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Una publicación de la asociación SER
Magister en Antropología y en Gobierno y Políticas Públicas. Doctorando en Estudios Andinos. Docente en Políticas Públicas en la PUPC. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

Cultura: más allá de denuncias y renuncias

El último 19 de noviembre el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales fue destituido por un flagrante hecho de corrupción que involucraba a la empresa de la que había sido socio hasta mayo del 2018. La empresa había obtenido la buena pro de una licitación para llevar a cabo evaluaciones arqueológicas y expedientes técnicos de monumentos, con el objetivo que éstos  no se vean –supuestamente- afectados por la realización del cuestionable Rally  Dakar para el año 2019, teniendo al Perú como único escenario[1]. Unos días después, la Ministra Patricia Balbuena renunció a su cargo, luego de que la bancada aprista pidiera su interpelación, con el apoyo del fujimorismo.  

Así el Rally Dakar no solo deviene en un tema crítico por las implicancias de haber aceptado su realización en nuestro país con la complacencia del Ministerio de Cultura, a pesar de los riesgos que puede generar al patrimonio cultural y natural (advertido en otros países de la región en los que ya no se ha aceptado la presencia de este negocio), sino por las consecuencias políticas que ha tenido para un gobierno que intenta dar una lucha frontal contra la corrupción.

El momento político que afecta al Ministerio de Cultura merece algunas reflexiones, tanto sobre la coyuntura actual como de aspectos más estructurales, que compartimos con los lectores de Noticias SER.

La primera es la ausencia de capacidad para dar una respuesta rápida y oportuna por parte de la Ministra. Cometido el hecho que merecerá investigación y una probable sanción, la ministra debió asumir la responsabilidad política de lo acontecido y renunciar a su cargo, aun cuando se aclare y deslinde las circunstancias del acto ilícito. Esperar que se apruebe la interpelación y dar chance a congresistas totalmente desprestigiados de usar el caso para limpiar su imagen es un claro error político y hace aparecer -ante algunos sectores- la  renuncia como el resultado de la presión ejercida por dichos grupos parlamentarios.

La segunda reflexión está referida al comportamiento del viceministro,  responsable de la crisis coyuntural generada en el sector. Sus argumentos de defensa, y su intento de descargar la responsabilidad en sus amistades y ex-socios deja muchas dudas, por lo inverosímil de sus explicaciones. En política, al igual que en el caso de la Ministra, lo pertinente es proceder a la renuncia y buscar los canales más apropiados para hacer los descargos que correspondan. Sin embargo, según el informe presentado por la Contraloría se han encontrado tres riesgos en el proceso de contratación que ha realizado el Ministerio de Cultura, para poner en marcha esta terca decisión del Rally Dakar, que no solo tienen que ver con los mecanismos de transparencia, sino que, además, por la errónea aprobación de dos expedientes, se estaría generando un “riesgo de desatención y desprotección del patrimonio arqueológico” (Diario Gestión, 30 de noviembre).

Quizás el ejemplo más cercano de un comportamiento político oportuno y correcto fue el del anterior Ministro del Interior de este gobierno, quien renunció inmediatamente conocida la fuga del cuestionado juez Hinostroza; actitud que fue reconocida, contrastando con la obstinada resistencia que hacen otros personajes como el Fiscal de la Nación o algunos congresistas que no renuncian a su inmunidad para cumplir sentencias judiciales.  La población sabe valorar positivamente los pequeños gestos políticos de reconocimiento de errores cometidos, en un contexto de tanta desvergüenza y aferramiento al poder de la gran mayoría de actores políticos. 

Una tercera reflexión, a la luz de la esperada designación de una nueva autoridad en Cultura es la definición de las prioridades del sector. Comencemos con la percepción de la opinión publica respecto a la valoración de la mejor labor ministerial en el actual gobierno, otorgándole al sector solo un 1%, difiriendo de la apreciación del Ministerio de Justicia que ahora llega al 12% como resultado de la lucha contra la corrupción.

Algunas sugerencias para poner en debate las prioridades del sector[2]:

- Hacer del patrimonio cultural material una oportunidad y un factor importante para fortalecer identidades territoriales, y para generar crecimiento económico con mayor equidad e inclusión. La puesta en valor de dicho patrimonio no debe reducirse a procedimientos administrativos ni denominaciones simbólicas. Debiera convertirse en una persistente exigencia de recursos presupuestales que permitan, por ejemplo, el saneamiento físico-legal de los sitios arqueológicos -en su mayoría no están inscritos en Registros Públicos- que tienen problemas de superposición y de desprotección frente a eventuales invasiones[3].

- Promover la efectiva participación de la sociedad en la protección del patrimonio cultural, lo que implica un reajuste del enfoque de puesta en valor para incorporar la llamada “apropiación social” de esos bienes, en el marco del desarrollo territorial y de un beneficio real para las poblaciones locales. Solo así los monumentos arqueológicos dejarán de ser elementos ajenos a la vida de la gente, serán valorados y protegidos, y servirán para el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos. La denominación misma del viceministerio de Industrias Culturales merecería ser evaluada.

- Propiciar las coordinaciones con los demás sectores involucrados (públicos y privados) para establecer nuevos criterios de valoración del patrimonio cultural, colocando por delante la protección y gestión sostenible no solo para su aprovechamiento como atractivo turístico sino como oportunidad para profundizar la investigación, la formación académica y su vinculación con el desarrollo territorial. Podría ser momento de incorporar la agenda del sector en la descentralización del país, pero aprendiendo de los errores en los anteriores procesos de transferencia de competencias y funciones.

- Revalorar el rol de las profesiones más afines al sector, en particular de la arqueología, para involucrarlas más en las prioridades señaladas y garantizando los recursos presupuestales para ello (mejores remuneraciones, mayor estabilidad en los puestos de trabajo, oportunidades de perfeccionamiento e investigación, entre otros). Conlleva también una revisión de lo que implica la llamada arqueología de contrato y los efectos que tiene sobre la protección del patrimonio cultural, su apropiación social e incluso sobre la práctica de los y las profesionales. La tendencia de los gobiernos es a promover un modelo de crecimiento económico en el que los componentes culturales materiales son considerados una traba[4]. Se puede decir que hay mucho poder económico y político que subyace en los grandes proyectos de inversión y no es descabellado señalar que también puede afectar el comportamiento ético de algunas empresas y profesionales involucrados.

- Finalmente, poner en debate las propuestas de una revaloración de la Cultura para el desarrollo nacional invitando a las diversas entidades públicas competentes, así como a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y empresas privadas, para buscar construir una agenda común para el sector que redunde en políticas públicas en el marco de un proyecto nacional.

 

​​​​​​​[1] Ver artículos sobre esta cuestionable competencia en Noticias SER

[2] Empezaremos por el patrimonio cultural material porque es el que más está mentado.

[3] En Lambayeque en el 2016 había 565 monumentos arqueológicos y solo 17 estaban inscritos en los Registros Públicos (RPP, mayo 2016). Hasta el 2017, en Ica ningún monumento arqueológico prehispánico estaba inscrito en Registros Públicos (Carmen Aramburú, tesis de magister UP, 2017).

[4] Recordemos el DS N°054-2013-PCM, que reduce los plazos de aprobación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) a solo 20 días mediante el recurso inconstitucional del silencio administrativo, y la automática aprobación y el permiso de ejecución de los proyectos presentados si luego de ese plazo no hay respuesta del sector.