Skip to main content
Una publicación de la asociación SER
Feminista y antropóloga. Especializada en género y sexualidad.

El Perú es una cárcel: Violencias en el caso de mujeres migrantes indocumentadas

Florencia y Pepe se conocieron en Argentina. Se casaron y decidieron vivir en Perú, país de Pepe. Florencia regularizó su situación migratoria, tuvieron hijos. Al tiempo, Pepe cambió: la golpeaba, la controlaba, la insultaba, la humillaba. Aunque lo perdonó durante muchos años, Florencia decidió separarse y pedir ayuda al Estado peruano para poder residir legalmente en el país y buscar justicia frente a los abusos vividos. Ella decidió permanecer en el Perú, pues tenía una vida hecha acá, sus hijos iban a la escuela y ella quería comenzar a trabajar.

Hasta el año 2017, las mujeres migrantes con status migratorio familiar de residente solamente podrían renovar la residencia si es que el esposo presentaba su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la tutelaba frente al Estado firmando una carta de garantía. En este caso, Pepe, el exmarido violento y abusador, debía avalar la estadía de Florencia frente al Estado peruano. Un papel que, frente a las situaciones de violencia de género vividas, se convierte en sinónimo de chantaje, más violencia, e incluso deportaciones. A pesar de que en el año 2017 se aprobó la nueva Ley de Extranjería (Decreto Legislativo Nº 1350) que eliminaba ese requisito, y que actualmente la Política Migratoria Nacional y la nueva Ley de Extranjería tienen un enfoque de derechos humanos, inclusión y género[1], lamentablemente la situación de muchas de estas mujeres no ha variado sustancialmente.

Las mujeres migrantes, que viven situaciones de violencia y de indocumentación, se siguen enfrentando a la impasibidad del Estado peruano. Según los testimonios[2] de mujeres migrantes que sufrieron violencia a mano de sus exparejas peruanas[3] y que viven en situación de indocumentación, actualmente queda a discreción del funcionario de Migraciones solicitar -o no- dicha carta de garantía. Esta situación se agrava cuando se siguen enfrentando a instituciones del Estado que legitiman el accionar de estas exparejas violentas al no reconocer sus actuales vínculos familiares, al tener tratos cargados de racismo, machismo[4], misoginia, discriminación[5], al no hacer válidas sus denuncias, o cuando las sentencias y las conciliaciones son letra muerta frente a las exparejas violentas. Siendo madres con hijos de nacionalidad peruana, y con dificultades en la regulación de su situación migratoria debido a las situaciones de violencia vividas, la pregunta que se desliza es ¿bajo qué categoría se les definiría en relación a sus derechos? ¿Son ciudadanas cuyos derechos y bienestar es realmente responsabilidad del Estado peruano? Claramente no. Con esta clase de acciones desde el Estado peruano, se está colocando a las mujeres migrantes en situación de indocumentación en una categoría sumamente compleja: no ciudadanas. Quizás el meollo del asunto es que las mujeres migrantes no han podido construir ciudadanía en el país que las acoge. ¿Qué tipo de políticas tendríamos que formular en el caso de las mujeres migrantes indocumentadas para que sus demandas sean escuchadas?

Frente a esta situación de vulnerabilidad, el Estado peruano tiene que dar respuestas que garanticen sus derechos fundamentales, que las protejan frente a la violencia de género, que las instancias estatales escuchen y den respuestas viables a las denuncias de violencia física y sexual. Asimismo, es más que necesario que el corpus jurídico/legal se adecúe a la realidad que viven estas mujeres migrantes, y que incorpore modelos de familia no-tradicional, incluyendo en la reglamentación situaciones que afectan especialmente a este grupo: los casos de documentación, las denuncias de violencia y la tenencia de sus hijxs. La lucha por la ciudadanía –como las mujeres migrantes- es la conquista del derecho a participar en el espacio público, no solamente con derechos políticos, sino con el reconocimiento pleno de sus necesidades y demandas, y de ellas como sujetos políticos plenos en un Estado nacional.

------------

Esta semana la columna de Comadres cuenta con la colaboración especial de Fátima Valdivia. Plataforma Comadres es un espacio que busca posicionar el trabajo de mujeres jóvenes en el análisis de la política nacional e internacional.

 

[1]  Es importante mencionar que, con la nueva Política Migratoria, en la Superintendencia Nacional de Migraciones hay un equipo al servicio al migrante en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según un último estudio de la Superintendencia, sólo el 2% de los casos atendidos correspondían a calidad migratoria familiar de residente (de las cuales el 63% corresponde a mujeres) y que buscaban apoyo por casos de violencia familiar y/o sexual (de las cuales el 84% corresponde a mujeres).

[2]  Testimonios recogidos como parte de una investigación sobre violencia de género en Lima Metropolitana.

[3]  Según indica la Defensoría del Pueblo, de todas las denuncias recibidas entre el 2010 y el 2014, el 17% provenían de personas afectadas cuya situación migratoria era en calidad migratoria familiar de residente.

[4]  Revisemos la Sentencia 04729-2015-PHC/TC del Tribunal Constitucional frente al caso de una ciudadana ecuatoriana, detenida por la Policía Nacional del Perú el 21 de agosto del 2014, sin mediar delito alguno y sin que se le explicara el motivo de su detención. Ella fue llevada a la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú, donde se la mantuvo incomunicada y fue tratada como delincuente. Ella se encontraba en el Perú como extranjera residente con calidad migratoria de trabajo. El 22 de agosto, la Superintendencia Nacional de Migraciones emite una resolución en la que se resolvió cancelar su calidad migratoria de residente y se le ordenó salir del país. La sentencia del Tribunal Constitucional desestimó todo lo actuado en contra de la demandante, desde el día en que fue detenida hasta la emisión de la resolución que anula su residencia (y posterior expulsión del país). La ciudadana ecuatoriana se dedicaba al trabajo sexual y fue detenida en una intervención al prostíbulo El Trocadero. Citando lo escrito en el fundamento del voto de la magistrada Ledesma: “¿por qué el Estado peruano canceló la residencia de la demandante y otras mujeres extranjeras: por no cumplir las leyes peruanas de migración -que no prohíben la prostitución- o por dedicarse al trabajo sexual?” (TC, 2015: 13). La magistrada concluye que fueron los estereotipos alrededor del trabajo sexual los que contribuyeron a atentar contra sus derechos, y que ella fue colocada en un triple grado de vulnerabilidad: por ser mujer, por ser extranjera y por ejercer el trabajo sexual.

[5]  Según el informe de opinión de mayo 2019 de IEP - opinión, hay un 22% de peruanos que no quiere tener de vecinos a personas de otros países.