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Una publicación de la asociación SER

Cuando remediar no es suficiente

No hay una definición exacta para el término “remediación”. Este generalmente parte de la presencia de pasivos ambientales.  Pero es entendida como la acción que busca devolver al estado anterior la tierra que ha sufrido explotación para la extracción de un determinado mineral. Esto casi siempre es imposible, por eso se habla en términos generales de mitigar los impactos negativos que causan los pasivos ambientales, asegurando la estabilidad física, hidrológica y química.

Una de los lugares más afectadas del Perú por la existencia de pasivos ambientales mineros es la provincia de Hualgayoc donde aparentemente se está avanzando en la tarea de la remediación Así se observa la estabilidad física tras el recubrimiento con geomembrana y la posterior siembra de grass. No obstante está en discusión determinar la estabilidad hidrológica y química que se requiere. El trabajo que en un inicio era bueno, resultó en el camino más deficiente de lo que se esperaba. Son varias las empresas que realizan la remediación de los pasivos ambientales en la provincia, pero lo hacen  en forma disgregada. Esto ha resultado ser una limitación para la población y las mismas empresas.

Así, tenemos que en la parte baja las zonas remediadas han resultado dañadas por el caudal de aguas ácidas que discurren desde “la planta de tratamiento de aguas ácidas de la quebrada el Sinchao”. Esta planta de tratamiento, inaugurada en junio del 2008, ha resultado ser la piedra en el zapato para el resto de empresas. Su capacidad para procesar aguas ácidas, en promedio, es de 6 litros por segundo en condiciones normales. Sin embargo, el volumen de aguas ácidas por procesar en época de lluvias excede los 15 litros por segundo, no pudiendo controlarse la emisión de estas que discurren a la microcuenca Tingo–Maygasbamba y a zonas remediadas. En la actualidad esta no funciona, y lejos de tratar las aguas ácidas se ha convertido en el generador de más contaminación.

Es menester señalar que la Corporación Minera El Sinchao S.A.C., ahora Kori Anta, es la encargada del uso y funcionamiento de esta; y mediante resolución N° 241-2013-OEFA/TFA de fecha 29 de noviembre de 2013, se le multa con la suma de 50 unidades impositivas tributarias (UIT) por la generación de daños al medio ambiente ocasionados por la planta de tratamiento.

En este punto cabe preguntarse: ¿No resulta necesario que las empresas encargadas de la remediación se reúnan previamente para programar las remediaciones y no generar afectaciones futuras? Si ese fuese el caso, ¿a quién le corresponde la tarea de convocarlas? Por otro lado, ¿es suficiente una sanción pecuniaria para restablecer los daños efectuados al medio ambiente?

En ese sentido, suscribo lo señalado por Peña Chacón sobre la configuración del daño ambiental, en la que rompe con uno de los elementos característicos del derecho de daños, por el cual no debe ser cierto, efectivo, determinable, evaluable, individualizable sino es necesario únicamente su probabilidad futura para determinar su existencia y tomar las medidas necesarias con el fin de impedir sus efectos nocivos.  Son las medidas necesarias las que tenemos ahora que discutir.

Así, con proyectos mal ejecutados y sin las reuniones que se pueden efectuar entre las empresas remediadoras, no se va a solucionar el problema de los pasivos ambientales cuando el trabajo es aislado y sin las proyecciones adecuadas. Hay un largo camino por recorrer para poner orden en el trabajo que se está desarrollando con los pasivos. No sólo se trata de maquillar la superficie. Implica también restablecer la estabilidad química e hidrológica, así como el trabajo con la población que ha convivido con estos.  Y en esta tarea el rol del estado es clave.