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Una publicación de la asociación SER

Fujimori y los procesos de la prensa chicha

En enero de 2005, la Procuraduría Anticorrupción para los casos Fujimori y Montesinos había sufrido un durísimo revés del que le sería muy difícil recuperarse, pese a algunos impulsos personales posteriores que, entre otras cosas, valieron la posibilidad de extraditar a Alberto Fujimori de Chile: Luis Vargas, el Procurador que había sucedido a José Ugaz en la dirección del equipo, había renunciado irrevocablemente. Quien lo sucedió, hizo eco de las razones de Vargas para dimitir y acotó de inmediato, en una improvisada reunión plenaria, las competencias temáticas de la nueva defensa del Estado: “no se investiga nada de este gobierno, solo casos de la red criminal de los noventa”, dijo. Vargas, que meses antes había recibido la misma indicación desde Palacio de Gobierno, la había discutido y las consecuencias de ese desacuerdo explicaban su salida.

A Vargas le siguieron los Procuradores Adjuntos y un grupo de abogados, que a lo largo de las primeras semanas y meses del 2005 fueron dejando la institución que había comandado la lucha contra la corrupción de la organización criminal que asaltó al Estado la década previa. Las primeras sentencias contra los miembros de la red ya se habían dictado, pero había una causa que esperaba por sentencia y que ya atravesaba un largo juicio oral con más de treinta procesados, todos involucrados en el uso de recursos públicos para el alquiler de las portadas y líneas editoriales de diarios populares: el caso de la prensa chicha.

La Fiscalía y la Procuraduría ya habíamos logrado (en ese momento yo era el abogado encargado del caso) demostrar que el dinero que se utilizó para el pago a los dueños de la prensa chicha provenía de transferencias de fondos de las instituciones armadas al Servicio de Inteligencia Nacional. Ese dinero iba a engrosar la cuenta de dos fondos denominados “Reserva 1” y “Reserva 2” que sirvieron no solo para comprar diarios chicha, sino para cometer todas las tropelías que los vladivideos pusieron al descubierto y mucho más.

También se había demostrado que los titulares de los diarios –por los que se pagaba entre 500 y 2000 dólares- se fabricaban en el SIN, que allí había una oficina dedicada a analizar la coyuntura política y proponer  los temas que debía tratarse, los enemigos que había que agraviar y los medios que había que escoger para esos propósitos.

Todo eso, dio lugar a una condena que llegó pocas semanas después del cisma de la salida de Vargas Valdivia y que encontró culpables, de manera contundente a 29 personas, entre funcionarios públicos, dueños de medios de comunicación, publicistas y los militares que habían permitido el desvío de los fondos de sus instituciones al SIN. La sentencia, que fue impugnada por la totalidad de los condenados, se ratificó un par de años después quedando firmes condenas entre cuatro y ocho años de pena privativa de libertad.

Antes de renunciar a la Procuraduría, en abril de ese 2005 me aseguré de que se iniciara una investigación para indagar por el único espacio que faltaba cerrar en el caso: ¿quién había dado la orden para el desvío de los fondos?

Más de seis años después, al asumir la dirección de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, encontré el caso estancado puesto que para seguir con el trámite judicial, Fujimori tendría que haber sido extraditado de Chile, también por los hechos que sustentaban esa causa. Y eso no había ocurrido.  El pedido de ampliación se había tramitado sin mayor interés del gobierno anterior y al llegar la notificación de Chile, no había gran información para sustentar la posición peruana en favor de la extradición.

El entonces Ministro de Justicia, Juan Jiménez actuó con celeridad: autorizó la contratación del abogado chileno Alfredo Etcheberry, quien ya había defendido la causa del Estado en las primeras solicitudes de extradición de Fujimori en Chile y propició mi nombramiento como Procurador Ad Hoc para ese caso en particular. Después de algunas coordinaciones, la defensa del Perú expuso sus argumentos en Chile, generando convicción en la Corte Suprema de ese país, que autorizó entonces la extradición de Fujimori por el caso Prensa Chicha.

El juicio oral empezó unos meses después y ha sido como cerrar un círculo. A los testimonios y documentos que, en su momento dieron cuenta del desvío de fondos al SIN y el pago a los diarios chicha, se agregaron aquellos que señalaban y demostraban que Alberto Fujimori, no solamente sabía que los titulares de esos diarios se fabricaban en el SIN (donde, según dijo Vladimiro Montesinos hasta tenía una suite donde se quedaba ocasionalmente) sino que él mismo había dado la orden para el desvío de los fondos, a fin de pagar a los dueños de los diarios por esos titulares.  No había otro objetivo que una segunda reelección. Así lo señalaron uniformemente todos los que alguna vez se juntaron a preparar los titulares en el SIN. No había ninguna duda, Fujimori había sido parte esencial del engranaje corrupto que se montó en el SIN para favorecer su propia reelección.

Según cálculos conservadores se desviaron más de 120 millones de soles de las instituciones armadas (que en habían salido hace poco de un conflicto armado con el Ecuador), pero la sentencia condenatoria contra Fujimori, solo le impuso una reparación civil de 3 millones de soles. Creemos que, aunque la pena es justa (el Fiscal había pedido 8 años de prisión y la Sala concedió), la reparación civil es bastante exigua y no es proporcional al daño infligido al Estado.

Después del relato, quiero quedarme con dos reflexiones a propósito de la sentencia: la primera es que esta condena cierra un círculo que, todavía incompleto, dejaba entrar un aire de impunidad. No era posible llegara a la verdad si no se conocía el origen que da lugar a una cadena de acciones como las que se desplegaron en el caso de la prensa chicha. Y por otro lado, si bien los dueños de los medios fueron encontrados culpables, como cómplices del delito de peculado (tipo penal que alude a la mala administración de fondos públicos) el reproche de su conducta debe alcanzar la distorsión que su delito supuso sobre el papel de la prensa, que juega un rol decisivo en las democracias modernas: que investiga, que comunica y no que se alquila a los designios del poder.