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Una publicación de la asociación SER

Derribo de aeronaves: el doble estándar de Washington

“Es necesaria la interdicción de aeronaves sobre las que hay una sospecha razonable de que están principalmente implicadas en el tráfico ilícito de drogas”. Presidente Obama, 5 de agosto 2015.

 

Ese día de agosto, el presidente Obama aprobó en Washington la estrategia de interdicción aérea para Colombia, la misma que significa un importante monto anual de cooperación militar y policial. En los últimos años, y a instancias de EE.UU, Colombia se ha convertido en “exportador” de modelos de seguridad regional, especialmente para América Central y el Caribe. Lastimosamente, en los últimos días, la Fuerza Aérea de ese país ha visto cómo dos aeronaves de combate han sufrido sendos accidentes, uno de ellos un Black Hawk norteamericano que han ocasionado la muerte de 26 personas, entre policías y militares.

Mientras tanto, el Perú, está sufriendo el problema que su espacio aéreo tienen un enorme forado. Este permite el intenso recorrido de las avionetas con matrícula boliviana que diariamente aterrizan en el VRAEM, a vista y paciencia de los pilotos de la FAP, que no pueden interceptarlas, ni obligarlas a aterrizar. Ni el rescate de civiles, ni la captura del camarada Hernán parecen impedir esta dinámica.

La historia se remite a 1990, cuando EE.UU inició en América del Sur, el programa de interdicción aérea que duró hasta el 2001, con óptimos resultados en materia de cierre del puente aéreo que funcionaba entre los países andinos comprometidos con la producción y transformación de la droga. Luego, en agosto del 2003, lo reanudó con Colombia, mas no con el Perú. La base jurídica (cláusula 1012 de la Ley de Defensa de 1995) indica que el Ejecutivo debe certificar la necesidad que continúe el Programa de Interdicción y esto habría llevado a Obama a aprobar la propuesta colombiana.

Pongamos las cosas claras: EE.UU, que sigue siendo el primer consumidor mundial de cocaína, entrega mil millones de dólares a los países de América Central, US$320 millones a Colombia y a Perú, no más de US$70 millones anuales (2011)[2]; sin embargo, nuestro país produce aproximadamente 245 toneladas anuales de cocaína, de las que se incautan no más de 30 toneladas en el país. Es decir, 215 toneladas de cocaína salen al exterior, y por lo menos la mitad (100/110) va a territorio de EE.UU. ¿Qué quiere decir esto? Que continúa habiendo un profundo desbalance en el aporte financiero/comercial de EE.UU al Perú, respecto de su responsabilidad directa en la demanda mundial de cocaína. 

Ahora bien, resulta que el gobierno del presidente Obama no desea correrse el riesgo de un procedimiento de interdicción en el que se pudiera poner en riesgo vidas humanas (incidente con la familia Bowers, ocurrido en Iquitos el 2001). Por ello, Washington habría amenazado con cortar la asistencia antidroga al Perú y ello habría ocasionado que el gobierno peruano haya dejado de impulsar la propuesta legislativa sobre derribo aéreo.

Por último, las Fiestas Patrias nos traen un nuevo presidente del Congreso de la República, el señor Luis Iberico, dilecto amigo de la embajada de Washington en Lima. Este, que en el pasado no solo ha defendido el statu quo de las políticas antidroga, sino que se ha rasgado las vestiduras criticando posiciones distintas a las de EE.UU, como las que se dieron al inicio de este gobierno, tiene la enorme oportunidad de reivindicarse y poner en primerísimo lugar en la agenda el proyecto de Ley sobre Derribo Aéreo. ¿Lo hará?

 

[2] http://www.apci.gob.pe/noticias/atach/EEUU26.09.12.pdf