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Una publicación de la asociación SER

Democracia y religión

Sabemos que un país saludable requiere de ciudadanos que ejerzan sus intereses a través del respeto de la discrepancia con las diversas opiniones para así llegar a consensos en vez de imposiciones. Esto es lo ideal, pero no es secreto que a veces es una tentación frecuente de las mayorías imponer a las minorías sus criterios apelando a la fuerza de una “verdad” superior. Una que está por encima del bien y del mal y que merece “respeto” por ser divina. Sin reconocer que en las sociedades democráticas no existen (o no debería existir) una única “certeza” o certezas absolutistas. Esto ocurre es países que se declaran parte de una religión.

Toda buena democracia basa su dinámica interna reconociendo la existencia de diferencias entre los ciudadanos que la componen. Porque  esto es parte del respeto al ejercicio de la libertad individual. Esta que basa su legitimidad teniendo en cuenta la singularidad de las personas. Singularidades que se han unido por afinidades e interese comunes conformando así eso que llamamos cultura. Como podemos concluir, existen tantas agrupaciones de individuos como culturales. En algunos casos, varias de estas conviviendo en un mismo espacio geográfico como es el caso peruano.

No obstante, ¿qué ocurre cuando una de ellas quiere imponer sus criterios culturales a las demás a través de la fuerza? La historia nos muestra que las consecuencias de esas imposiciones son los conflictos interculturales. Aunque no solo se puede imponer formas de vidas particulares ejerciendo la presión o violencia. A veces se usan como medio a fines nobles o moralmente aceptables por todos como justificación (o pretexto) de imposición de sus valores a los demás.

Por ejemplo, esto ocurre con las ideas religiosas, sobre todo en estos tiempos de crisis existencial colectiva. Por esto,  Michael Walzer en su libro “Pensar Políticamente” hace la siguiente advertencia: «la religión ya está dejando de ser un asunto privado convirtiéndose en asunto político». Recordemos el caso de hace algunas semanas ocurrido en Argentina en donde hubo un intenso debate sobre la posibilidad de legalizar el aborto en dicho país. Aquí se propició una movilización de miles de personas que rechazaban dicha iniciativa legislativa ya que esta atentaba en contra de la vida y la dignidad de las personas.

Lo anterior no tendría nada de extraordinario sino fuese por que quienes promovían esa oposición era el sector considerado conservador quienes sustentaban su postura de rechazo en fundamentos religiosos tales como la “defensa de la vida”. Afirmaban que toda vida es dada por “el creador” por lo cual aquella es defendible desde el momento de la concepción. Y para reforzar esas objeciones al aborto citaban supuestos estudios científicos que comprobarían el inicio de la vida desde la fecundación. Combinando así una verdad científica con una religiosa.

Es llamativo este artilugio de “apoyo” mutuo entre ciencia y religión como una fórmula creada para despejar cualquier duda a sus afirmaciones. Esto a pesar de que la comunidad científica y filosófica aún no tienen una opinión consensuada respecto a cuándo se inicia la vida humana tal como la conocemos empíricamente. (Esta mezcla de ciencia y religión lo desarrollaremos en otro artículo).

Lo mismo ocurre en nuestro país. Por ejemplo, estos grupos de inspiración religiosa se han opuesto a la implementación de políticas públicas de salud. Esto sucedió hace algunos años cuando el Ministerio de Salud se propuso a distribuir anticonceptivos orales de emergencia -conocidos como la “pastilla del día siguiente”- por ser sospechosa de provocar el aborto. Otra vez, usaron argumentos científicos para sustentar sus demandas.

Y por estos días ocurre lo mismo con la implementación del currículo nacional de educación básica del Ministerio de Educación, a la que acusan de promover la “ideología de género”. Según acusan, este documento “atentaría contra la naturaleza de las personas”, supuestamente promoviendo su “homosexualización” lo que iría en contra del orden natural creado por Dios.

Como vemos, la religión es tomada como punto de partida ideológico para el activismo político. Así lo anota Walzer: «Los creyentes religiosos se van convirtiendo en activistas políticos que buscan influir en las políticas públicas a tomar del poder del Estado». Y lo están intentando, sobre todo en las políticas públicas de educación promovidas por el Estado peruano.

Ya lo dijimos, es poco probable que cualquier colectivo se rehúse a incorporar en sus convivencias fines nobles o moralmente aceptables por todos. Sin embargo, Michael Walzer destaca que la dificultad de incorporar criterios religiosos en las democracias es el absolutismo de la religión. Además, por su naturaleza metafísica «el lenguaje de la religión tiene un carácter absolutista». Y este absolutismo es inaceptable cuando sirve como insumo principal en el desarrollo de políticas públicas.

Es claro que vivimos tiempos complejos, de ausencias de certezas existenciales. Y es a esto que se les achaca todos los males del mundo. Por ello, algunos grupos promovidos por la religión desean «re-introducir a Dios en la escena pública (y por supuesto en las escuelas)», esto como  “remedio a los males de la sociedad por el fracaso de la laicidad”. Sin embargo, esto sería un error porque las sociedades que renuncian al respeto de las diferencias así minan los fundamentos de la democracia.

Por lo descrito, la democracia tiene como reto convivir con los dogmas religiosos que intentan intervenir en ella para así influenciar y determinar los comportamientos colectivos. Frente a ello debe quedar claro que la separación entre política y religión, tal como lo señala Walzer, es un importante valor democrático. Para esto, nuestro filósofo señala que es necesario «limitar la efectividad política del fanatismo fortaleciendo los baluartes intelectuales e institucionales de una cultura democrática».