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Una publicación de la asociación SER

De la primavera árabe a la guerra en Siria

A finales de 2010, una serie de manifestaciones en el mundo árabe despertó la esperanza de cambios que beneficiarían a la ciudadanía, que mejorarían sus niveles de vida y garantizarían sus libertades. Las protestas comenzaron en Túnez, cuando un vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, se inmoló prendiéndose fuego, lo que despertó una ola de disconformidad que llevó al presidente Ben Ali a renunciar diez días después del hecho. Las protestas se extendieron por Egipto, Libia, Siria y Yemen y, en menor medida, alcanzaron a las monarquías del golfo Pérsico.

Las legítimas demandas sociales fueron aprovechadas por las potencias occidentales para incluir su propia agenda. Presidentes antes aliados, pasaron a ser un obstáculo. La indignación tomó la forma de cruentas guerras, los presidentes fueron derrocados y los cambios nunca llegaron, salvo en Túnez, que en medio de una gran crisis económica y social, parecería poder enfrentarse a un futuro, lejos de la violencia. Quizá el que las protestas no hayan tenido influencia extranjera puede ser parte de ese “éxito”.

Por su parte, en Egipto, después de la caída de Mubarak, se convocó a elecciones, resultando ganador Mohamed Morsi, de la organización islamista Hermanos Musulmanes. El gobierno de Morsi, dado el descontento por sus políticas y el deseo de la sociedad civil de encontrar cambios, no duraría mucho en el poder. El 3 de julio de 2013, Abdelfatah Al-Sisi da un golpe de Estado, siguiendo un período de transición hasta mediados del 2014, donde el propio Al-Sisi es elegido presidente. Su gobierno ha estado marcado por la incapacidad de enfrentar al terrorismo islámico -que aprovechó la inestabilidad política-, una fuerte crisis económica y la represión de la oposición (sólo durante las protestas por parte de los seguidores de Morsi, posterior al golpe de Estado, murieron aproximadamente 600 civiles). En las elecciones de marzo del presente año, Al-Sisi volvió a proclamarse presidente con el 97% de los votos y con el 41% de participación. Todo indica que el militar Al-Sisi ocupará el poder por muchos años más. Miles de muertos, sólo para cambiar una autocracia por otra.

En Libia, Muamar Gadafi, teniendo en cuenta los sucesos de Túnez y Egipto, mandó a reprimir las protestas apoyadas por la OTAN. Grupos mercenarios llegaron a Libia para apoyar el levantamiento, entre ellos milicias terroristas. La guerra civil culminó con el derrocamiento y muerte de Gadafi en octubre de 2011. Actualmente Libia difícilmente podría ser considerada una nación; dividida por guerras tribales, con un Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) impulsado por Naciones Unidas, gobernando desde Trípoli y una administración en el este del país, apoyada por el militar Khalifa Haftar. Hay negociaciones para que este año se realicen elecciones, aunque difícilmente los resultados podrán ser aceptados por las partes. Como dato adicional, en junio 2017 fue liberado el hijo de Gadafi, Saif al Islam (retenido desde el 2011) y ha anunciado su intención de incursionar en la política. Diversas fuentes señalan que contaría con el apoyo de las tribus más fuertes de Libia y que sería visto como el posible unificador de la nación. No sería, entonces, raro que después de 7 años de caos, sólo se llegue a un cambio de fichas, añadiendo la necesidad de reconstruir el país.

En Yemen la situación no es menos complicada. La milicia hutíe – enfrentada al gobierno de Sanaá – se unió al descontento existente, llegando a atacar el palacio e hiriendo al presidente Ali Abdullah Saleh, quien renunció en favor de su vicepresidente Abd Rabbuh Mansur al-Hadi. En septiembre de 2015, los hutíes marcharon a palacio, debido a reformas federalistas rechazadas por éstos, siendo recibidos por la balas del gobierno. Este hecho desató una guerra civil que terminó con la huida de al-Hadi a Arabia Saudí y las milicias de Abdul-Malik al-Houthi haciéndose con la capital. En respuesta una coalición de países, liderados por Riad, inició bombardeos sobre Sanaá, con el trágico saldo de más de 10 mil muertos y 3 millones de refugiados. Yemen es una guerra olvidada -civiles mueren a diario- que no causa la indignación internacional.

Llegamos a Siria. Las protestas iniciales por la primavera árabe fueron reprimidas por al-Assad. Distintos medios coinciden en señalar que estas no tenían mayor fuerza y que el presidente contaba con un amplio apoyo popular, dado su laicismo y los niveles de desarrollo del país. La represión fue aprovechada – como en Libia – por grupos terroristas como Al Qaeda (Frente Fatá al Sham, antes denominado Frente al Nusra) y el DAESH, con el propósito de extender su influencia y aplicar la sharia (ley islámica). También se encuentran otros grupos rebeldes, integrados por ex militares desertores y opositores a al-Assad. Los rebeldes “moderados” (existen muchos indicios de su crueldad en las ciudades que ocupaban) fueron financiados por países occidentales como EEUU, Francia, Reino Unido y Arabia Saudita. La línea que divide a los “moderados” y extremistas es muy débil, por cuanto tienen un objetivo en común: derrocar a Al-Assad; inclusive, parte del armamento que llega como ayuda, ha terminado en manos de terroristas. Por su parte, el presidente sirio solicitó el apoyo de potencias extranjeras para defender su posición y recuperar el país. Rusia, Irán y las milicias libanesas de Hezbolá acompañan a los militares sirios en los combates. La participación de las milicias kurdas y del ejército turco -actores importantes- no son desarrollados en este artículo.

En este contexto debemos situarnos para entender el desarrollo del conflicto.

Al inicio de la guerra, al-Assad estuvo por perderla. Grandes ciudades y yacimientos petrolíferos estaban bajo control de la oposición armada. El ejército sirio sufría importantes bajas. La participación rusa cambia el escenario: la aviación bombardeaba las ciudades tomadas por la oposición y el ejército retomaba la ciudad. En muchas ocasiones, el ejército sirio y los rebeldes negociaban una amnistía y un corredor humanitario que permitiera a los civiles, y ex combatientes, abandonar las ciudades. Hay innumerables fuentes que señalan que la población civil era retenida, y usados como escudos humanos para intentar persuadir al gobierno de sus ataques.

Pero mi objetivo no es describir la guerra, sino dar algunos elementos de análisis para que, finalmente, cada quien adopte una postura:

  1. Como recordaba Farid Kahhat, de acuerdo a Naciones Unidas, hasta septiembre de 2017 se había constatado el uso de armas químicas en 33 oportunidades; 27 de ellas fueron atribuidos al gobierno sirio, el cual, por su parte, siempre ha negado el uso de este tipo de armas durante el conflicto.
  2. Aun cuando la OPAQ es capaz de señalar la existencia – o no – de un ataque químico, encontrar al responsable es sumamente difícil dada la diversidad de actores e intereses dentro del territorio.

3. El uso de armas químicas ha servido de excusa para que – de manera ilegal – Washington, principalmente, pero también Londres y París, bombardeen territorio sirio. Igual de grave ha sido el apoyo manifestado por países que no participaron del ataque.

En definitiva, surgen muchas dudas sobre la autenticidad de los hechos, o sobre la autoría de los mismos. No parece muy lógica la utilización de armas químicas por parte del gobierno sirio cuando ha recuperado gran parte de su territorio y su victoria es inminente. Lo que sí es seguro es que los ataques por parte de potencias extranjeras sólo aumentan el sentimiento nacionalista, lo que favorece a al-Assad. Es decir, se produce el efecto contrario al esperado.

Difícilmente conoceremos alguna vez toda la verdad. Está claro que ninguno de los principales actores habría podido mantenerse al margen de cometer crímenes de guerra. Naciones Unidas ha acusado a Siria de haber usado cloro y sarín; a los rebeldes, gas mostaza y sarín; y, a los aliados (encabezados por EEUU) fósforo blanco.

Los resultados tangibles de la primavera árabe y la opción de grupos islamistas radicales como alternativa de gobierno, hace que al-Assad tenga un importante respaldo popular. Impulsar cambios democráticos a través de la guerra no debería ser más una alternativa. Los resultados están a la vista, pudiéndose sumar también Afganistán e Irak a esa lista de estados fallidos. Las rondas de negociaciones en Astaná y Ginebra deben servir para el desarme definitivo de los grupos terroristas y con ello alcanzar un alto al fuego permanente.

Que no se entienda esto como una defensa cerrada al régimen de al-Assad, quien, ya antes del inicio de la guerra, tenía serias denuncias por violación de derechos humanos por parte de Amnistía Internacional, pero intentar derrocarlo mediante una guerra ha supuesto cerca de medio millón de muertos y más de 5 millones de refugiados, definitivamente no es el mecanismo.