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Una publicación de la asociación SER

El inútil combate

De política antidrogas y movimiento cocalero en el Perú de “la hoja de ruta”

En DEVIDA, los cambios ya se veían venir aunque viéndolo bien los cambios nunca se hicieron. La entrada de Ricardo Soberón fue apenas un breve intento de hacer las cosas distintas a como se hacen varias décadas atrás desde que Estados Unidos adoptó la política de “guerra contra las drogas” y la impuso a los países productores de hoja de coca. Los resultados son conocidos; alto número de hectáreas de cultivo, un lugar preponderante entre los países productores de cocaína  y territorios prácticamente controlados por el narcotráfico. ¿Por qué entonces no cambiar una política tan poco exitosa? Una respuesta fácil la dio el primer ministro Valdés al decir que “no estamos para globos de ensayo”. Pero el problema es demasiado serio para facilismos y amerita mayores explicaciones, especialmente en dos aspectos que consideramos claves; el curso de la política antidrogas del país y la conflictividad del movimiento cocalero.

Luego de la caída de la mafia fujimontesinista el gobierno de Toledo, intentó implementar una política anti-drogas nacional más acorde con nuestra realidad. El esfuerzo duro poco y el apremio por firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos llevó a abandonar tal pretensión volviéndose a aplicar la conocida formula de obedecer lo dispuesto por la DEA. El gobierno de García administró dichas disposiciones y continúo con lo mismo: represión al cultivo vía las erradicaciones de hectáreas, criminalización al productor y sustitución de hoja de coca por productos alternativos. Si como afirma la derecha, y también  sectores del gobierno, el APRA hizo bien las cosas ¿por qué la producción de hoja de coca no disminuyó? Peor aún por qué la producción de cocaína aumentó? Según cifras de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito (UNODC) entre el 2006 y el 2010 los cultivos de hoja de coca crecieron en un 58%.  Justamente para el año 2010, la producción nacional total de hoja creció en un 1,2 % con respecto al 2009 sumando 129.500 toneladas, lo que convirtió al Perú como primer productor mundial de hoja de coca (1).

Por eso ante las implacables críticas a Soberón cuando se propuso hacer las cosas algo distintas y los aplausos al nombramiento de Carmen Masías que anunció que hará lo mismo que el APRA no podemos dejar de preguntarnos ¿de qué se trata esto? ¿a qué responde esta obstinación por insistir en la misma política, las mismas acciones, lo mismos pobrísimos resultados? No creemos que se deba a torpezas o simples cálculos posibilistas. Hay de por medio estructuras de poder – nacionales e internacionales- profundamente enraizadas en el aparato estatal y conectadas a intereses de políticos, técnicos y funcionarios que hoy viven del problema de la droga. Esto atañe también a la gran prensa y la saga de “cocologos” afectos a la Embajada norteamericana, de ahí que casi no se cuestionan los largos 5 años de Rómulo Pizarro al frente de DEVIDA, sus escasos logros, sus procesos de contratación “arreglados” o la mediocre ejecución de sus proyectos. Lamentablemente se ha dejado pasar la oportunidad para implementar una política anti-drogas, en estrecha coordinación con países productores y consumidores, que definiera  prioridades nacionales y trajera resultados significativos tanto en materia de reducción de cultivos como en el combate al narcotráfico y alternativas al campesino cocalero.

Justamente, en declaraciones a El Comercio una de las principales críticas que Masías realizaba a su antecesor era su cercanía a las organizaciones cocaleras (2). Varios políticos y expertos la secundaron repitiendo el conocido libreto que presenta al cocalero como el único responsable del problema. Sin duda estamos ante un actor social controvertido, que actúa en  los márgenes de la legalidad y habita ese limbo normativo que permite el monopolio de ENACO y persigue pero no penaliza ciertas áreas de cultivo. Es ingenuo negar que buena parte de la producción cocalera va al narcotráfico o que los carteles de comercialización no han penetrado los distintos valles. Pero tampoco puede obviarse que se trata de ciudadanos en situación de pobreza que ameritan que el Estado atienda su situación proponiendo algo más que su criminalización. Desde la década del ’70 en que se constituyeron las primeras organizaciones cocaleras los productores han debido enfrentar la represión del estado, la violencia del narcotráfico y la imposición de Sendero Luminoso, siendo asesinados y encarcelados varios de sus dirigentes.(3)

Al parecer, prima entre muchas autoridades encargadas del tema la idea de que es mejor contar con productores desorganizados y fragmentados a los cuales se les niega el rol de interlocutor. Esta postura estatal, sumada a características del actor como los fuertes caudillismos locales, el pragmatismo o la tendencia  polarizadora, hacen que hoy tengamos un movimiento cocalero débil con serias dificultades para concretar una estructura nacional. No obstante, dicha debilidad no es necesariamente proporcional a su capacidad de respuesta y durante el 2011 asistimos a concurridas protestas cocaleras como las de La Convención y Aguaytia. Para este año se han anunciado ya nuevas protestas y sospechamos que también aquí el Estado responderá condicionando el dialogo a las erradicaciones. Vale tener en cuenta además que hace muchos años que el CORAH no cambia las zonas de erradicación centrándose en los valles más accesibles geográficamente,  donde la organización es más débil y/o  son menos riesgosos para la policía. No se erradica en el VRAE ni en el Putumayo, justamente donde más se concentra la producción de coca destinada al narcotráfico; otra vez se opta por hacer lo mismo  en los mismos lugares y con similares pobres resultados.

¿Se puede hacer algo distinto en lo que respecta a la producción de hoja de coca y la relación con el productor? Hay experiencias concretas que demuestran que es posible y no precisamente se trata de aventuras irresponsables o extremistas. Ahí está el tan mentado “modelo San Martín” consistente en la aplicación de programas de desarrollo integral que incluyen el impulso de productos alternativos, la erradicación de cultivos ilícitos y la inversión en infraestructura. Además como lo ha repetido el presidente regional César Villanueva,“en este proceso el dialogo con los cocaleros ha sido una herramienta fundamental”, tomando en cuenta sus experiencias y respetando sus organizaciones(4). Obviamente no es cuestión de copiar tal cual el modelo en todos los valles del país, pero sí de tomarlo en cuenta como evidencia de que aquello que se nos presenta como invariable en la lucha contra las drogas no lo es tanto, dependiendo más bien de intereses y voluntades concretas. “El que no arriesga no gana” dice un viejo dicho y como en este tema la consigna del establishment liderado por la DEA es no arriesgar, difícilmente llegaran los triunfos. Pero, viéndolo bien, a estas alturas la política de “guerra a las drogas” diseñada por los Estados Unidos en plena guerra fría, pareciera una suma de inútiles combates donde hace rato se perdió de vista que el objetivo era ganar. Siempre se puede cambiar esta visión guerrerista y ensayar otras fórmulas como la legalización, pero eso es aún más difícil en el Perú de “la hoja de ruta”.

Notas:

1.    http://www.rpp.com.pe/2011-06-23-onu-cultivo-de-hoja-de-coca-crece-por-quinto-ano-consecutivo-en-peru-noticia_378204.html
2. http://elcomercio.pe/politica/1361596/noticia-jefa-devida-se-bajo-poco-guardia-erradicacion
3.  Durand Anahi . “El movimiento cocalero y su difícil construcción en el Perú” en  Hablan los diablos: Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú, Programa de Democracia y Transformación Global, TNI. Lima, Junio 2007
4. http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-san-martin-redujo-cultivos-coca-erradicacion-produccion-alternativa-e-inversion-377626.aspx