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Una publicación de la asociación SER

Esterilizaciones forzadas: ¿plazos razonables?

Hace unas semanas, el 17 de julio, el abogado del Marino Costa Bauer, ex ministro de Salud de Alberto Fujimori, defendía ante los magistrados del Tribunal Constitucional, la solicitud de amparo presentada por su cliente. Para la defensa de Costa Bauer, la resolución del Ministerio Público del 2018 en la que declara fundada la queja interpuesta por el caso de las esterilizaciones forzadas, viola los derechos constitucionales de su defendido, pues no se está respetando el plazo razonable, ya que lleva 19 años afrontando procesos y acusaciones por el caso de las esterilizaciones forzadas. Además, la defensa del ex ministro fujimorista sostiene que la resolución del 2018 del Ministerio Público es inconstitucional pues se trata de un caso que ya estaba archivado y juzgado, apelando al principio de que a nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo delito.

Sin duda, 19 años son muchos años, pero las víctimas de las esterilizaciones llevan más años esperando justicia, 23, 22, 21 años . El caso se ha mantenido vivo principalmente por la fuerza de las víctimas, y el trabajo de algunas organizaciones comprometidas en la defensa de sus derechos. Un proceso así de largo tiene un costo emocional enorme, para las mujeres que fueron esterilizadas a la fuerza y sus familias, por eso es brutal que para graficar el impacto del proceso en la salud de Costa Bauer y su entorno, su abogado le pidiera a los magistrados que imaginaran que hubiera pasado con el ex ministro si hubiera tenido un hijo a inicios del proceso, que imaginaran un niño creciendo viendo a su padre inmerso en un proceso legal. Esa situación “imaginaria” es la realidad de miles de peruanos y peruanas, de los hijos e hijas de las víctimas de las esterilizaciones, personas reales para las que el plazo del proceso no es razonable, personas que llevan más de 20 años esperando justicia.

Que el abogado hable de 19 años, y no 23, 22, 21 no es casual. En 1996, 1997, 1998 cuando ya existían denuncias, que el Estado, incluyendo Costa Bauer, ignoró, y es que Costa Bauer gozaba de absoluta impunidad. Dormía tranquilo con su familia, y las denuncias de las esterilizaciones no eran un problema para él. Basta recordar que a inicios de 1998 diferentes actores pedían la renuncia de Marino Costa Bauer, por su responsabilidad en diseño e implementación de las esterilizaciones quirúrgicas en el país.

La tranquilidad con la que vivía Costa Bauer en los años 90, no era la de las víctimas, y se explica por la coyuntura política del país, gobernado por régimen autoritario que tenía absoluto control de las instituciones, y que ordenó entre otras cosas, cerrar el Tribunal Constitucional cuando sus magistrados se negaron a servir a sus intereses. Por eso es desafortunado y preocupante que en su intervención, el magistrado del TC José Luis Sardón sugiriera que la reapertura de los casos se podría haber debido a intervenciones del Ejecutivo, en específico de las gestiones de Alejandro Toledo, y Ollanta Humala. Sorprende que un magistrado del TC cuestione, sin pruebas, la independencia de poderes, y que no pueda plantear una relación entre la no investigación penal de los casos en los años 90 por la interferencia política, ampliamente demostrada, que tenía el régimen de Alberto Fujimori sobre el Ministerio Público.

En su intervención el magistrado Sardón, casi defendiendo la postura del abogado de Costa Bauer cuestionó la reapertura del caso, sosteniendo que no se puede reabrir un caso que ya ha sido cerrado, sólo por una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No queda clara cuál es la motivación detrás de este argumento del magistrado, lo que si es evidente es que en su argumentación el magistrado decidió omitir los argumentos presentados por el Ministerio Público en su resolución, que además citan la jurisprudencia del propio TC. El caso no se ha reabierto por un capricho de la CIDH, se reabrió porque nuestro TC señala que un caso puede ser reabierto si las investigaciones previas han sido deficientes, o si aparecen nuevos elementos probatorios. En el caso de las esterilizaciones forzadas, se cumplen ambas condiciones.

El ataque a la forma del proceso y no al fondo, por parte de la defensa tampoco es casual. Durante la audiencia el abogado de Costa Bauer se refirió explícitamente al programa de AQV. Al parecer, hasta para la defensa del ex funcionario del gobierno de Fujimori, es innegable que desde el Ministerio de Salud se implementó un programa que priorizó, y promovió la aplicación de las esterilizaciones quirúrgicas como método de anticoncepción entre las mujeres pobres, sobre todo de zonas rurales del Perú. La verdad, al parecer ya ni los abogados defensores lo pueden negar.