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Una publicación de la asociación SER

Covid-19 y migración venezolana en el Perú

Foto: Gestión

Ruth Luque. Abogada

Nuestro país tiene la tasa de informalidad mas alta de América Latina, es decir muchas personas dependen económicamente del sector informal. El INEI definió el empleo informal como aquellos empleos de baja productividad y bajos salarios que no poseen los beneficios estipulados por la ley como la licencia por enfermedad, seguridad social, vacaciones pagadas, etc. (INEI 2014). Esta situación que viven muchos de nuestros compatriotas, también la viven la mayor parte de los venezolanos y venezolanas que estan en nuestro país, que como bien dicen “si hoy no se trabaja no se tiene para comer mañana” o “vivimos para sobrevivir”.

En un reciente informe elaborado por Amnistia Internacional, se destaca que la crisis de derechos humanos presente en Venezuela ha generado que más de 4,8 millones de personas  huyan de este país hasta diciembre de 2019. En el caso de Perú, acogemos a más de 800.000 venezolanos y venezolanas en total.

La encuesta realizada por INEI, denominada ENPOVE 2018 (dirigida a la población venezolana que reside en nuestro país), señalo que el 91.5% no tiene ningún seguro de salud, el 70% de esta población esta dedicada a actividades económicas informales,  71% no recibe ninguna ayuda médica y 95.7% viven en casa alquilada. La situación de alarma mundial, a raíz del Covid1-19 y la reciente declaratoria de emergencia nacional en el Perú, que incluye, ahora, la inmovilización ciudadana en horario establecido, coloca en la agenda la situación de estas innumerables familias venezolanas ¿Cuántos estan accediendo al sistema de salud público? ¿Cuántos accederán al bono de 380 soles? ¿Existe alguna medida pública orientada a esta población? La respuesta es que no existe nada para esta población. Si algunos sectores de la población, creen  que el Estado peruano le brinda mayor o mejor atención a la población venezolana  que vive en nuestro país, esto no es así. Esta misma encuesta señalo, el 2018 que el 97.8% no recibió ninguna ayuda institucional. La realidad, es que esta inmensa mayoría de migrantes, corresponde a los inexistentes, a los otros sin rostro.

En este contexto de grave afectación de la salud pública,  las decisiones políticas deben apuntar a resguardar el derecho de todos y todas, sin importar la nacionalidad. No se trata de salvar o priorizar sólo a los peruanos, interesa comprender que ante esta pandemia, se requiere afirmar con la población migrante principios de solidaridad y cooperación internacional,  garantizando se establezcan estrategias y planes de acción gubernamental para cubrir la situación de desprotección que en este momento enfrentan esas miles de familias venezolanas residentes ahora en nuestro territorio.

Es obligación de este gobierno proteger a todas las personas por el simple hecho de serlo, asegurando que en esta emergencia se garantice el acceso  a la salud pública,  vivienda y alimentación en condiciones de igualdad y no discriminación. Que esta situación que hoy vivimos, permita a este gobierno y siguientes, desarrollar políticas públicas para este sector amplio, que hoy exigen ser visibilizados y tener rostro.