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Una publicación de la asociación SER

Construyendo gobernanza cultural

El concepto de puesta en valor del patrimonio cultural continúa sujeto a diversas lecturas e interpretaciones, principalmente por los decisores de políticas a todo nivel. Lo más común es vincular el patrimonio con el turismo, como expresión de su inserción al mercado, de allí se deriva la exclusiva preocupación por el incremento del número de visitantes a los atractivos turísticos como meta de los gobernantes y las empresas operadoras.

Poco se han analizado los cambios que se producen en la valoración patrimonial al cosificar su uso, ni los impactos en los modos de vida de las poblaciones y sus territorios. Diversos planes maestros y de gestión del patrimonio cultural (como el de Machu Picchu), parecen letra muerta y lo que manda es el afán rentista de “sacarle el jugo” al sitio con la mayor cantidad de turistas, sin enfoque de sostenibilidad y sin una visión integral del territorio en el que se ubica dicho patrimonio.

Lo señalado nos conduce a abordar el tema de la gobernanza tanto desde la cultura como desde el territorio. Es decir, de qué manera pretendemos gobernar o gestionar nuestro patrimonio cultural y nuestro territorio, y en ese caso nos enfocamos en una forma de gobierno cooperativo y consensuado, diferente del jerárquico o vertical que es el que guía a las autoridades públicas estatales asumen el ejercicio de poder sobre la sociedad.  

Para medir cuanto vamos avanzando en la construcción de gobernanza cultural se debería tomar en cuenta diversos indicadores: el marco político, institucional y normativo para la protección y promoción de la cultura, los derechos culturales y la diversidad cultural; la distribución de recursos e infraestructura para la gestión cultural en las unidades territoriales locales; y la participación de la sociedad civil y de los diversos agentes de desarrollo en la formulación y ejecución de políticas, medidas y programas culturales que les conciernen, al igual que en los beneficios diversos que generan. A la par, se debería medir cuanto es lo que estamos haciendo y logrando para que la cultura constituya un componente intrínseco al desarrollo desde un enfoque humano, sostenible, equitativo e inclusivo. Estas mediciones no se han realizado, aunque los resultados se prevén como muy incipientes y preocupantes.

Referirnos a la gobernanza territorial implica hacer mención al conjunto de modalidades de vinculación entre los actores productivos e institucionales de un territorio y a los arreglos institucionales que se constituyen (Fomin 2012). Este concepto no es lo mismo que las manifestaciones público-privada, y se refiere más bien a situaciones mucho más complejas, integrales y articuladoras, constituyendo procesos para concertar intereses locales, fortalecer capacidades, crear confianza entre actores, construir redes diversas, generar y compartir conocimiento, y revitalizar identidades culturales.  Lo más importante, es que la construcción de gobernanza se sustenta en la búsqueda de una visión compartida de territorio en la que los diversos sectores, públicos, privados y la sociedad apuestan por propuestas de desarrollo en un mismo rumbo, dentro del cual juega un rol sustancial el patrimonio cultural como un capital territorial -no solo por los eventuales beneficios que puede generar mediante el turismo- en sus múltiples expresiones de valor.

Otro aspecto sustancial desde la gobernanza territorial es la búsqueda de acciones colectivas lo cual implica un permanente intercambio de expresiones culturales, de negociación y compromiso entre actores, y oportunidades de empoderamiento de poblaciones otrora excluidas de la toma de decisiones y en los beneficios de la gestión del desarrollo.  Finalmente, la construcción de gobernanza debiera conllevar el mejor aprovechamiento de las capacidades y potencialidades locales, entre ellos el patrimonio cultural en sus diversas expresiones y funciones.

El desafío radica en generar condiciones para que estos enfoques tengan sentido para quienes gobiernan, y también para los actores de la sociedad movilizándose e incidiendo para promoverlos. Es evidente que estamos lejos de lograrlo, pero a su vez el país posee un sinnúmero de pequeñas iniciativas que nos muestran que, si es posible avanzar, para lo cual se requieren algunos pasos iniciales: la construcción de redes de intercambio de experiencias y de generación de conocimientos; el fortalecimiento de los actores locales incluyendo la gestión del patrimonio cultural superando el limitado concepto de la puesta en valor como término oficial; la generación de alianzas entre organizaciones sociales, líderes y empresarios locales para un compromiso renovado de planificación territorial con inclusión social, y con una valoración integral del patrimonio cultural más allá de los alcances meramente rentistas y de corto plazo.