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Una publicación de la asociación SER

Conflictos sociales y pasivos ambientales

De acuerdo a los reportes mensuales de conflictos sociales dela Defensoría del Pueblo, en los últimos meses, regiones como Ancash, Puno y Cajamarca son las que presentan un número considerable de conflictos socioambientales, en especial por actividad minera. En algunos casos, estos desacuerdos se deben a demandas por oposición a la actividad; en otros, a problemas en la manera de establecer la relación con las poblaciones, y en otros, al incumplimiento de compromisos asumidos. En todos estos casos está presente siempre el temor a la contaminación o a los efectos de ésta cuando ya se produjo. Coincidentemente, estas regiones son las que más pasivos ambientales presentan.

A decir de la Defensoría del Pueblo en su Informe 171, “¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos”, existen en el país 8616 pasivos ambientales. De las regiones mencionadas anteriormente, Ancash tiene registrados 1251, Cajamarca 1075 y Puno 1060; todo ello con el agravante que se ha avanzado muy poco con la remediación.

Cuando nos preguntamos el porqué de las demandas de la población en conflictos socioambientales (que no siempre es oposición a la actividad), podemos encontrar algunas referencias en el antecedente de una actividad extractiva que ha dejado huellas inmensas en el recuerdo de ciudadanos que han crecido impactados por los rezagos de una actividad extractiva irresponsable. Corresponde, entonces, al Estado no esperar a terminar de identificar a los responsables para luego remediar, pues ello llevaría un tiempo considerable. Más bien es su deber actuar de manera diligente con la remediación y cautelar aquello a que toda persona tiene derecho y que señala la Constitución Política en su artículo 2, inciso 22: “…gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.”

Esa será una de las formas, no la única, obviamente, de lograr que el ciudadano confíe en la autoridad competente, respecto ala protección de su entorno: Primero remediando lo que se hizo mal y segundo, permaneciendo vigilante a que no vuelva a repetirse un hecho similar. Además, interviniendo, de producirse nuevamente, y fiscalizando, sancionando y recuperando lo dañado. Para ello es necesario que exista una autoridad ambiental fortalecida, que se encargue de revertir esta imagen de inacción, que lo único que hace es contribuir a que los ciudadanos teman por la afectacióna su vida, su salud y su entorno ambiental, y se opongan o teman ala presencia de la actividad extractiva en sus localidades, lo que genera conflictos sociales.

Así se demuestra que no es el discurso radical, violentista, el que desencadena los conflictos socioambientales en el país, sino que existen causas profundas, que afectan al ciudadano en su quehacer cotidiano, en el día a día, y que revierten en expresiones de protesta. Estas buscan la reacción del Estado, que también debe organizarse, a fin de proteger los derechos de los ciudadanos.