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Una publicación de la asociación SER

Atención a víctimas sin conducción

Uno de los efectos menos visibles del irregular indulto otorgado a Alberto Fujimori es el impacto negativo que ha tenido sobre las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia política sufrida en el país.

Entre las renuncias presentadas por funcionarios públicos en los días siguientes de conocerse la cuestionada decisión presidencial se cuenta la de Daniel Sánchez, Secretario Ejecutivo de la CMAN, entidad a cargo de coordinar el programa de reparaciones a los afectados, y de Víctor Quinteros, quien estaba conduciendo la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ambas entidades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Menos publicitadas han sido las renuncias de cuatro de los cinco integrantes del Consejo de Reparaciones, incluyendo a su Presidente, el General EP (r) Juan Fernández Dávila. En este caso, sin embargo, el Viceministro de Derechos Humanos ha logrado que estas renuncias se hagan efectivas dentro de unos meses, de modo que ha podido mantener un tiempo adicional al grupo actual de Consejeros, mientras se van definiendo sus reemplazos.

Esta gestión ha impedido que la labor del Consejo de Reparaciones se paralice, aunque esta entidad se encuentre actualmente en una etapa de tránsito. No ocurre lo mismo con CMAN y con la novísima Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Por el momento, la gestión de ambas entidades ha sido encargada a funcionarias a la espera de las nuevas designaciones. Y la continuidad del trabajo está siendo sostenida por sus equipos técnicos que – me consta en todos los casos – tienen un alto compromiso con sus respectivas tareas.

Siendo esta labor tan cercana a las víctimas y a sus demandas, la principal dificultad del Ministerio parece ser encontrar profesionales que conozcan del tema, estén identificados con la problemática de las víctimas y estén dispuestos a trabajar bajo la gestión del Ministro Mendoza. Al parecer, no resulta sencillo encontrar personas que cumplan con todas estas condiciones, por lo que la búsqueda tendría que sacrificar alguna de estas consideraciones, con el riesgo de afectar el desempeño o la orientación de estas entidades.

En un texto que escribí hace cuatro años decía lo siguiente:

“Es posible encontrar una dinámica parecida en lo que respecta al proceso de reparaciones a cada cambio de gobierno. Esta dinámica podría resumirse de este modo: Existe un impulso inicial cuando el tema es asumido por el gobierno. Ese impulso hace posible la puesta en marcha de algunas de las acciones previstas en el PIR, pero el apoyo político se va desvaneciendo con el paso de los años. El Estado solo se sacude de esta inercia por la incidencia social, especialmente de las organizaciones de víctimas, acompañadas por los organismos de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo” [negritas en el texto original].

Dados los acontecimientos de fin de año, se corre el riesgo de repetir este ciclo. El primer año de gobierno del Presidente Kuczynski, la política de reparaciones cobró un nuevo impulso bajo la gestión de la Ministra Marisol Pérez Tello, de la Viceministra de Derechos Humanos Gisella Vignolo y de funcionarios adecuados nombrados en las entidades mencionadas. Con el cambio ministerial y las renuncias ya señaladas se abre un panorama incierto en este campo de acción estatal.

Para evitar la repetición de este círculo pernicioso, es necesario exigir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que asuma el compromiso de encontrar los reemplazos adecuados en la CMAN, el Consejo de Reparaciones y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas; es decir, considerando los perfiles que más corresponden con las tareas que deben continuarse. Las decisiones que adopte no pueden ser una nueva burla a las víctimas.

 

Twitter: @RivasJairo