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Una publicación de la asociación SER

¿Cómo hemos llegado de la Vacancia al Golpe de Estado?

Foto © Luisenrrique Becerra | Noticias SER

Nicanor Domínguez Faura

En un reciente artículo, de hace apenas 10 días, el sociólogo Francisco Durand explicaba que la “República Empresarial”, el proyecto político y económico neoliberal peruano iniciado por el fujimorismo en 1990-1992 --tras el colapso hiperinflacionario heredado del primer gobierno de Alan García (1985-1990)--, estaba llegando a su fin.  La principal característica de esta forma de controlar las riquezas del país ha sido la de un Estado pro-empresarial, auto-justificado mediante la ideología neoliberal y su corolario propagandístico cotidiano, el “emprendedurismo”.  Durand señalaba con claridad a sus promotores y beneficiarios: “una alianza externa (EUA, OECD, BM y FMI) e interna (grupos de poder económico y multinacionales, CONFIEP, las derechas)”.

Esta “República Empresarial” peruana ha funcionado tanto bajo la dictadura Fuji-motesinista (1992-2000), como bajo los gobiernos electos de Toledo (2001-2006), García (2006-2011), Humala (2011-2016) y Kuczynski (2016-2018).  Hasta el estallido de las investigaciones vinculadas a Odebrecht y al caso Lava Jato del último lustro, los empresarios peruanos y las transnacionales mineras y de la construcción, han dominado e impuesto sus condiciones al auto-debilitado Estado peruano (limitado por la Constitución fujimorista de 1993).  Durand indica que: “Los grandes empresarios contaron también con un notable control mediático, destacando la asfixiante influencia conservadora del grupo El Comercio (Miró Quesada) y el grupo RPP (herederos de Manuel Delgado Parker).  Incluso financiaron dos plataformas digitales (El Montonero, Lampadia) con cierto éxito”.

Esta hegemonía neoliberal en el Perú empezó a resquebrajarse al concluir el mega-ciclo exportador de minerales (2014) e iniciarse en nuestro país las investigaciones del caso Lava Jato (2016).  La volatilidad política peruana hizo imposible una candidatura unificada de las distintas fuerzas políticas que proclamaban defender las bondades del “modelo” económico neoliberal.  En la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 10 de abril de 2016, de 10 agrupaciones políticas en competencia, la candidata de izquierda, Verónika Mendoza, obtuvo el 18.7% de la votación, quedando en tercer lugar.  Pasaron a disputar la presidencia en segunda vuelta los candidatos Kuczynski (con 21%) y Keiko Fujimori (con 39.8%).  Ante la preocupación nacional de una vuelta del corrupto fujimorismo de los 90, Kuczynski resultó vencedor por una diferencia mínima (41,057 votos, el 0.24% de los 17’152,817 votos válidos).

El revanchismo de la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi en contra de Kuczynski llevó a dos intentos de vacarlo por “incapacidad moral”, el segundo de los cuales tuvo éxito, debido a su renuncia del 23 de marzo de 2018.  Keiko Fujimori, en serios problemas legales por las irregularidades de sus cuentas de campaña, fue puesta en prisión preventiva por 36 meses a partir de octubre del 2018 (sin embargo, fue liberada en diciembre 2019, nuevamente recluida entre enero y abril del 2020, y actualmente, desde el 5 de mayo, se encuentra en libertad bajo fianza).  Su padre, Alberto Kenya Fujimori Fujimori, truculentamente indultado por Kuczynski el 24 de diciembre de 2017, vio su “indulto humanitario” anulado por el Poder Judicial el 3 de octubre de 2018, volviendo a prisión el 23 de enero de 2019.

El mismo obstruccionismo en el Legislativo del fujimorismo y del Apra (aliados en defensa del “modelo” neoliberal y de la impunidad de sus líderes), que manipuló los resultados del referéndum del 9 de diciembre de 2018, y rechazó la propuesta de adelanto de elecciones hecha el 28 de julio de 2019, llevaron a que el presidente Vizcarra terminara cerrando el Congreso el 30 de setiembre de 2019 (considerando que el 15 de setiembre de 2017 se le había negado la confianza al Premier Fernando Zavala en relación a las reformas educativas del gobierno de Kuczynski, que continuaba las del gobierno previo de Humala, y que ese mismo día 30 de setiembre el Premier Salvador del Solar había hecho cuestión de confianza sobre el proceso de selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, siendo ignorado por el Congreso, que solo votó sobre el tema después de que Vizcarra anunció su clausura).

El nuevo Congreso, elegido el 26 de enero de este año, entró en funciones el 16 de marzo, eligiendo como Presidente al congresista de Acción Popular por Tumbes, Manuel Merino de Lama.  Un día antes, el 15 de marzo, el gobierno había decretado el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio debido a la pandemia del Covid-19 en el país.  Las pésimas condiciones del sistema de salud pública de nuestro país (fruto de 30 años de políticas privatizadoras), sumadas a los errores cometidos por el gobierno al implementar medidas que parecían las adecuadas sobre el papel, pero que no tomaban en cuenta la realidad de una sociedad diversa y compleja como la peruana, han hecho que el gobierno de Vizcarra sea duramente criticado por su ineficiencia en la gestión de la crisis sanitaria.

En este contexto el nuevo Congreso, sabiéndose exceptuado por la Constitución de una nueva clausura durante el último año de gobierno, ha continuado su enfrentamiento con el Ejecutivo, rechazando las mínimas reformas propuestas (que cuentan con mayoritario apoyo ciudadano) y protegiendo diversos intereses particulares (de políticos y empresarios investigados por la Fiscalía, vinculados a diversos casos de corrupción).  En una nota reciente, el periodista Enrique Patriau identifica intereses de dueños de universidades privadas “bamba” que no han pasado el proceso de certificación de la SUNEDU, así como del reo Antauro Humala, líder etnocacerista que parece controlar a la bancada del “vientre de alquiler” llamado UPP, buscando su indulto y potencial candidatura presidencial.

Tratando de “oxigenar” su administración, Vizcarra decidió cambiar al Premier Vicente Zevallos, en el cargo por casi 10 meses desde la clausura del Congreso, y convocó a Pedro Cateriano, político de la más rancia derecha pro-empresarial, quien juramentó como Primer Ministro el 15 de julio, pero fue rechazado por el Congreso el 6 de agosto.  Fue reemplazado ese mismo día por el General de división en retiro, y hasta ese momento Ministro de Defensa, Walter Martos.

Así las cosas, el Congreso intentó una fracasada primera vacancia de Vizcarra entre el 11 y el 18 de setiembre, en base a las confusas y escandalosas acusaciones relacionadas al “caso Richard Swing” en el Ministerio de Cultura.  La revelación de coordinaciones de Merino de Lama con las Fuerzas Armadas, y las intermediaciones oficiosas de varios allegados para ir formando un futuro gabinete de ministros, terminaron de desprestigiar este torpe primer intento.  Pero un mes después, el 20 de octubre, con mejor preparación de los congresistas opositores, y utilizando los dichos de un par de “colaboradores eficaces” (es decir, empresarios corruptos que coimeaban a funcionarios para obtener contratos públicos de construcción, y que “colaborando” esperan reducir las condenas a las que están más que seguro destinados), han acusado a Vizcarra de corrupción durante su gestión como Presidente Regional de Moquegua (2011-2014).

En esta segunda campaña, como claramente señala Francisco Durand, los beneficiarios de la moribunda “República Empresarial” están profundamente comprometidos, comenzado por el llamado “Club de la Construcción”, la empresas peruanas encabezadas por Graña y Montero, coludidas con los funcionarios públicos nacionales y regionales para repartirse los proyectos de carreteras y hospitales, como acusan ahora a Vizcarra de haberles otorgado en Moquegua.  Como señala Durand: “A este esfuerzo se sumó desembozadamente el grupo El Comercio, partícipe mediático principal de esta última conjura.  En el grupo periodístico predomina ahora la ultraderecha y se mantiene esa vieja arrogancia aristocrática de sentirse con derecho a todo.  Uno de sus principales accionistas, el constructor José Graña Miró Quesada, tiene investigaciones pendientes y puede terminar en la cárcel.  Al otrora poderoso, intocable y encubierto Club de la Construcción le conviene dilatar, descarrilar las investigaciones”.

Como en el caso del intento de vacancia apro-fujimorista contra Kuczynski en diciembre de 2017 --que desde este espacio en ‘Noticias SER’ criticamos sin ambigüedades--, estos usos arbitrarios de una figura constitucional imprecisa son un abuso del Poder Legislativo en contra de un Ejecutivo débil y sin mayoría parlamentaria.  No siguen las normas legales que deben aplicarse a los funcionarios públicos que cometen delitos durante su función.  El procedimiento contra Kuczynski y Vizcarra debió iniciarse al terminar los mandatos para los que fueron elegidos.  Usar la vaga noción de “incapacidad moral” como arma para expulsar del poder al presidente de turno es una leguleyada que pretende esconder lo evidente: un golpe de Estado desde el Congreso, en defensa de intereses corruptos de toda clase.

¡Los peruanos y peruanas no debemos permitirlo!

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Referencias:

Francisco Durand, “Se acaba la República Empresarial”, ‘OtraMirada’, lunes 2 de noviembre de 2020. < http://www.otramirada.pe/se-acaba-la-república-empresarial >

Enrique Patriau, “Intereses personales impulsaron la vacancia de Martín Vizcarra”, ‘La República’, Lima, miércoles 11 de noviembre de 2020.

< https://larepublica.pe/politica/2020/11/11/intereses-personales-impulsaron-la-vacancia-de-martin-vizcarra/ >

Nicanor Domínguez Faura, “¿Cuándo les ha importado el bien del Perú?”, Noticias SER, jueves 21 de diciembre de 2017.

< http://www.noticiasser.pe/opinion/cuando-les-ha-importado-el-bien-del-peru >