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Una publicación de la asociación SER

Esterilizaciones forzadas o eugenesia. Estamos atentas y atentos

El pasado 29 de octubre, en el marco del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se produjo una reunión entre las peticionarias del caso Mamerita Mestanza Chávez -quien murió a consecuencia de una operación de ligadura de trompas practicada durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, emprendido durante el gobierno de Alberto Fujimori- y representantes del Estado.

El encuentro tenía por finalidad la supervisión del cumplimiento de las obligaciones a las que el Estado se comprometió, en favor de la víctima, como consecuencia del Acuerdo de Solución Amistosa al que llegaron ambas partes en la CIDH. También sirvió para que los representantes de la víctima sostuviéramos que las obligaciones relacionadas con el juzgamiento y la sanción a los culpables de las prácticas de esterilización forzada deben entenderse separadas de las reparaciones materiales y simbólicas que el Estado debe asegurar para la víctima.

Vale decir, los esfuerzos que el Estado despliegue en el camino de reparar el daño infligido a la víctima y sus deudos, en este caso, son consecuencia de su reconocimiento de prácticas nocivas a los derechos humanos de Mamérita Mestanza, y no deben ser condicionados al desarrollo de las investigaciones seguidas ante los operadores de justicia, producto de las imputaciones penales contra los perpetradores, sean estos materiales o intelectuales.

Estas reparaciones, además, no deben ser confundidas con programas sociales ni con el emprendimiento de políticas colectivas que no tengan que ver estrictamente con la reparación a la víctima. La idea es que, -aunque en este caso específico esta posibilidad se convierta en utopía- en la medida de lo posible, la persona agraviada obtenga un resarcimiento proporcional al daño que se le causó.

Sobre esta dimensión del conjunto de obligaciones del Estado, los representantes del ministerio de Educación sostuvieron ante la CIDH, que los hijos de Mamérita Mestanza habían rechazado recibir clases en el marco de programas de educación para personas adultas, y en el caso de las prestaciones de salud, que todos estaban inscritos en el SIS, pretendiendo, en ambos casos, salvar la responsabilidad del Estado frente a sus obligaciones en el marco del acuerdo de solución amistosa.

Queda claro que los funcionarios que participaron, vía conferencia a distancia, en la reunión ante la CIDH, no han comprendido la gravedad del problema ni la importancia del reconocimiento del Estado en torno a los hechos que costaron la vida de al menos 18 mujeres y lesionaron gravemente a casi tres mil. No lo han hecho, porque de lo contrario no podrían utilizar argumentos tan pueriles para certificar el cumplimiento de una obligación que están lejos de honrar. Y esto sólo en el caso de las reparaciones.

El derrotero que ha seguido la investigación penal no es menos vergonzoso. Tras una serie de vaivenes a lo largo de los últimos catorce años, a la reapertura de una investigación, en el 2011, por parte del Ministerio Público (fiscal Guzmán Baca), contra todos los presuntos responsables de los crímenes producto de las esterilizaciones forzadas, siguió la deleznable disposición de archivo del mismo fiscal, por no encontrar responsabilidad en Alberto Fujimori y sus ex ministros de Salud.

El fiscal formalizó denuncia únicamente contra algunos autores materiales y por el delito de homicidio culposo. Es decir, para el Ministerio Público, los crímenes, en realidad, fueron producto de la negligencia de parte del personal médico de la época.

Si atendemos a que la muerte de Mamérita Mestanza y otras 17 mujeres no fueron hechos aislados, como lo demuestran las declaraciones de miles de agraviadas y testigos; si atendemos a los documentos que dan cuenta del establecimiento de cuotas para que los encargados de aplicar un programa de esterilización (diseñado como política pública desde las instancias de dirección del gobierno), reservado a mujeres pobres, campesinas y quechua hablantes, no es posible entender cómo el Estado, a través de su representante, haya hecho llegar una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando que la investigación preliminar ha sido correcta o rigurosa.

Es cierto que frente a esta insólita decisión, la defensa de las víctimas –y también la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción- ha interpuesto una queja de derecho, que deberá resolver, en los próximos días, un Fiscal Superior. Es cierto, por tanto, que el caso no está cerrado en el ámbito interno. Pero una serie de hechos irregulares (la competencia del Fiscal Superior, por ejemplo) despiertan fundadas suspicacias.

El clérigo decimonónico Thomas Malthus postuló, en la Europa de la revolución industrial, la idea del crecimiento demográfico a niveles de progresión geométrica, mientras la producción de medios de subsistencia crecía -según su teoría- en progresión aritmética. Según Malthus, esta desproporción terminaría por hacer inviable la vida de los seres humanos, por lo que no habría otra solución que el control de la natalidad a través de la guerra, de las pestes, etc. Esta es una visión que, por supuesto, subordina cualquier concepto de derechos al estudio aséptico y frío de la economía. Esperemos que ese prurito, que ya parece una letanía, en favor de la “inversión privada para sostener el crecimiento” aún en contra del medio ambiente, del control de la corrupción y de los derechos de las personas, no prime esta vez para justificar (como el pensamiento malthusiano) o mantener en la impunidad los aberrantes casos de mujeres que debieron sufrir la invasión de sus cuerpos y fueron obligadas (o engañadas, según el propio Fiscal Guzmán Baca) a no seguir reproduciéndose.