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Una publicación de la asociación SER
Historiador

¿Cuándo les ha importado el bien del Perú?

En el contexto de las campañas electorales de los años 2011 y 2016, mis colegas historiadores circularon sendas cartas a la opinión pública nacional, advirtiendo de la amenaza de un preocupante regreso al poder del corrupto y autoritario fujimorismo de la década de 1990, encabezado por la “primera dama” de aquellos vergonzosos años, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata de un nuevo vehículo electoral bautizado con el nombre de “Fuerza Popular”.  Se sumaban así a otros colectivos profesionales, que de modo similar expresaban su preocupación como ciudadanos peruanos por un retorno a lo peor de nuestra historia reciente.

La pobreza de nuestra oferta electoral en esos años, en la que numerosos candidatos y candidatas de las mismas tendencias trataban de diferenciarse entre sí mediante penosas muestras de malabarismo publicitario, hizo que se generalizara la frase de “tener que escoger el mal menor” entre candidaturas que no satisfacían plenamente a la ciudadanía.  Sin embargo, la opción de una derecha autoritaria e inherentemente corrupta como el fujimorismo redivivo de “Fuerza Popular” no debiera haberse considerado como un “mal” equiparable a los otros “males” de la oferta electoral peruana en las últimas dos elecciones generales.  Los vínculos más que evidentes con el narcotráfico que han tratado de esconder sus principales dirigentes debiera considerarse una forma de corrupción tajantemente inaceptable.

En una serie de seis artículos aparecidos en Noticias SER en los meses de agosto y setiembre últimos, intenté refrescar la memoria (de los mayores) e informar (a los jóvenes) lectoras y lectores de este portal informativo sobre la podredumbre de la que surgió el fujimorismo en 1990.  Las vinculaciones entre el candidato Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos datan de los mismos momentos de la irrupción electoral del “ingeniero de tractor naranja”, entre la primera (8 de abril) y segunda (10 junio) vueltas de esas elecciones.  Montesinos, expulsado del Ejército en 1978 tras purgar un par de años de carcelería, se había dedicado por más de una década a defender narcotraficantes, corrompiendo policías, fiscales y jueces para lograr la libertad de sus clientes.  El mito de que Fujimori gobernó bien al principio, y que solo después llegó Montesinos a malograr las cosas, es una mentira de aquellos a quienes no les conviene que los peruanos recuerden o conozcan de la corrupción sistémica de aquellos años.  De todos esos años, y no solo de finales del gobierno de Alberto Fujimori, cuando el escándalo de los “vladivideos” hizo inocultable la profundidad de la corrupción del fujimorismo.

Hoy resulta que Keiko Fujimori y la bancada de “Fuerza Popular” en el Congreso de la República intentan vacar, a como dé lugar, al Presidente Pedro Pablo Kuczynski, acusándolo de corrupción por su vinculación a la empresa brasileña Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), cuando fuera Ministro de Economía y Primer Ministro.  La prueba es un breve documento contable, registrando pagos a empresas de propiedad de Kuczynski, proporcionado directamente por la empresa Odebrecht a la llamada “Comisión Lava Jato” del Congreso, presidida por la cuestionada congresista fujimorista Rosa Bartra.

Los fujimoristas -y sus aliados estratégicos en el APRA de Alan García, así como otros ocasionales aliados tácticos en esta coyuntura- han exigido la vacancia del Presidente por “incapacidad moral”, pretendiendo rasgarse las vestiduras debido la indignación que les habría causado comprobar que las sospechas de “lobismo” que han rodeado a Kuczynski desde por lo menos la época del segundo gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985), ¡habrían sido ciertas!

El pedido pone en evidencia las flagrantes imperfecciones de la Constitución fujimorista de 1993.  La “moral” corresponde al comportamiento personal y privado de las personas.  Es la “ética” la que se aplica a las normas que deben regir a las relaciones entre las personas en sociedad.  El “defecto moral” de mentir no parece ser exclusivo del actual presidente.  Todos recordamos ejemplos de mentiras en contextos de campañas electorales que no significaron el pedido de vacancia de quienes ganaron la presidencia con esas falsas promesas (el “millón de empleos” de Fernando Belaúnde en 1980, el “no shock” de Alberto Fujimori en 1990, la “hoja de ruta” de Ollanta Humala en 2011, etc., etc., etc.).  Otras “fallas morales” de la vida privada de nuestros mandatarios, que nos muestras sus miserias personales (el “caso Zaraí” que tanto desprestigió a Alejandro Toledo en 2001-2002, o el reconocimiento público del hijo habido fuera de matrimonio de Alan García en 2006), no han sido suficientes para argumentar una vacancia que haya prosperado en el Congreso.

Porque la figura de la “vacancia presidencial”, que no debiera ser tipificada como “incapacidad moral” (por las costumbres personales privadas de los individuos), sino como “incapacidad ética” (por las faltas a las normas públicas de comportamiento en sociedad), es, en la práctica, un juicio político que el Congreso se irroga sobre el Presidente del país.  No importa en este caso la justicia, o la injusticia, de la acusación que se reviste de “campaña moralizadora”.  Lo que importa es la correlación política del momento y el número de 87 votos que la Constitución exige para vacar al Presidente de su cargo.

Y precisamente porque es una decisión política --dependiente de la correlación de fuerzas y de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo--, la solidez de la acusación, y la contundencia de las pruebas que demuestren que la acusación es verdadera, son secundarias, casi irrelevantes.  De allí el “golpe mediático” del jueves pasado, exigiendo una renuncia inmediata o el sometimiento a la vacancia.

La votación en el Congreso para vacar al Presidente es, en la práctica, un peligroso juego político.  Los que participan en él debieran ser plenamente conscientes de a quién benefician con sus pretendidos discursos de “moralización”.  El único beneficiado hoy es el fujimorismo, que espera bloquear las investigaciones en curso sobre sus malos manejos electorales y sobre las vinculaciones de sus máximos dirigentes con el narcotráfico.  Por eso, junto con querer vacar al Presidente, se ataca al Fiscal de la Nación y a los miembros del Tribunal Constitucional que no son afines a sus intereses.

La decisión política en este momento, como en las elecciones de 2011 y 2016, debe ser la de frenar al fujimorismo.  El Presidente Kuczynski no debe ser vacado, abriendo así la posibilidad de que abandone el país y se reproduzca la situación que hoy existe con su antecesor Alejandro Toledo, cuyo proceso de extradición desde los Estados Unidos no parece avanzar.

Como en el caso de Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski debe ser juzgado de manera ejemplar, dándole la oportunidad de defenderse y, de no poder demostrar la inocencia que hoy reclama, debiera seguir la suerte del padre de Keiko.  Y la misma oportunidad de defenderse en un juicio público de las fundadas acusaciones de enriquecimiento ilícito, vínculos con el narcotráfico y malos manejos en las campañas electorales, debiera dárseles a quienes hoy se nos quieren presentar como inocentes defensores de la moral y las buenas costumbres.

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