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Una publicación de la asociación SER

El reto de no seguir invisibilizando a los pueblos indígenas

Hasta marzo pasado, según el portal web del Viceministerio de Interculturalidad, se han efectuado 40 consultas previas, entre concluidas y en proceso. Así, el 56% se encuentran en la etapa de decisión. Este dato puede originar distintas interpretaciones. Algunos pueden llamarle avances y otros estar escépticos. Debemos reconocer que el Estado ha sido cauteloso en señalar alguna valoración. No obstante, esa cautela puede que no sea una forma idónea de comunicar ese proceso, y menos contribuye con el análisis e información para los interesados, en este caso, los Pueblos Originarios.

No debemos olvidar que lo importante para los Pueblos Indígenas no es cuántos procesos de consulta se realicen; menos si estos son entendidos como meros trámites administrativos para cumplir compromisos internacionales. Lo que importa es cómo nuestra sociedad a través del Estado los considera como peruanos con derecho a una ciudadanía plena. Ciudadanos “que deben ser tratados como individuos con iguales derechos ante la ley” (Kymlicka). Sin embargo, aún estamos lejos de alcanzar este anhelo reivindicativo, y por ello es que los pueblos indígenas siguen invisibilizados.

Por ejemplo, si revisamos el primer mensaje presidencial de Martín Vizcarra no encontramos ninguna mención a las poblaciones indígenas, ni nada sobre la necesidad de reforzar el enfoque intercultural que debería ser un eje transversal de las políticas de un Estado que reconoce en su Constitución “nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza…” (Artº 2 Inciso 2).

Es comprensible que los discursos de reivindicación cultural generen ciertas inquietudes colectivas en un amplio sector de nuestro país. La idea de homogeneidad, de una “sola cultura” o de creer que en nuestro país la cultura occidental es superior a cualquier otra, genera reticencias y confusión. Se olvida o no se reconoce que el Perú tiene culturas vivas, ricas en tradiciones y que son parte de nuestro territorio. Por esto, ¿cómo pedirle a un awajún, a un achuar o a un aymara que se “sienta peruano” si el mismo Estado los reconoce a medias y con poco entusiasmo, percibiéndolos como “poblaciones a quienes hay que incluir en la civilización”? ¿Tiene legitimidad ética y práctica la Nación peruana respecto a los Pueblos indígenas?

Según el politólogo Ricard Zapata-Barrero la idea de nación necesita de dos elementos de relación que le dan legitimidad: el estado y la ciudadanía. Con estos conforma un elemento “triádico” que significa que esos tres conceptos existen en simultáneo. Entendiendo al estado como “la entidad política que define quién es ciudadano”; la nación «como entidad simbólica que conecta culturalmente al territorio estatal con la ciudadanía, creando lealtad y cohesión necesarias para que el vínculo entre el estado y la ciudadanía sean permanentes y estables a través del tiempo»; y la ciudadanía «como principal vehículo que tiene el estado y la nación para legitimarse».

De acuerdo a este marco conceptual propuesto por Zapata-Barrero la legitimidad del Estado y la Nación peruana ante los Pueblos Indígenas es débil. Los organismos estatales no tienen una política de reconocimiento de la ciudadanía de quienes conforman esos pueblos, ni ha conectado ni integrado horizontal ni eficientemente las culturas que existen en nuestro territorio. Con estas carencias, es razonable pensar que la fragilidad institucional de la ciudadanía indígena perjudica a los pueblos indígenas, pero también afecta la relación y el desarrollo de la idea de Estado-Nación que queremos como peruanos y peruanas.

Sin embargo, debemos reconocer la actitud proactiva, y hasta comprensiva de los Pueblos Indígenas de nuestro país. Sus demandas de reconocimiento no pretenden que se los consideren aislados de la Nación peruana, sino como parte dinámica de su desarrollo. Sus demandas expresan su voluntad de ser reconocidos como ciudadanos con derechos y de acuerdo al artículo 44 de la Constitución en donde se señala que el “Estado tiene como deber fundamental el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.

Desarrollo integral y equilibrado son las exigencias éticas de nuestro pacto social que queremos para todos y todas en nuestro país. Por lo tanto, ya viene siendo hora de pasar del discurso a la práctica intercultural con nuestros compatriotas de los Pueblos Indígenas.  Ya es tiempo de fortalecer plenamente la legitimidad de nuestra existencia como Nación peruana en donde nadie sea excluido. ¿Se animarán nuestras nuevas autoridades a emprender este reto postergado?