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Una publicación de la asociación SER

El abandono de las regiones

El interés en la problemática regional anunciado por el Presidente de la República Martín Vizcarra como una de sus prioridades, sólo se ha traducido hasta el momento en la celebración de los denominados MUNI – Ejecutivo. Si bien estas reuniones pueden ser útiles como espacios de coordinación entre los siempre esquivos funcionarios del gobierno central y las autoridades locales, -interesadas sobre todo en obtener transferencias presupuestales-  lo cierto es que su realización obedece principalmente a la necesidad presidencial de mostrar cercanía a la población, y no a un espacio político de discusión y decisión con miras a resolver los grandes problemas regionales.

La escasa capacidad e interés del gobierno para adentrarse en la política regional, a pesar de estar dirigido por dos ex presidentes regionales, es compartida por otros actores políticos nacionales que apenas prestan atención a los acontecimientos ocurridos fuera de la capital, salvo que esté de por medio un gran proyecto de inversión o se produzca un conflicto social con muertos y heridos.

Le expresión más clara de esta actitud es la indiferencia que existe con relación a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el 7 de octubre, luego de las cuales se producirá uno de los cambios políticos más dramáticos de los últimos años ya que, en virtud de la prohibición de reelección, se renovará la totalidad de autoridades subnacionales: 25 gobernadores, 195 alcaldes provinciales y 1655 alcaldes distritales. Pero nada de ello parece inmutar a un establishment político, más interesado en ampliar sus privilegios en el caso del Congreso de la República, o en andar de puntillas en el caso del Poder Ejecutivo.

En Noticias SER alertamos que el abandono de la política regional y local agravará la situación de los gobiernos regionales y municipales, permitiendo que se consolide su captura por parte de grupos locales vinculados a la economía ilegal, que aprovecharán el proceso electoral para acceder a instancias de poder estatal a fin de utilizarlas en su propio beneficio.