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Una publicación de la asociación SER

Brasil: el riesgo de un quiebre

El impeachment a la legítima presidenta Dilma Rousseff, el destape de la red de corrupción empresarial, y sus vínculos con el sistema político, ha traído consigo una importante crisis institucional que podría derivar en un quiebre social profundo.

Como es de conocimiento general, Lula es acusado de favorecer a OAS para contratar con el Estado y a cambio haber recibido un tríplex en Guarujá, valorado en 3,7 millones de reales (USD 1.1 millones, aproximadamente). El juez Sergio Moro, responsable de la investigación sobre la operación Lava Jato, condenó al ex presidente, el 12 de julio pasado, a 9 años de prisión. Los abogados de Lula apelaron sosteniendo que no existe una prueba sobre la propiedad del tríplex (el mismo se encuentra en registros como propiedad de OAS) y que por lo tanto, la condena sólo se sustenta en las declaraciones de Leo Pinheiro, ex presidente de la empresa, quien obtuvo una rebaja de la pena recibida de 8 a 5 años, gracias a dicha información. El Tribunal Regional Federal (TRF-4) de Porto Alegre, no sólo “encontró” culpable a Lula, sino que aumentó su condena a 12 años y un mes, señalando el juez Gebran Neto que su posición como Presidente de la República cargaba el delito de una “culpabilidad extremadamente agravada”. La decisión del TRF-4 no sorprendió a ninguno de los analistas pues se esperaba que ratificaran la condena de Moro, por su cercanía al mismo y por las declaraciones públicas realizadas sobre la figura de Lula.

Mientras el proceso continuaba y el cerco judicial se estrechaba, el apoyo popular a Lula iba en aumento, posicionándose primero en la intención de voto (36% según Datafolha, 31 de enero), con al menos el doble de votos que su más cercano contendor, el ultraderechista Jair Bolsonaro. En un supuesto balotaje, Lula ganaría sea quien fuese su oponente.

Mientras Lula y el PT resistían en las calles – aupados por partidos como el PSOL y el PCdeB, además de movimientos sociales como el MST o MTST – sus opositores celebraban su casi seguro encarcelamiento, pues se esperaba que el mismo TRF-4 rechazara la apelación realizada, tal como finalmente sucedió el pasado 26 de marzo. La red O Globo, uno de los principales medios opositores al ex mandatario, anunciaba una amplia cobertura sobre la condena y pedido de prisión.

Lamentablemente para ellos, días antes – el 22 de marzo – el Supremo Tribunal Federal (STF), máximo órgano judicial, admitió a revisión un hábeas corpus (HC) introducido por la defensa para evitar que Lula sea encarcelado antes de haber agotado todos los recursos legales posibles. De los 11 ministros que componen el STF, 7 votaron a favor de la admisión y 4 en contra. Asimismo, y tomando en cuenta que pocos días después el TRF-4 podía pedir prisión efectiva para Lula, votaron para “congelar” su situación hasta que el HC sea revisado, lo que acontecerá este próximo miércoles 4 de abril.

El STF ha abierto la posibilidad de que finalmente se realice una investigación seria sobre las acusaciones que pesan sobre Lula, dejando de lado la judicialización política – Lawfare. En este sentido, el juez Moro (así como los grandes medios de comunicación y sus opositores políticos) ha iniciado una estrategia de presión hacia los ministros del STF. Así, en el programa “Roda Viva”, de la TV Cultural de San Pablo, el juez señaló que “una revisión de ese precedente, que fue un marco del proceso de combate a la corrupción, tendría un efecto muy malo y daría un mensaje equivocado, daría el mensaje de que no se puede avanzar, que vamos a dar un paso atrás". En la misma entrevista, el magistrado hizo referencia a dos de los ministros del STF, Celso de Mello y Rosa Weber, elogiando el trabajo de ambos. Estos dos magistrados votaron a favor de la admisión del HC. Se estima que el voto de Weber será el que decidirá el destino del ex presidente, pues de acuerdo a las sustentaciones de los demás magistrados, la votación estaría empatada. Es importante recordar que en 2016 la magistrada se mostró a favor de que sólo se ejecute la prisión cuando el juicio no admita más recursos.

Mientras avanza la “batalla legal”, la mayor preocupación viene desde las calles. El pasado 28, durante una de las caravanas de Lula por el sur de Brasil, seguidores de Jair Bolsonaro y ruralistas hostigaron todo el recorrido por Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, llegando a disparar contra dos de los tres ómnibus que componían la caravana, sin llegar a causar heridos. Este hecho, a pesar de su gravedad, no ha sido condenado por sus opositores.

En este marco, la decisión del STF – sea cual fuese esta – obligará a redoblar las medidas de seguridad en el país, la división social, la crisis económica, y la desconfianza en las instituciones, pone a Brasil en riesgo de un importante conflicto social.