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Una publicación de la asociación SER

Derecho torcido

Mi padre, que pasó más de 35 años de su vida trabajando entre abogados, siempre decía que la amistad era lo más importante en la vida, por lo que había que tener amigos “hasta en los infiernos”. “Por eso –añadía socarrón- yo tengo muchos amigos abogados”. Él me contó que hubo una vez un juez que, cuando creyó que su vida pública había llegado a su fin, escribió y publicó sus memorias. En ellas recordaba el día en que su tío político lo había llevado hasta el despacho presidencial para un besamanos al dictador de turno, quien luego emitió la resolución que lo nombraba vocal. Hizo una brillante carrera en el foro y la academia. Tanto así, que llegó a vocal supremo, luego de lo cual escribió las referidas memorias. La historia no tendría nada de particular, puesto que así regían las normas en esa época, si no fuera porque el dictador había defenestrado del Congreso a su primo político, un brillante diputado llegado de París.

Eran los tiempos en que los gobernantes nombraban a los jueces y, por tanto, se creían con derecho a digitar sus sentencias. Esto recién cambió con la Constitución de 1993, fecha en la que -al menos en el papel- recién llegamos al equilibrio de poderes. Ella creó un organismo autónomo para seleccionarlos, nombrarlos, evaluarlos y sancionarlos. Pero las costumbres siguieron por lo más alto. Basta recordar las conversaciones de Montesinos -filmadas por él mismo- con el empresario Dionisio Romero o con Gonzalo Menéndez, ejecutivo de Lucchetti, que pidieron sentencias a su medida. Y no hay que olvidar que la misma injerencia fue denunciada por el New York Times al revelar la entrevista Lawrence Kurlander-Montesinos, alto ejecutivo de la Newmont Mining, que en 1998 disputaba con la francesa BRGM un paquete de acciones de Yanacocha [1].  Los tres, como se sabe, han salido libres de polvo y paja en los evidentes casos de corrupción en los que fueron protagonistas. Y los jueces que prevaricaron ni fueron tocados.

El mérito –si tuvo alguno- del asesor arequipeño, que hoy celebran los politólogos del mundo, fue filmar todas las entrevistas que sostuvo tras bambalinas para mostrar cómo se gobierna en un Estado moderno. Claro, los quisquillosos dirán que así es un Estado bananero u otros dirán que sólo ocurre en los Estados corruptos, pero ya hay suficientes casos en los orígenes de las crisis financieras en los países grandes, cultos y democráticos, para no hablar de cómo manejan Rusia, Putin y compañía.

Las conversaciones de un ministro y el representante del gobierno ante una corte internacional, para presionar a una jueza, con el aval del presidente de la Corte Suprema, recientemente reveladas, confirman que seguimos siendo un Estado bananero o como quiera llamársele. Pero más grave aún es el asunto de fondo: dignísimos abogados, prestigiosos en el foro y la academia, con muchas horas de vuelo en universidades del primer mundo, no tienen empacho en querer forzar lo evidente: que soldados del Perú mataron a tres guerrilleros rendidos [2] durante la recuperación de la residencia de la Embajada de Japón en abril de 1997, en evidentísima violación de los Convenios de Ginebra. Dos policías y un rehén extranjero fueron los testigos de esas rendiciones. Este asunto, el de fondo, no lo quieren tocar los que ponen entre paréntesis sus principios morales, por ese infame pacto de hablar a media voz frente a los poderosos [3].

Sin embargo, frente a ese enjuague (terminaron absolviendo a Montesinos y compañía) de gente inaccesible al honor, como diría Borges, se alza inmarcesible el gesto de don Miguel Grau salvando de las aguas a sus enemigos rendidos. Gesto traicionado por quienes hoy dicen rendirle honores, pero que insisten -respaldados por algunas televisoras y periódicos- en hacer retroceder al Perú a la época de Chavín de Huantar del degüello de los rendidos, época de la barbarie y de la Ley del Talión.
 

NOTAS:
1. Ver diario La República del 26 de octubre de 2005.
2. ¿Por qué guerrilleros y no terroristas? Porque, a diferencia de los secuestradores de los aviones que derribaron las Torres Gemelas, estaban uniformados, pertenecían a una organización político/militar identificada y, además, habían estado en un proceso de negociaciones con la intermediación del Cardenal Cipriani y el Comité de la Cruz Roja Internacional, cosas que, por supuesto, saben y enseñan los doctores San Martín, Jiménez y Cateriano. Calificarlos de guerrilleros no significa disculparlos de sus responsabilidades criminales.
3. El vocal nombrado por el dictador años después se negó a fallar siguiendo sus órdenes en un caso público que involucraba a un ex presidente, adversario de aquél.

NOTA DEL EDITOR:
En diciembre de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el caso de los tres miembros del MRTA (Eduardo Nicolás Cruz Sánchez -alias 'Tito'-, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza) que habrían sido ejecutados extrajudicialmente durante la operación militar Chavín de Huántar para rescatar a los rehenes. Anteriormente, a petición de los familiares de los tres fallecidos, el caso fue investigado en 2002 por la justicia militar, pero la Corte Suprema de Justicia de Perú remitió el caso al fuero militar que en 2004 lo archivó.