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Una publicación de la asociación SER

Asilo, persecución e impunidad

Uruguay tiene una larga tradición de protección y defensa de los Derechos Humanos en los diversos foros internacionales,  con mayor razón, por ser un país que sufrió las consecuencias de las violaciones sistemáticas cometidas en los años 70. Es un factor que debe ser tomado en cuenta al momento de analizar la decisión de Alan García y la inicial respuesta de apertura de la legación diplomática en Lima e inicio del trámite correspondiente.

Por su parte, García cuenta con una larguísima trayectoria de evasión, exculpación y distracción de todo intento de investigarlo, procesarlo y condenarlo por cualquiera de la larga lista de acusaciones que ha tenido como consecuencia de la primera magistratura del país durante dos períodos: 1985/1990 y 2006/2011. Para ello, ha usado su influencia política en los órganos de justicia y anteriores parlamentos en el país, la figura del asilo y la prescripción de los delitos, para evadir su responsabilidad política y penal de cara al país.

El tema de fondo es entender si existen razones valederas para comprender su situación jurídica como parte del concepto de persecución política. Y antes que ello, comprender porque García escogió Uruguay como país de asilo. No existen convenios de cooperación judicial para este caso, la tradición uruguaya es favorable a la protección de las personas a lo que se agregan las posibles relaciones políticas entre ex Presidente García y el actual mandatario Tabaré Vásquez cuando estuvieron en funciones. Existen suficientes razones para comprender que su decisión no fue reactiva sino que estuvo claramente pensada.

Por su parte, la reacción de Torre Tagle se basa en señalar que Perú es un país democrático que defiende los principios básicos de la democracia, que García es objeto de un proceso regular de investigación judicial, en fase preliminar por hechos ocurridos durante su administración relacionados al Metro de Lima.

A la luz de los hechos, no debe ser difícil para la Cancillería uruguaya entender que en el Perú existe un régimen democrático, con separación de poderes, en donde las garantías y principios de administración de justicia funcionan. Y para todo efecto, en el caso particular de García, existe un procedimiento regular en marcha donde él ha ejercido su defensa.

En cualquiera de las eventualidades que tome el caso del asilo solicitado por Alan García, la situación internacional generada y su desenlace, puede perjudicar las relaciones  bilaterales y la tradición diplomática del Uruguay verse seriamente socavada por una errada interpretación y la confusión de una supuesta persecución con impunidad.