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Una publicación de la asociación SER
Abogada, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Cuestión de confianza: la batalla tiene que ser completa

En lo político este gobierno está yendo por el camino adecuado. Lento, pero asumiendo el rol necesario: enfrentar a la corrupción y a la mafia representada por el fujiaprismo en el Congreso de la República. Y sí, se ha demorado mucho. Incluso hubo acciones que no se hicieron bien; por ejemplo, poner a Bruce de ministro -a la par que pregonaba la lucha contra la corrupción- fue un despropósito; mantener a ministros como Morán, bajo el cual la policía sigue agrediendo a las mujeres cuando marchan por sus derechos, pero no hace nada para controlar el ataque a las mujeres de los antiderechos en las marchas, continúa siendo un mensaje turbio frente a la igualdad de género que dice defender.

Y si hablamos de la igualdad de género, en otros ministerios —Educación y Mujer, sobre todo— el gobierno lo está haciendo bien. La defensa valiente de estos dos sectores a la igualdad de género implica un avance radical en protección de derechos humanos.

A estas alturas ha quedado claro para todo el Perú que lxs fundamentalistas antiderechos tienen nexos demasiado fuertes —o son incluso los mismos personajes— con el fujiaprismo y también con mafias como “Los cuellos blancos del puerto”. Y es que son eso, un solo monstruo de tres cabezas: la política, la religiosa y la criminal.

Entonces, suponemos que el gobierno ya se dio cuenta de que es imprescindible continuar con esta defensa del derecho a la igualdad de género, no solo como defensa fundamental a un derecho humano que abre la puerta al derecho a la una vida libre de violencia (de género), a la participación política en paridad (de género) y a muchos más; sino también como estrategia política para enfrentar a ese monstruo. Sí se deja esa lucha, entrarán por ese espacio.

Sigamos en lo que va haciendo bien, el ataque frontal a la corrupción, a las mafias y con eso al fujimorismo en el Congreso. Eso sí, las reformas debieron ir más a fondo, pero para empezar, vale la pena. Lo de la impunidad disfrazada de inmunidad es algo que tenemos que desterrar, la democracia interna de los partidos y las primarias es urgente, que las personas condenadas no puedan ser candidatas es un imperativo ético; y quizás lo más inminente, después de tanto descubrimiento cada cual más nauseabundo de corrupción, es buscar que la plata de las coimas de las grandes y pequeñas empresas, así como el dinero sucio de las economías ilegales no  financien a las agrupaciones políticas en elecciones.

¿Falta mucho? Sí. ¿No se trata solo de las reformas políticas? También. E insistimos, va lento, pero es un avance necesario en nuestra escuálida República, porque desde el gobierno transitorio de Paniagua ningún gobierno se había enfrentado directamente al Fujimontesinismo. 

El último pedido de confianza acompañado de los gobernadores regionales ha sido un acto político necesario. La salida es compleja y no será fácil. El fujimorismo no está cohesionado, pero está dispuesto a morir matando, lo demostraron con el blindaje grosero a Chávarry: protegerse entre criminales es su única manera de sobrevivir. Sobre el pedido de confianza ya han salido y seguirán saliendo la retahíla de constitucionalistas y politólogos - todos hombres- cada uno con su interpretación; y claro hay para todos los gustos: lleve casero, lleve casera, escoja la que más le guste (aunque si lee directamente la Constitución se dará cuenta que no es física cuántica y que las cosas están más claras de los que estos abogados dicen). Nada aún está dicho, no sabemos para donde se incline la balanza.

Lo que tiene Vizcarra ahorita a su favor es que la ciudadanía está harta de los actos delincuenciales del Congreso, del blindaje, de los discursos de Bartra, de Arimborgo (y el sexo solo para fecundar) o de Becerril, de la impunidad de los ladrones de gasolina, de los agresores de mujeres, de quienes falsifican certificados de estudios, de quienes tramaron el copamiento del CNM y del blindaje a Chávarry, y de tantos otros personajes despreciables. El gobierno tiene como una de sus salidas para sobrevivir y llegar al 2021 el respaldo ciudadano, ¿sabrá aprovecharlo para sortear el complicado pero constitucional juego en el que se ha metido?

Sin embargo, la batalla no está completa, porque este monstruo de tres cabezas se ha asentado y ha obtenido poder gracias al modelo económico que nos impusieron desde los años 90 y que el segundo gobierno de García se encargó de exacerbar hasta el infinito. Si no se cambian estas estructuras económicas la batalla quedará en nada. Y ahí este gobierno no ha hecho mucho, o —dependiendo con el cristal que se mire— ha hecho bastante por mantenerlo.

Y preocupa que estos momentos tan álgidos el gobierno insista en mantenerlo. Porque los problemas en el Perú no se limitan solo la crisis política entre el ejecutivo y el Congreso. Los conflictos sociales, según el reporte de marzo de la Defensoría del Pueblo, eran 183 al mes de marzo. Y sorprende que en casos como el de Puente Piedra, donde la gente salió a marchar —un día después que el mismo presidente llamó a la población a movilizarse— porque están hartos del robo descarado de peajes que deben ser anulados; la represión de la Policía haya sido brutal, con 34 personas detenidas. ¡No hay coherencia en su discurso Presidente!

En su despacho y sin salir de Lima, el Ministro de Economía sigue actuando como una oficina independiente del ejecutivo y sin entender que las empresas culturales no pueden ni deben equipararse con las extractivas. Y siguen insistiendo desde el MINEM en Tía María, pese a que aún no tiene licencia social. El conflicto en Apurímac por la empresa Las Bambas aún no ve la luz al final del túnel, necesita soluciones estructurales y estas aún no se ven —solo un ejemplo, no basta decir que se ha invitado al Ministerio Público y este no quiere ir, si el Ejecutivo quiere liderar un país, tiene que hacer lo necesario para que esta institución vaya—. En la Amazonía el petróleo sigue drenando en los ríos y hasta ahora las empresas, con Petroperú a la cabeza, siguen en la más completa impunidad echando la culpa a los pueblos indígenas. Y como cereza del pastel, la Policía Nacional sigue alquilándose a estas empresas.

Es indispensable que este escenario cambie, si van a insistir desde el gobierno en ser los centinelas de la CONFIEP, la pelea en el terreno político quedará en nada, y les revertirá en contra con mayor fuerza. En estos momentos tomar esta decisión depende del gobierno. ¿El Presidente tendrá la valentía de hacerlo?