Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Caso Cócteles: La batalla del fiscal Domingo Pérez

Foto: Perú21

El juez Concepción Carhuancho ha ordenado la detención preliminar judicial por 10 días a la lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por pedido del fiscal Domingo Pérez. Y junto a ella, a otras 18 personas pertenecientes al mismo partido político. La decisión señala a Keiko Fujimori como parte de una organización criminal, que tendría que ver con el lavado de activos, siendo parte de esos activos (según la tesis del fiscal) el dinero referido por Odebrecht (un millón doscientos mil dólares según Barata).

La investigación a Fuerza Popular y a su lideresa por el caso “Cócteles” es un caso de cuidado, porque es el partido que tiene el mayor poder político en el Congreso y está relacionado a otras instancias del Estado, lo que genera razonables temores de impunidad. En el Congreso, por ejemplo, las comisiones que investigan los casos de criminalidad como Lava Jato no investigaron a la lideresa del fujimorismo, a pesar de las informaciones llegadas de Brasil.

De otro lado, la actuación fiscal -en este mismo caso- del fiscal Pérez fue vulnerada por el Congreso en un atropello que al día de hoy no tiene sanción: la intromisión ilegal de congresistas fujimoristas en la diligencia a los locales de Fuerza Popular. El fiscal hizo la denuncia respectiva, la misma estuvo en manos del fiscal Chávarry desde inicios de este año y hasta el día que estuvo a cargo no se realizaron, incomprensiblemente, las acciones debidas para investigar la violación a la ley cometida por los congresistas.

Pero el fiscal Pérez optó por una acción de defensa de su función y continuó con las investigaciones. En ese curso, la revelación de los CNMaudios aportó a descubrir lo que ahora se constataría que fueron acuerdos contra las investigaciones del caso Cócteles, hechos desde el propio sistema de justicia. La trama describe cómo el juez supremo Hinostroza coordinó a través del empresario Antonio Camayo y otros como el congresista Miguel Ángel Torres, el encuentro con Keiko Fujimori en mayo de este año. La casación había sido presentada por Fujimori para contradecir la investigación que se le seguía por lavado de activos. Esta ilegal estrategia avanzaba -a la par de otra- de acuerdo a las investigaciones: la designación de un Fiscal de la Nación al que tenían llegada los mismos actores de la red de CNMaudios.

Por ello el nombramiento de Chávarry como Fiscal de la Nación, no aseguraba ni garantiza las condiciones que debe tener el Ministerio Público para que la investigación llegue a buen puerto. Chávarry está relacionado con Hinostroza quien se reunió con la “Señora K”, recibió ayuda de Hinostroza antes de ser juramentado como Fiscal de la Nación y se reunió con periodistas para mejorar su imagen, además ha sido señalado de integrar “las dinámicas de favores” de integrantes de esta red de corrupción por la propia fiscalía, es defendido por los congresistas fujimoristas (y apristas) a pesar de las preocupantes imputaciones; ante las que cualquier fiscal se habría apartado del cargo en defensa de la apariencia de independencia e imparcialidad del funcionario público.

La relación de Keiko Fujimori con el Congreso (cuya mayoría pertenece a su partido político), con el juez supremo Hinostroza (que vería su casación por el caso “Cócteles”), con el Fiscal de la Nación (fiscal que a la red de corrupción le convenía en el cargo, y de cercanía con Hinostroza), pone en evidencia la dificultad de las investigaciones y la particularidad de este caso en el que el poder político (con actuación irregular) se enfrenta al poder jurídico.

Si tenemos en cuenta que en la Corte Suprema las investigaciones de la red de los CNMaudios no solo involucran o mencionan a Hinostroza Pariachi (sino también a jueces como Ángel Romero, Martín Hurtado, entre otros), y que en la Fiscalía Suprema no solo se involucra y nombra a Chávarry (sino también a Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez), entidades donde las apelaciones del caso llegarán tarde o temprano, el escenario y la labor casi de microcirugía de la fiscalización ciudadana adopta más complejidad.

Estos aspectos institucionales deben ser tomados en cuenta en la valoración del mérito de las investigaciones fiscales y judiciales. Algunos funcionarios públicos se están enfrentando a un statu quo que no garantiza la protección y promoción de la actuación imparcial.

Nuestra democracia enfrenta un grave problema: fiscales que desarrollan esfuerzos para investigar a la lideresa del partido político que tiene mayoría en el Congreso de la República, y que al igual que algunos de sus correligionarios (como Héctor Becerril) está involucrada con una red de corrupción en el sistema de justicia, sistema en el que jueces y fiscales supremos (incluido el Fiscal de la Nación) también estarían implicados.

El país y el fiscal Domingo Pérez necesitan de autoridades e instituciones independientes, y un nuevo pacto político que evite la impunidad de estos graves casos que violan la ley y la Constitución. Sin ello será muy difícil hacer justicia, peor aun ahora que el fiscal Chávarry ha sido blindado por el Congreso.