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Una publicación de la asociación SER
Abogado y coordinador de la oficina regional Puno de la Asociación SER

El laberinto de tener un gobernador regional con un proceso judicial pendiente

La ciudadanía puneña que mayoritariamente eligió a Walter Aduviri Calizaya como gobernador regional para el periodo 2019-2022, se ha visto embarcada forzosamente en una montaña rusa de acontecimientos, trascendidos periodísticos y decisiones judiciales, que a escasos ocho meses de gestión del GORE Puno, han formado una turbulencia que impide divisar un horizonte claro a nivel político. En realidad este escenario se inició antes del proceso electoral ya que cuando faltaban 48 horas para las elecciones del año 2018, la Corte Suprema de Justicia, decidió anular el proceso penal en el que Aduviri había sido previamente sentenciado, siendo esta una de las principales razones para que este obtuviera la victoria.

Y como parte del nuevo proceso penal seguido contra el gobernador regional, se ha dispuesto ahora que este sea detenido por un plazo de 15 días, todo lo cual afectará irremediablemente la gestión de un gobierno regional que todavía no ha logrado fijar una ruta clara de trabajo y que además es materia de una serie de denuncias de irregularidades y corrupción.

Todo esto debilita cada vez más la alicaída imagen de los gobiernos regionales y enfrentan a la ciudadanía regional a una situación de incertidumbre y desesperanza en el futuro. Al mismo tiempo, no se puede dejar de lado que los electores que favorecieron a Walter Aduviri, sabían bien que existía la posibilidad de que este vea afectado su mandato por el proceso judicial, lo que se hizo más patente por el reiterado incumplimiento de las reglas de conducta en que incurrió el gobernador[1]. Es por ello que también toca realizar una evaluación concienzuda para saber por qué y por quién votar.

Por otro lado, no está de más indicar que si nuestra política no estuviera tan personalizada, el relevo en los cargos no debería ser un problema significativo al contarse con un vicegobernador que reemplace el titular. Sin embargo, la realidad es otra con las discrepancias públicas entre el gobernador y el vice gobernador, lo que constituye una historia repetida en la región Puno. En efecto, para nadie es un secreto que las relaciones personales entre Walter Aduviri y Agustín Luque Chayña, no han sido las mejores desde hace algunos meses, lo que motivó a este último a buscar un mayor protagonismo en el ámbito político y manifestar su deseo de asumir los destinos de la región. La reciente decisión judicial parece abrir la oportunidad para que Luque busque jugar ahora su propio partido.

Lo que corresponde ahora es que el gobernador regional sea capturado e internado en un penal ya que el mandato del juez es de cumplimiento inmediato, debiendo agregarse que el magistrado ha señalado que esta medida tiene la finalidad de asegurar la presencia de Aduviri en el momento en que se emita la sentencia en el caso del “aimarazo”, sea ésta condenatoria o absolutoria. Con el antecedente de una condena previa de prisión por seis años, el horizonte no se muestra tan favorable para la autoridad regional.

Queda por ver si Aduviri se entregará a la justicia y de ser así, tocará a los magistrados actuar con celeridad para emitir la correspondiente sentencia. Y en el caso del gobierno regional, todavía es pronto para saber cuál será la salida a todo este laberinto político y judicial.

 

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[1] Esta medida fue solicitada por la Fiscalía Provincial penal de Puno por el incumplimiento reiterado de Aduviri d las reglas de conducta: no comparecer de manera mensual y obligatoria en el Juzgado y realizar viajes al interior y fuera del país sin autorización.