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Una publicación de la asociación SER

El desgobierno de PPK: tierra de nadie para las empresas

“Mi esposo era defensor de las tierras de Chaparrí, y hay personas que están invadiendo, por ello lo venían amenazando para que se retire del cargo, por eso lo mataron”, señala Flor Vallejos Flores, esposa del líder José Napoleón Tarrillo, defensor de la reserva de Chaparrí, asesinado cruelmente el 4 de enero de este año, en su propio domicilio.  La población del lugar asegura que esta persona recibía muchas amenazas por liderar la defensa de esta Área ecológica de Conservación Privada que está ubicada en la región de Lambayeque, protegida por la comunidad de Muchik de Chongoyape, tras la pretensión de privados  de invadir  la zona, pues existen intereses empresariales de inversión en el lugar. Es conocido que otros comuneros que ejercen el mismo rol han sido amenazados de manera reiterada.

El mismo jueves 4 de enero de 2018, un centenar de sujetos portando armas de diverso alcance, ingresaron a la Comunidad Campesina de Chorobamba, en el Valle de Condebamba, en la provincia de Cajabamba- Cajamarca, e intentaron desalojar brutalmente a las más de 150 familias comuneras que poseen este territorio por casi 50 años. Cinco comuneros resultaron heridos de bala, tres de ellos de gravedad que hoy se debaten entre la vida y la muerte en un hospital de esa región. Este suceso obedece a un conflicto por la propiedad de dicha Comunidad Campesina y la familia Contreras, esta última favorecida por un cuestionable fallo Poder Judicial de Cajabamba que terminó desconociendo el Titulo de Propiedad de los comuneros.  La familia Contreras, según informan los campesinos, tiene un trato hecho con la Empresa Minera TAHOE PERU SAC, antes SULLIDEN SHAHUINDO, para venta de esas tierras que son parte de su proceso de expansión, por ello, los campesinos del lugar acusan directamente a esta minera de estar detrás de estos infames ataques; aseguran que solo una empresa podría proveer a tantas personas con armas de fuego, además es pública la pretensión de la minera respecto a estas tierras e incluso señalan que su personal está en el lugar haciendo labores de vigilancia a la comunidad.

Mientras esto ocurre en la sierra norte, el 11 de enero un decreto supremo nos sorprende al declarar en Estado de emergencia el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa). El objetivo es reprimir cualquier protesta de la población de estas zonas, que vienen denunciando una serie de impactos crecientes de la actividad minera provocados por la explotación misma y por actividades concurrentes, como el constante tránsito pesado en la vía. Aunque este Estado de Emergencia que supone el recorte de derechos de los ciudadanos tiene una vigencia de 30 días, como en otros casos, es de esperar que se amplíe a los próximos meses.

Estos tres hechos puntuales sólo son una muerta de las muchas agresiones y atentados que ocurren contra los derechos de los ciudadanos en nuestro país con la indiferencia o la anuencia de este Estado.

No cabe duda que esta situación de desgobierno, en la cual no sentimos que se nos represente de manera real, que se responda por los problemas de este Estado, favorece de manera concreta a los privados, a las empresas, a quienes quieren y pueden imponerse con su poder y su fuerza.

Los asesinatos, los ataques, las formas de proceder contra la ciudadanía, los atentados directos contra la vida, deberían ser la principal preocupación de un gobierno. No obstante para el actual gobierno, el proceder buscando únicamente asegurar los intereses empresariales -para quienes no tienen reparo en instrumentalizar la institucionalidad pública- parece ser lo único que le interesa, despreciando así, la vida de su gente y el Estado de derecho que supone la garantía de la vigencia de las libertades civiles y el respeto por los derechos humanos.

Del gobierno de PPK ya casi nada esperamos. Nos queda claro que su actuación está en las antípodas de la protección de los derechos fundamentales.  Toca reaccionar desde la ciudadanía, y emprender estrategias de autoprotección, toca preocuparnos por la autorecuperación de un verdadero Estado, donde rijan -por lo menos- garantías mínimas para la población.