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Una publicación de la asociación SER
Doctor en Antropología con Mención en Estudios Andinos. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

¿Es posible proteger el patrimonio cultural?

Se ha generado cambios en el ministerio de Cultura y pareciera que nos hemos olvidado –como muchas veces ocurre en política- de las implicancias de las recientes medidas del gobierno para supuestamente destrabar la inversión privada. En sus últimas declaraciones  las autoridades salientes del sector cultura aseguraron, sorprendentemente, que dicho ministerio estaba en capacidad de cumplir con las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno. Aceptaron los 20 días de plazo para cumplir con la solicitud de Certificado de Inexistencia de Recursos Arqueológicos (CIRA) e incluso que si se diera el caso de la aplicación del llamado silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de las autoridades, bastaría con el posterior monitoreo arqueológico para superar cualquier agresión al patrimonio, pudiendo hasta suspenderse las obras de inversión en curso.  Una medida poco probable si se parte de los antecedentes de un ministerio débil y sojuzgado al mandato del MEF.

No se conoce si las nuevas autoridades revisarán esa posición y reconocerán sus serias debilidades institucionales y presupuestales, como sector. Basta como ejemplo resaltar las declaraciones a un diario local de un funcionario del Cultura frente a la lamentable  desprotección de los sitios arqueológicos en Lima: “Pensar en construir un cerco, entonces, se convierte en utopía”. Según esa información, el 60% de los sitios arqueológicos de Lima está en riesgo de ser invadido; y de éstos, sólo el 12% (44) está adecuadamente inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). La mayoría de esos sitios no están siquiera bien delimitados ni protegidos. La misma prensa nos recuerda, como otro de tantos ejemplos, que la zona arqueológica Huaycán de Pariachi (cultura preinca Ichma, 1200 d.C.) tiene 30 de sus 60 hectáreas de extensión, ocupadas ilegalmente por poblaciones, con tendencia a seguir siendo invadida. El ministerio de Cultura no cuenta con recursos para inscribir este patrimonio y la Policía de Turismo, responsable del cuidado, señala no contar con personal suficiente para cumplir con sus funciones.

Esta es la realidad en Lima, ni qué decir de lo que ocurre en el resto del país (salvo ciertos lugares en Cusco y de la ruta Moche). A ello podemos agregar el lento avance de la puesta en valor y de la protección de las diversos rutas del Qhapac Ñam, cuyo presupuesto depende fundamentalmente de los recursos que aporta Cusco, lo cual ya muestra de por sí la escasa voluntad del Gobierno nacional de invertir en cultura como parte del desarrollo.

No se trata de afectar las inversiones de ningún tipo -pública y privada-, sino de hacerlas compatibles con la protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Si se pretende cumplir con los procedimientos legales pertinentes (en el caso del CIRA), habría que dotar al ministerio de suficiente equipo profesional y equipamiento técnico, dentro de nuevos plazos sensatamente establecidos. ¿Cómo se argumenta que 20 días hábiles son razonables para  una adecuada evaluación arqueológica?

Lejos de considerar el patrimonio cultural como traba para la inversión, debiera ser incluido como componentes claves del crecimiento económico diversificado, que beneficie efectivamente a las poblaciones locales. Lo mejor que podrían hacer las nuevas autoridades del sector es convocar a los diversos actores involucrados para dialogar y consensuar nuevos caminos para una gestión responsable del patrimonio cultural que contribuya a un desarrollo sostenible con identidad nacional.