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Una publicación de la asociación SER
Sandra Miranda

El Estado comunicante

¿Qué es lo primero que pensamos cuando nos dicen “publicidad”? La mayoría suele relacionarlo con “venta” o “persuasión”. Ahora bien, en un país como el Perú, con tantas necesidades y carencias, es comprensible que una medida que condicione ese gasto tenga respaldo popular. Pero ese es un análisis superficial que –paradójicamente– termina perjudicando a quienes son el público objetivo de las campañas de información estatal.

Veamos. El año pasado, el congresista Mauricio Mulder presentó el Proyecto de Ley N° 2133/2017-CR que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano. La propuesta estipula que las entidades públicas y las empresas del Estado podrán publicitar sus tareas de gestión únicamente en los medios de comunicación estatales, todo lo demás se hará mediante las redes sociales (queda prohibida toda publicidad en medios privados). Este Proyecto, con algunas modificaciones no sustanciales, fue aprobado en la Comisión Permanente del Congreso y, actualmente, se encuentra observado por el Poder Ejecutivo[1].

De esta Ley se ha dicho mucho. Primero, que obstaculiza la libertad de pactar válidamente los términos de un contrato. Segundo, que afecta la libertad de expresión. Pero no solo vulnera el derecho del Estado a comunicar, sino –principalmente– el de las y los ciudadanos a recibir información. Taly como mencionó el Relator para la Libertad de Expresión en su paso por Lima, el objetivo de la publicidad no es promover la figura de un alcalde o autoridad, sino difundir servicios, alertar riesgos y fortalecer la democracia. Cualquier uso que escape a ello, es indebido. A contrario, un uso adecuado colabora en el fortalecimiento de la comunicación con la ciudadanía, sobretodo de aquella que no tiene la posibilidad de estar cerca de los vínculos del poder.

No es menos cierto, sin embargo, quedurante mucho tiempo se han utilizado estas plataformas para realizar culto a la personalidad de algunas autoridades (sobre todo a nivel regional y municipal) en lugar de comunicar sobre los planes de desarrollo, becas, vacunas, u otra información de interés ciudadano. Y ello, evidentemente, molesta a cualquiera. Tampoco es falso señalar que la publicidad estatal ha ejercido influencia en la línea editorial, lo cual es tremendamente perjudicial para el pluralismo democrático y además, es un delito[2].

Sin embargo, estas deformaciones en su aplicación no se solucionan prohibiendo la publicidad en medios privados y reconduciendo su difusión al canal del Estado y las redes sociales. Un argumento poderoso es la disparidad del acceso a internet, su cobertura y la alfabetización digital a nivel nacional. Existe una desconexión notoria entre los objetivos de la ley y la realidad nacional: las redes sociales no son de alcance de las mayorías y la televisión pública tampoco. De hecho, deberíamos estar debatiendo si contamos con suficiente publicidad oficial en medios locales y comunitarios[3], si el criterio de “antena caliente” debe ser el único o el más utilizado para asignarla o si es que contamos con medios realmente públicos que se desliguen de la pauta gubernamental. Pero no, en lugar de ello estamos regulando la prohibición.

Debe quedar claro que no es admisible un condicionamiento a la línea editorial. La adjudicación de la publicidad no puede utilizarse como una forma de premio o castigo, porque eso es una forma indirecta de censura y la censura está prohibida. De hecho, habrá que fortalecer la Ley N° 28874, la cual regula los recursos presupuestarios y exige que las campañas se planifiquen y se justifiquen técnicamente pero que no elimina la discrecionalidad (por ejemplo, en el caso de los fondos públicos destinados a apoyar una candidatura a un puesto de elección popular o a un partido político). En ese sentido, se requiere implementar mecanismos de observancia y vigilancia para que el dinero destinado a esos fines no signifique un despilfarro o un chantaje estatal.

Y, por último, aunque sea impopular decirlo, el dinero que llega mediante la publicidad estatal representa un flujo de caja importante para varios medios de comunicación. Vamos, dejemos de pensar solo en las grandes corporaciones, pues esto afecta principalmente a las pequeñas. Nuevamente, a las sociedades democráticas les es conveniente la presencia de más medios de comunicación y que éstos, los que existan, sean sostenibles en el tiempo. No es bueno tener a medios dependientes de la publicidad oficial, como tampoco lo es tener a medios que entren en problemas financieros por esas razones; mucho menos en contextos como el actual, en donde la prensa colabora con información valiosa en los casos coyunturales.  

Como vemos, no es necesario negar los evidentes problemas de la publicidad estatal para defender su ejercicio. La distorsión de su gasto y su mala adjudicación responde a problemas estructurales en el Estado. Pero incluso reconociendo eso, no es menos cierto que los mecanismos de seguimiento deben ser más eficaces y no lo han sido. No obstante ello, cualquier intento de mejora escapa por completo a los fines y los términos de esta ley, que difícilmente hubiera prosperado si otro hubiese sido el gobierno en el que se plantease.


[1]Ejecutivo observó ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación. http://larepublica.pe/politica/1214860-ejecutivo-observo-ley-que-prohibe-la-publicidad-estatal-en-medios-de-comunicacion

[2] De ello, tenemos varios ejemplos en la época del presidente Fujimori. Revisar: Informe Defensorial N° 48: Situación de la Libertad de Expresión en el Perú

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_48.pdf

[3]En muchos casos son los principales canales de comunicación con poblaciones alejadas.