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Una publicación de la asociación SER
Historiadora y candidata al doctorado en Antropología Social del Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL) - Université Sorbonne Nouvelle Paris III. Especialista en los estudios de memoria de veteranos de guerra en el Perú

En defensa de la desobediencia y en contra del uso de los cuerpos como “carne de cañon”

“Si hay guerra lo voy a poner en primera fila” fue el mensaje que entre risas el Ex – Comandante General del Ejército, Edwin Donayre, hoy prófugo de la justicia, enviaba hace algún tiempo al reconocido comediante Carlos Álvarez.

Con el burdo humor que lo caracteriza, el ex militar lanzaba irónicamente esta “amenaza” a través de una entrevista que le hiciera un medio televisivo limeño en el 2013[1] a propósito de su retiro de la institución armada más antigua del país debido a las denuncias que pesaban en su contra por presuntos delitos de corrupción en relación a la venta de gasolina asignada a su institución en desmedro del Estado, que hoy conocemos fueron comprobados.

¿Qué falta grave cometió el humorista Carlos Álvarez para ser enviado (aunque fuera en broma) como “carne de cañón”?

Álvarez, se atrevió a construir un peculiar personaje, inspirado a imagen y semejanza de este ex Comandante General del Ejército. Su “falta”, fue dar vida a la parodia de un militar al que llamó “General Desayre”, caracterizándolo con un humor grosero, machista, misógino, homofóbico, populista, chauvinista, cuyo castellano andino daba cuenta de su origen y lengua quechua. Un “General” de la ficción que exponía sin tapujos la fragilidad del poderío militar y la perversión de los valores castrenses que sostenían el “Ejército" al que pertenecía.

Así, a través de la parodia humorística, Álvarez creó un personaje militar de doble moral que hacía alarde de la “viveza”, la ilegalidad y la validación de la corrupción como modus operandi,  que era al mismo tiempo una denuncia. La “broma” –“amenaza” –”condena” dirigida al comediante por el ex Comandante General del Ejército cobraba entonces una especial significación. Esta gatillaba un juego de palabras de profundo sentido metafórico que de alguna manera nos permite comprender el presente político de nuestro país.

Hace unos días fuimos testigos del agravio que recibió la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Congreso de la República. Oficiales, técnicos y suboficiales de la División de Alta Complejidad (DIVIAC –PNP), acompañados por el Ministro del Interior, aparecieron en los medios de comunicación puestos en “primera fila”, como “carne de cañón” por un grupo de “Padres de la Patria” a consecuencia de una “gravísima falta”: Haber cumplido con su deber en la lucha contra la corrupción, dando un golpe a uno de sus mayores líderes.

Los agentes, como todos los sabemos, intervinieron por mandato judicial la casa del ex - presidente Alan García, quién decidió suicidarse en plena diligencia para evitar así su detención frente a las graves acusaciones que pesaban en su contra por la presunta participación de una red criminal, en el marco del caso Lava Jato. Y aun cuando, los agentes cumplieron con la orden de presentarse en el Congreso para responder ante este grupo de señores congresistas sobre los detalles del referido operativo policial, el objetivo de esta cita más bien pareció una trampa.  El interrogatorio se desarrolló públicamente como una suerte de ritual perverso, un “escarmiento” ejemplar de la imposición del “poder” político abusando del mandato constitucional que ordena a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas absoluta subordinación a las autoridades democráticas.

¿Se buscó acaso intimidar a los efectivos de las fuerzas del orden en su labor en la lucha contra la corrupción? ¿Cuál era el mensaje más allá del propio interrogatorio?

Luego de la flagrante “humillación” producida en contra la Policía Nacional en la casa de todos los peruanos, la indignación del actual Ministro del Interior, no se hizo esperar. Como General de la Policía en situación de retiro, denunció inmediatamente el agravio ante la opinión pública imponiendo con honor el peso de sus galones. Sin embargo, los congresistas que formaron parte del espectáculo no tardaron en reaccionar, este acto de “insubordinación” no podía quedar sin respuesta. A tal punto, que uno de los políticos más cercanos al ex presidente García, le envió el siguiente mensaje: “Moran debería acordarse de que García lo ascendió a General”.

¿Con este mensaje se pretendía deslegitimar la denuncia del Ministro y efectuar así su “muerte” moral? ¿Acaso debió callar y no denunciar este acto de agravio a cambio de la “gracia” recibida para alcanzar su ascenso durante el segundo gobierno aprista?

El mensaje que intentó poner mordaza a la denuncia del Ministro del Interior, resulta provocador y revelador. Este hecho no solo pone la herida en la llaga, la desangra. Nos demuestra que  la “venganza” de “condenar” a la “muerte” al insubordinado, al insumiso que osa denunciar la ilegalidad, no ha quedado en el pasado, sino que cobra real vigencia después de que esta fuera la ideología de la guerra interna que nos enfrentó a peruanos contra peruanos. El precepto de cumplir las “órdenes sin dudas ni murmuraciones” propias de tradición militar peruana, entonces pareciera extenderse también a la política en el presente.

En el Perú, existen incontables testimonios de ex combatientes, militares y policías que fueron testigos y víctimas de estas “muertes” físicas y morales, como actos de “venganza” ante el intento de denunciar actos de corrupción por parte de sus superiores. Entre las décadas de 1980 y 1990, las zonas de emergencia fueron lugares predilectos de castigo. La desobediencia por aquellos años podía ser castigada hasta con la vida y los “desleales” cuerpos de los insubordinados convertidos ejemplarmente en “carne de cañón”. El deceso “moral”, fue también otra forma dar muerte al “desobediente”, esta venganza se sostuvo entre otras fórmulas, en la infamia y la calumnia cuyos efectos buscaban “deslegitimar” las denuncias, sacando fuera de competencia a los militares y policías más probos, es decir obstruyendo sus ascensos.

Sin embargo de estas “condenas” hubo quienes consiguieron sobrevivir y resistir con integridad dentro del sistema. Cientos de páginas podrían demandarnos para dar cuenta de estas “muertes” físicas y morales, todavía impunes que aguardan ser investigadas, y que se produjeron a lo largo de los sucesivos gobiernos que tuvieron a cargo la conducción política y militar del Conflicto Armado Interno.

La “muerte ejemplar” como “venganza” frente a la insumisión e insubordinación de quienes rechazan la corrupción demuestra una vez más la perversidad de quienes sostienen el poder sobre la base del “miedo” y el “escarmiento”. “El espíritu de cuerpo”, “la lealtad”,  “la moral” y “la disciplina”, valores militares-policiales que tanto se exaltan retóricamente dentro de las instituciones castrenses no debieran ser usados y trastornados por quienes no los practican, no pueden ser enarbolados políticamente para adoctrinar a sus miembros en la defensa de la ilegalidad.

Las jóvenes y nuevas generaciones que forman parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, hombres y mujeres que sirven dignamente a la Patria merecen una clase política digna de representarlos. No, merecen ser usados políticamente, como en el pasado como “carne de cañón”.

La subordinación y sumisión encuentra sus límites en la ilegalidad. La inmunda corrupción que acaba de ser revelada en las últimas semanas en el Perú, el sistema jerárquico mediante el cual operan estas redes criminales en todos los niveles del Estado nos obliga a repensar y poner en el tapete la “obediencia”. Por tanto, la insumisión y la desobediencia frente a estos oscuros fines no merecen ser objeto de condena, si lo que se defiende es la justicia y el mandato de la ley.

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[1] Ver “Despedida del General Donayre” Reportaje del programa “Reporte Semanal” de 18 de junio de 2013 : https://www.youtube.com/watch?v=8bCx5-kFquQ