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Una publicación de la asociación SER

Demandas en conflicto

La afirmación «los conflictos sociales son las expresiones de demandas insatisfechas cuyos demandantes perciben que sus intereses han sido afectados» suele ser el resumen de lo que significa la conflictividad social. Así, podemos afirmar que el núcleo básico de todo conflicto son las demandas y su atención. La calidad de su gestión se medirá en función de cómo se atienden aquellas. Quisiera reflexionar sobre estas últimas.

Si le echamos una mirada a las distintas demandas que existen en conflictos sociales, en especial las que recoge el Reporte de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, hallaremos varias de distinta índole. Por ejemplo, las que existen en las localidades del país que rechazan la inversión minera, las de protección al medio ambiente, acceso a puestos de trabajo, atención de salud, remediación ambiental, mayor presupuesto para sus sectores, acceso a servicios básicos; y los inmateriales como por ejemplo reivindicación cultural o reconocimiento de la identidad de pueblos y comunidades.

Normalmente todas las demandas tienen asidero en la realidad y son atendibles. Algunas de inmediata atención como las de salud pública o las que tienen que ver con la atención al medio ambiente, que en el caso de las comunidades de la Amazonía, son asuntos de vida o muerte. Para otras demandas aún cuesta trabajo convencer no solo al Estado sino a la ciudadanía sobre su importancia como es la implementación de la consulta previa para los Pueblos Indígenas.

Pero, ¿qué pasa cuando es difícil satisfacer todas las demandas? ¿Qué pasa cuando atenderlas es incompatible con alguna actividad? Pensemos en aquellas que implican el rechazo a la presencia de inversión minera en algunas zonas del país. Es frecuente que reclamar la expulsión de proyectos mineros o hidorcarburíferos puede ser popular, más si tomamos en cuenta los estropicios sociales que algunas empresas cometen, en lo que pareciera un esfuerzo esmerado por convertirse en una fuente permanente de conflictos.

No obstante, ¿qué ocurre si bajo la bandera de conservar el medio ambiente, causa muy noble y de urgente atención, reducimos la promoción de las inversiones mineras en el país? ¿O qué tal si pedimos a todos los proyectos hidrocarburíferos, causantes de muchos derrames de petróleo en la selva peruana, a que se retiren del país para salvaguardar el medioambiente? Cero inversión de este tipo por “el bien de la humanidad” ¿Será posible este anhelo?

Pero la realidad, que muchas veces no gusta, no es de fácil aplicación. Menos en un país como el nuestro. Necesitamos esas inversiones. No tenemos posibilidades inmediatas o en el corto plazo de sustiuir la renta que nos da la minería. Y esto no invalida la demanda de un cuidar el medio ambiente. Negar el calentamiento global es comprensible sólo por la idiotez.

Sin embargo, no olvidemos que a veces las causas nobles pueden originar supuestas soluciones que a largo plazo resultan nocivas. Es como desear que para dejar de contaminar al atmósfera prescindamos del petróleo y regresemos al transporte en carretas. Si lo vemos en términos prácticos, ¿cuántas carretas necesitaríamos para trasladar, por ejemplo el arroz que se consume diariamente en Lima? ¿Cuántos bueyes, mulas o caballos se requeriría para ello? Además, ¿no está comprobado que el gas metano que producen estos animales de carga es tan o más venenoso como el CO2 de los automóviles?

La mala reputación, justificada o no, no es un asunto exclusivo de las empresas. La incapacidad por parte del Estado de compatibilizar inversión con el cuidado del medioambiente ha traido como consecuencia que muchas veces se propongan salidas facilistas o poco reales. Y si a esto le sumamos que todos los impuestos recaudados de esas actividades no se refleja en mejoras de nuestra calidad de vida a través de los servicios básicos, no esperemos brazos abiertos a las inversiones.

Es necesario que cuando el Estado gestione las demandas en los conflictos sociales introduzca y no haga a un lado criterios razonables durante las negociaciones o en las mesas de diálogo. Seriedad en los ofrecimientos, pero sobre todo, franqueza al momento de comunicar qué es lo posible. A veces en el afán de “resolver el conflicto” más para salvaguardar la imagen del ministro de turno, se renuncia a ese rol pedagógico. Instalarse en el prejuicio “de que la gente no entiende” es comenzar un mal y garantizarle larga vida a un conflicto social. Comencemos a buscar soluciones posibles, tanto desde el Estado así como desde la ciudadanía en conflicto.