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Una publicación de la asociación SER
Socióloga, analista política y de género.

Historias de la justicia

Este fin de semana con espera en aeropuertos, me encontré leyendo “Perú: Problema y posibilidad”.  Un texto en el que Jorge Basadre nos descubre hechos, pero además reflexiona sobre ellos y propone una mirada de nuestra Historia.

En unas páginas de las “Reconsideraciones cuarentaisiete años después”, Basadre recuerda el “altivo informe” que presentara el Dr. José Frisancho en 1916, acerca de unos jueces valientes que en Puno se enfrentaron al orden gamonal: “En la provincia de Lampa los terratenientes no han podido romper la barrera de la administración de justicia porque ésta ha sido afianzada por la integridad acrisolada de magistrados modelos como los señores Facundo Molina y Justo Muñoz Nájar y a esto se debe que gran parte de las propiedades indígenas se conserven y aquí es precisamente donde se halla moderada y suavizada la opresión sobre los comunarios (…)[1]

Décadas de incesantes litigios judiciales por la tierra muestran el conflicto permanente entre comunidades y haciendas en los Andes. Esa persistencia es también evidencia de una pequeña esperanza: era posible encontrar, algunas veces, un juez probo. Ponciano del Pino recuerda, en El nombre del gobierno (2017), a los abogados Jorge Moya y Mario Cavalcanti, defensores de la causa de las comunidades. Si litigaban era porque algunos jueces, aunque pocos, aplicaban la ley con cierta rectitud.

Precisamente esta semana, Carmen McEvoy recordaba, en su artículo “Viaje al interior” (El Comercio 3/12), al juez Carlos Valcárcel, quien pretendió enjuiciar a los explotadores caucheros por sus horrendos crímenes. Al final, fue denunciado, enjuiciado y suspendido de su cargo.

Así como es conveniente conocer nuestra “Historia de la corrupción”, la que Alfonso Quiroz nos presentó –con tanto detalle- en su libro, también es importante conocer y ponderar los hechos de valor a favor de la justicia en el Perú.

Ciertamente, esto nos lleva al presente. Los jueces Concepción Carhuancho y Roque Huamancóndor, y los fiscales Domingo Pérez, Rafael Vela y Rocío Sánchez (quien llevó a cabo las escuchas del caso “Cuellos blancos” del Callao), tienen en común, además de su honestidad, otra circunstancia. Son profesionales de una nueva generación de operadores de justicia por debajo de los 50 (Pérez tiene 41, Rafael Vela 45). Arriesgando su futuro profesional e incluso su integridad personal, ellos y otros más, vienen haciendo posible aquello que se creía imposible: sentar en el banquillo a ex presidentes y a la élite política.

Con el asilo frustrado del ex presidente Alan García, quien en estos momentos se encuentra esperando en su casa un nuevo llamado del juez, la ciudadanía puede ver -muchos aún siguen incrédulos- que la justicia puede alcanzar a todos. El Perú, un país usualmente fatalista frente al poder, vuelve a cobrar cierta esperanza. De paso, así como lo hizo el ex presidente Valentín Paniagua, cuando mandó a prisión a parte de la cúpula militar fujimorista, en el presente la justicia peruana envía también un mensaje al continente, afectado por el mismo mal endémico de la corrupción.

 

[1] Basadre, Jorge, Perú: Problema y posibilidad. Ensayo de una síntesis de la evolución histórica del Perú, con algunas reconsideraciones, cuarentaisiete años después. Lima, 2004, p.305.