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Una publicación de la asociación SER

Cuando pase el terremoto político

Sensación de justicia. Hubo una parte de la decisión del juez Concepción Carhuancho en la que dijo que los estándares impuestos por el Tribunal Constitucional para la detención preventiva (caso Heredia – Humala) eran tan altos que ahora un pedido de prisión preventiva termina siendo un minijuicio. Quizás por esto se siente en las calles que la prisión de 3 años dada a Keiko Fujimori termina siendo un primer pasito hacia la justicia.

Estos últimos días el Perú vivió en suspenso. Desde la calle, las casas y desde casi todas las oficinas se pudo seguir cada planteamiento del fiscal Domingo Pérez y el punto final: la transmisión de la lectura del juez Concepción Carhuancho. La acuciosidad y claridad fue impresionante. Las conversaciones de chats descubiertas, repugnantes. Los testigos protegidos, los colaboradores eficaces. Incluso para quienes no sabían nada de leyes, estos días de exposición de alegatos del fiscal, de escuchar la defensa legal y chavetera de Keiko Fujimori, así como la lectura detallada de los argumentos del juez Concepción han sido una clase intensiva y magistral de derecho para todo el país.

Y es que así deberían hacerse las cosas, con total transparencia, exponiendo en detalle todos y cada uno de los argumentos para limitar o cercenar un derecho tan importante como es la libertad. Dicho esto, el mismo camino debería seguir el Poder Ejecutivo, que continúa imponiendo estados de emergencia preventivos en el sur andino sin que hasta ahora sepamos en qué se fundamenta esta restricción a la libertad de miles de personas en el sur del país. Presidente Vizcarra, ojo a ese tema.

Pero sigamos con la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Detención por tres años. Mientras Concepción Carhuancho leía su decisión, hubo una reunión de la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margareth Macualay, con representantes de mujeres afectadas por diversas violaciones de derechos humanos. Y así, con el audífono en una oreja, mientras el juez iba describiendo cada una de las razones  por las cuales Keiko Fujimori debía seguir su proceso en la cárcel, iba escuchando a la par como las mujeres de Manta y Vilca, violentadas sexualmente por años durante el conflicto armado, aún no obtienen justicia; cómo la violencia contra las mujeres trans es estructural; cómo afectan de manera especial a las mujeres los derrames de petróleo que se siguen dando en la Amazonía; cómo una pareja de mujeres que ha tenido una hija no pueden registrarla como tal, por el solo hecho de ser mujeres; cómo se siguen violentando los derechos de las mujeres con discapacidad; cómo las violencias contra las mujeres continúan en las universidades y aún así se quiere eliminar del currículo el enfoque de género (propuesta avalada por el fujimorismo). Demasiado simbólico: mientras tantas mujeres denunciaban la violencia que sufren, a la par en un juzgado peruano se leía una decisión que nos decía que la corrupción imbricada hasta el tuétano con esta violencia y la impunidad podía ser frenada. Tal vez por eso esta decisión nos dio un poquito de esperanza.

¿Falta mucho? Sí. Hay aún muchos jueces y fiscales vinculados con la mafia. No solo es Chávarrry quien debe irse por sus fuertes nexos con “Los cuellos blancos del puerto” (¿por qué la policía les pone estos nombres a las bandas?), sino también personajes tan cuestionados como los fiscales supremos Rodríguez Monteza y Gálvez Villegas, también con vínculos con esta red y quienes son los que aún sostienen Chávarry a la cabeza del Ministerio Público. Las notas cambiadas en el CNM, los audios del asco, la complicidad con Hinostroza Pariachi, los despidos como el de la fiscal adjunta Erika Delgado, los cambios como el de la fiscal Jacqueline Pérez, cada una de estas razones nos dicen que, si estos personajes no se van nada va a cambiar.

Falta también seguir en la batalla contra el fujimorismo. Es cierto que está muy debilitado, pero aún continúa atacando. Poner a Tubino de vocero demuestra lo lejos que están del diálogo. Y los medios les continúan dando tribuna. Aplausos protocolares. Karla Schaefer denostando la investigación contra su líder. Alejandro Aramayo señalando que no serán sumisas frente al gobierno. Milagros Salazar amenazando al fiscal por el caso Chinchero. Walter Jibaja señalando que la prisión preventiva es una medida arbitraria. Y a pesar de tantas renuncias, la lista de ataques continua.

En el otro lado de la moneda, en el lado de las víctimas directas del fujimorismo, ayer en “El ojo que llora”, Norma Méndez, mamá de Melissa Alfaro (periodista asesinada por un sobre bomba enviado bajo el mando de Alberto Fujimori), me decía, y se preguntaba, hasta cuándo iban a tener que luchar contra toda esa mafia, que el fujimorismo no tiene cuándo acabar, que cada vez que parece estar derrotado, revive; y que son ellas y ellos, familiares y sobrevivientes de ese cruel plan de sujetar el país bajo el miedo, quienes salen siempre a enfrentarlo. Y al igual que Norma, o quizás por escuchar sus sabias palabras, yo también siento que aún la mafia no está derrotada, que la batalla continúa, y así estemos cansadas, nos toca seguir.

Porque este terremoto político ocasionado por los escándalos de #LavaJuez y #Lavajato no ha terminado. Pero por primera vez en muchos años también vemos que no estamos solas en esta lucha, que el Ejecutivo también se enfrenta a la mafia, y que hay pequeñas islas en el Poder Judicial y la Fiscalía que no se han dejado avasallar y continúan resistiendo a las presiones. Quizás ahora, cuando pase el temblor, se pueda haber derrotado por fin al fujimorismo, a esta manera tan perversa de hacer política en el país a través de la corrupción, de los negocios ilegales y de violaciones a los de derechos humanos. Será un triunfo democrático acabar con este modelo político. Aunque aún no conocemos cómo será la salida.

Buen fin de semana largo.

Foto: RPP