Skip to main content
Una publicación de la asociación SER
Fabiola Yeckting

Corrupción y desarrollo en Cotabambas

Estas últimas semanas conocimos los audios de conversaciones telefónicas de jueces, fiscales, congresistas, con hábitos y actitudes propios de la camarilla, el “amiguismo”, la prebenda y la negociación constante de la justicia y el derecho. Destaparon el beneficio de unos pocos, amparados en sus vínculos creados como una telaraña, entre los que nos gobiernan y deciden las leyes, favoreciendo a delincuentes, violadores y funcionarios que poco tienen de servidores públicos.

Los audios han destapado el denominado escándalo Lavajuez de la corrupción. La contaminación social que produce alcanza a todos los niveles y nos muestra la radiografía del delito de tráfico de influencias -de cuello y corbata- del sistema judicial. Ello extingue lo poco de fe que nos quedaba en nuestra institucionalidad.

Ni nuevo, ni desconocido. El cáncer de las prebendas, de los negocios propios y las relaciones de poder, ha sido el modus vivendi de políticos y gobernantes en nuestro país. Esta historia de sucesivos gobiernos, desde la Colonia hasta la República -pasando por algunos regímenes militares- se desnuda con los pagos y prebendas a presidentes y funcionarios en beneficio de intereses políticos y empresariales.

La vida de los servidores públicos que nos gobiernan, con escándalos y continuos delitos de corrupción y negocios -como una línea de continuidad-, con el constante encubrimiento por parte del sistema de justicia, ha sido puesta en evidencia por el desaparecido historiador Alfonso Quiroz[1], que afirma que “Por razones históricas, resulta difícil encontrar en el Perú empleados públicos, profesionales, eficientes y honrados. Desde la época colonial, los funcionarios no remunerados o mal pagados se benefician de la corrupción para complementar así sus ingresos, a menudo con complicidad implícita o explícita de la más alta dirigencia política […]”[2]. Ello trastoca la ilusión en la creencia de la representación política en el gobierno de los menos favorecidos y desprotegidos.

Sin embargo, en el siglo XXI la corrupción es global y alcanza a los diferentes países de América del Sur.  Está relacionada con la existencia de la economía neoliberal de carácter extractivista que busca prescindir de la organización política, y que se caracteriza por la militarización del Estado y la judicialización de la sociedad[3]. Ello se evidencia en escándalos de corrupción que se han suscitado a partir de la negociación de las prebendas y sobornos de grandes proyectos extractivos petroleros, mineros, energéticos o de infraestructura, como los ejecutados por Petrobras u Odebrecht en Brasil.

Eduardo Gudynas recopila 139 casos sobre corrupción y extractivismo en estos países y lanza las alertas de que la corrupción además está llegando a las comunidades, con la falta de transparencia en la rendición de cuentas en proyectos y beneficios comunales. Por ello, se instaura la política permisiva del “roba pero hace obra”. Menciona que tradiciones y creencias propias de las comunidades, como la coparticipación o la reciprocidad, pueden ser utilizadas para forzar una acción a cambio de pago. Así entre otras acciones se da […] el otorgamiento de dinero, bienes u otros favores a líderes locales a cambio de exigirles encausen a sus comunidades en aceptar un plan extractivista o apoyar un candidato político[4].

Los audios nos traen reminiscencias de la escucha del pedido de lentejas de un dirigente político .luego separado de su partido- a los funcionarios de la empresa Southern para manipular la protesta o el consenso frente al proyecto Tía María. Los actos de corrupción facilitados por “las puertas giratorias” de funcionarios que van de la empresa al Estado y viceversa, son parte de la captura del Estado[5], y sirven para modificar los marcos institucionales en favor de la república empresarial en la que vivimos. Los actos de corrupción perjudican la toma de decisiones sobre los recursos en los gobiernos regionales y municipios, de los alcaldes, regidores y funcionarios que perciben ingresos, rentas o canon, de los proyectos extractivos. 

En el caso de la provincia de Cotabambas y del distrito de Challhuahuacho donde se encuentra el proyecto minero las Bambas, uno de los más importantes con un creciente volumen de extracción, el síntoma de la corrupción son los alcaldes presos, Odilón Huanaco y Antolin Chipana, acusados de enriquecimiento ilícito, encontrados con cantidades de dinero en efectivo que no pudieron justificar, así como también por la falta de inversión en temas prioritarios. La población a través de las Mesas de Desarrollo y planes de desarrollo demandaron solución en temas como la educación, salud, empleo, producción agropecuaria, cuidado de los recursos naturales, el medioambiente y derechos humanos. Y siguen esperando.

Ello nos sitúa frente al escenario de las elecciones municipales 2018 en el que Challhuahucho cuenta con 12 candidatos, según el JNE. La pregunta es cómo medir su honestidad y compromiso con la población frente los hechos de corrupción en los últimos años. La agenda de la propuesta de desarrollo integral que reclama la población urbana y de las comunidades, implica la planificación territorial de la asignación de recursos, evitar la prebenda y los sobornos a través de la vigilancia. Así como también impulsar la prevención y mitigación de los impactos ambientales de la minería como retos. Lo que se debería traducir en los planes de gobierno y capacidades en las hojas de vida de los candidatos.

El escenario muestra un universo amplio de actores y agrupaciones. Revisando las hojas de vida de los candidatos a través del portal del JNE, se encuentra las 12 listas inscritas[6] de las cuales sólo una corresponde a un movimiento regional. Algunos provienen de distritos como Challhuahuacho, Mara o Coyllurqui, otros viven en Arequipa o Lima. Sus planes van de las 2 a las 36 páginas. Evidencian la planificación o improvisación, los énfasis de los discursos y prácticas de sus propuestas de trabajo.

Si la sociedad civil organizada en frentes, federaciones y organizaciones claman por vigilancia y transparencia para las instituciones, sólo la identificación de posibles autoridades garantizará una real posibilidad de transparencia en la rendición de cuentas, fortalecimiento e impulso de procesos de desarrollo y productivos de la población.

En síntesis, los candidatos reflejan el futuro de Cotabambas.  Ellos son profesionales vinculados a temas de minería, profesores, productores y comerciantes. Sólo dos con experiencia de cargos municipales. La norma permite que personas que no viven en el distrito postulen a la alcaldía. La visión de desarrollo o de gobierno en la mayoría de ellos se enfoca en el desarrollo urbano como efecto del crecimiento económico, en el impulso de los proyectos productivos agropecuarios y la explotación minera, en los aspectos ambientales, en promover el desarrollo y el bienestar del ser humano, en solucionar los problemas de la población campesina de pobreza y extrema pobreza, en una gestión municipal transparente, eficiente y promotora de los derechos humanos, en  un municipio líder, modelo de desarrollo social y económico y de convivencia comunal.          

Es urgente que la gestión municipal tome un camino diferente de representación ciudadana promoviendo la participación. En un contexto donde todos esperan que la minería resuelva los problemas locales, ¿cómo lograr una gestión transparente sin caer en la prebenda o el soborno? ¿Cómo lograr el protagonismo de los actores y actrices locales que refleje sus demandas, experiencias y saberes? ¿Cómo medir los límites y posibilidades de los recursos mineros y potenciar los recursos productivos agropecuarios? Lograr que las autoridades garanticen restablecer las capacidades políticas para la construcción de una visión de desarrollo integral y sostenible en lugar de aprovechar en beneficio propio el poder y los recursos en el cargo, es una posible vía de solución a los problemas planteados.  

 

[1] Quiroz, Alfonso W Historia de la corrupción en el Perú. 2 edic. Lima; IEP; 2014.

[2] Quiroz Op cit. p. 421

[3] Definiciones utilizadas por Deborah Poole y Gerardo Rénique a propósito de su libro Perú: Tiempos del Miedo. Violencia, Resistencia y Neoliberalismo. Lima: Edic. Punto Cardinal. 2018. 

[4] Gudynas, Eduardo Extractivismos y Corrupción. Anatomía de una íntima relación. Lima: CooperAccion; RedGE, CLAES. Octubre de 2017. 

[5] Francisco Durand Cuando el poder extractivo captura el estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú. Lima: OXFAM. Junio 2016.

[6] Excepto la única candidata a alcaldesa provincial de la lista, Ana María Lima, de UPP, que no logró la inscripción.