Sus partidos tienen escaso enraizamiento territorial y popularidad (apenas un 14% se siente representado por un partido, según una encuesta de Apoyo del 19 de octubre del año pasado). Sin embargo, su legislación acerca de la formación y permanencia de los partidos establece requisitos que figuran entre los más exigentes de América Latina. Es decir, la regulación no ayuda a mejorar la competencia ni permite un recambio de partidos.

En efecto, en el Perú, para el reconocimiento legal de un partido político, hay que presentar un número de firmas equivalente al 3% de los sufragantes en la elección anterior. Eso significa, actualmente, casi 500 mil firmas (hasta el 2011 era sólo un 1%). En América Latina, ni Argentina, ni Colombia, ni Guatemala, ni México, ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Uruguay exigen firmas de adhesiones. Brasil, Chile y Paraguay demandan apenas el 0.5%, y República Dominicana y Honduras el 2%. Sólo El Salvador tiene igual nivel de exigencia que el Perú, el mismo que solo es superado por Panamá (4%)[1]. No obstante, hay que considerar que se trata de dos países que, claramente, tienen otras dimensiones territoriales.

Otro requisito es el número de inscritos en el partido y el alcance geográfico del mismo. En nuestro país, sobre esto último, también los requisitos son de los más altos. La ley exige que, para ser reconocidos como partidos políticos, las agrupaciones deben demostrar una cobertura de un tercio de las provincias del país, distribuidas en no menos de dos tercios de los departamentos en los que está dividido nuestro territorio. No hay en Sudamérica otro país con una exigencia de alcance territorial similar (No la hay en Colombia, Uruguay ni Bolivia; es de cinco de 25 distritos, en Argentina; de tres regiones conjuntas, u ocho de 22, en Chile; en la mitad de cantones, en Ecuador; en Brasil, votantes en un tercio de los estados). Probablemente, sólo México exija una cobertura similar. Sin embargo, allá apenas es necesario presentar firmas de adherentes, equivalentes al 0.26% del Padrón Electoral (Perú, el equivalente al 3% de los sufragantes). Por lo demás, México tiene partidos históricos, con alcance nacional, y una tradición de integración social y territorial bastante distinta a la nuestra.

La pregunta que cabe hacernos es: ¿Por qué esos requisitos tan exigentes? Una explicación está en aquello que era visto como una preocupación en los primeros años del post fujimorismo: Una suerte de “proliferación” de partidos, que hizo imposible un sistema de partidos estable y sólido.

Sin embargo, según nuestra opinión, al ponerse requisitos tan altos, el efecto fue que sólo pudieran permanecer los ya existentes o los que tuvieran el dinero suficiente para conseguir las firmas, de una manera legítima o no tanto, y no los que representaran la voluntad de nuevos actores colectivos; partidos limeños, como el FIM o Renovación Nacional, por ejemplo, que sin representación popular y con menos alcance territorial, lograron su inscripción. Perú Posible, por su parte, sigue arrastrando ese cuestionamiento de origen. Las firmas de adherentes (conseguidas en plazas o locales comerciales, a veces a cambio de “regalos”, otras veces “fabricadas”), en un sistema de vigilancia por demás tan débil, no demuestran arraigo popular.

Dicho esto, llama la atención que, en vez de bajar o anular el requisito de las firmas, este haya sido elevado al 3%. Habría que preguntarse si ello constituye una condición válida. Se argumenta que hay nuevos partidos que se siguen inscribiendo. Eso, repetimos, es una consecuencia de la falta de vigilancia que, por lo demás, si fuera rigurosa y efectiva en el cumplimiento de todos sus requisitos, desaparecería a la mayoría de partidos inscritos.

Al elevar ese porcentaje se cierra la posibilidad de entrada de nuevas organizaciones, expresión de nuevas opciones (como las que, de hecho, están surgiendo). Poco favor se hace a la salud de nuestra democracia al bloquearlas.

Detrás de las condiciones que venimos aludiendo aquí está la idea equivocada de que los partidos nacionales no deben representar a una proporción importante del país, sino a la gran mayoría, a lo largo de nuestro diverso territorio. Como señalamos, el nivel de exigencia de presencia nacional está por encima de lo establecido por otros países de Sudamérica, y es contrario a nuestra realidad política, marcada por la fragmentación geográfica y la dispersión de la población. Richard Webb, Javier Iguiñiz o Carlos Contreras, entre otros, han dado cuenta de las dificultades de la geografía peruana, la dispersión poblacional y de su impacto en nuestra historia económica. También de su efecto en la “delgadez” histórica de las redes comerciales a nivel nacional, así como en la movilización social y política. Ni siquiera el APRA, el partido histórico, pudo llegar a tener una presencia significativa en toda la extensión del país. No en varias zonas altoandinas y de la Amazonía.

Si apuntamos a un sistema político que permita una mejor representación, quizás sería más adecuado pensar en la consolidación de partidos con efectiva presencia en menos regiones, no en dos tercios del territorio. Tendríamos, al menos, una política oficial en la que se expresarían y discutirían los distintos intereses y las diferentes perspectivas del país. 

Reduciendo el requisito de alcance territorial a uno más realista (en menos provincias y departamentos), así como la condición de firmas de adherentes, se dejaría abierta una puerta para nuevas opciones políticas, con presencia real en más regiones. Incluso, pensando en presencia efectiva, no estaría mal si se eliminaran las firmas de adherentes y se redujera el alcance territorial, el exigir algo más de militantes inscritos. ¿Que se cuelan varios “partidos bamba”? Pues, simplemente, aplicar la ley de manera efectiva. Pero la democracia necesita de esa puerta abierta.

 


[1] Cfr. Political Database of the Americas. Georgetown University, y Zovatto, Daniel, Coord. Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina. México, UNAM, IDEA Internacional, 2006.