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Una publicación de la asociación SER

Inquisición y esclavitud, ¿en pleno siglo XXI?

Las recientes propuestas legislativas de algunos de los más notorios miembros de la mayoría fujimorista en el Congreso han sido recibidas con amplio rechazo ciudadano.  Se considera que recortan derechos garantizados por la Constitución --sí, la propia Constitución neoliberal fujimorista de 1993.  Son medidas que afectan distintos aspectos de nuestra vida en sociedad y vienen siendo criticadas porque parecerían querer disminuir, limitar o recortar los derechos de las personas.  Sus críticos, como veremos, las han comparado con instituciones opresivas del pasado.

El almirante en retiro Carlos Mario del Carmen Tubino Arias-Schreiber ha propuesto sancionar con pena de cárcel a quienes ofendan, desprecien, agravien o insulten las creencias religiosas de los peruanos.  Esto se pretende justificar argumentando que se busca proteger el derecho a la libertad religiosa.  Sus críticos advierten que una ley así reforzaría el secretismo que rodea a las iglesias, especialmente en casos de abusos contra sus miembros, incluyendo abusos sexuales a menores.  La prensa ha calificado su propuesta como “la ley de la Inquisición”.

Por su parte, la químico farmacéutica y abogada Rosa María Bartra Barriga --desprestigiada presidenta de la “Comisión Lava Jato”--, ha propuesto una modificación a la Ley 28518, sobre modalidades formativas para jóvenes con estudios técnicos en institutos.  Ha creado un régimen novedoso, de “experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”, consistente en realizar prácticas laborales en empresas sin recibir remuneración alguna (4 horas diarias, 20 horas semanales, hasta el límite de 448 horas en 3 años).  Igualmente, los críticos de esta medida la rechazan porque, aunque se argumenta ser una práctica pre-profesional, la ausencia de un pago por estas labores solo beneficia a los empleadores, que contarían con un subsidio laboral gratuito.  La prensa, asimismo, ha llamado a esta “la ley del esclavo juvenil”.

¿Quiere el fujimorismo que volvamos a la Época Colonial, o, como dicen los neo-hispanistas, a la gloriosa “época virreinal”?

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El 3 de setiembre de 1813 se produjo un gran tumulto en Lima.  El local del Tribunal de la Inquisición --ubicado donde hoy funciona el Museo de la Inquisición, al lado del Congreso de la República-- fue atacado y saqueado.  El historiador chileno José Toribio Medina, gran bibliógrafo y estudioso de la institución inquisitorial, explica que el Tribunal había sido suprimido por un decreto de las Cortes de Cádiz (22 de febrero, 1813), que el virrey José Fernando de Abascal había publicado en Lima (30 de julio).  La clausura del tribunal se había realizado ordenadamente (‘Historia… de la Inquisición de Lima’, tomo 2, cap. XXVII, en pp. 392-398).

Cuenta Medina: “Inventariáronse todos los autos i papeles, poniendo en lugar aparte i reservado los de fe, índices de personas notadas, libros prohibidos i estampas deshonestas, las cuales fueron luego recojidas por el Arzobispo, i cuando todo presajiaba que los encargados del Virei podrian terminar felizmente su cometido ocurrió un suceso inesperado.  Alarmado, en efecto, el pueblo de la capital con que los libros de índices no se hubiesen destruido, quebrantó las puertas de las oficinas i cárceles i sustrajo a su antojo los papeles i parte de los muebles que encontró, i el destrozo hubiera, a no dudarlo, continuado mas adelante, si el Virei, noticioso de lo que pasaba, no hubiese enviado un piquete de tropa encargado de contener el desórden” (p. 392).

Medina cita al viajero inglés Stevenson, testigo presencial del ataque al archivo, donde: “se encontraban hacinados en rimeros los procesos de los condenados o acusados ante este tribunal; i allí pude leer los nombres de muchos amigos que estarian léjos de imajinarse que su conducta hubiera sido examinada por el Santo Oficio o de que su nombre se encontrara inscrito en tan espantoso rejistro” (p. 395).

El destrozo no resultó permanente: “A consecuencia de este atentado, se mandó por el Virei publicar bando i por el Arzobispo se fulminaron censuras para que los asaltantes devolviesen los papeles i especies sustraidas, disposiciones que produjeron tan buen resultado que el menoscabo de papeles pareció de mui poca consideracion” (p. 398).

El tribunal --restablecido posteriormente entre 1814-1820--, había sido inaugurado en Lima, poco más de 240 años antes, el domingo 29 de enero de 1570.  Pese a dedicarse a velar por el respeto a las normas de la religión Católica, y a que sus autoridades principales eran sacerdotes y frailes, la Inquisición española era, desde su creación en 1480, un tribunal especial de la Monarquía.  Los reyes de España nombraban directamente a los Inquisidores generales, sin solicitar la confirmación del Papado (como sí lo hacían con los nombramientos de obispos y arzobispos, debido al llamado “Patronato Real”, que permitía al Estado el control de los nombramientos de autoridades de la Iglesia por la protección y financiamiento que le brindaba).

La mala fama de la Inquisición se debe a que, para mantener la unidad y la pureza religiosa de España y sus colonias en la Edad Moderna, persiguió y castigó a quienes pensaban diferente.  En distintos momentos durante sus 340 años de existencia (1480-1820), la Inquisición española persiguió a judíos y “judaizantes” (o “conversos”, bautizados pero sospechosos de practicar secretamente el Judaísmo), a musulmanes y “moriscos” (también bautizados, también sospechosos), a protestantes (llamados genéricamente “luteranos”), y a los “librepensadores” del siglo XVIII (masones, ilustrados y “afrancesados”).  Pero, al mismo tiempo, vigiló la moral y las buenas costumbres, tanto de los miembros de la Iglesia (que incumpliesen votos de castidad, por ejemplo), como del común de las gentes (bígamos, blasfemos, etc.).

Diversos investigadores en la segunda mitad del siglo XX han estudiado la riquísima información contenida en los juicios inquisitoriales y han calculado estadísticamente su impacto en la sociedad de la época.  Las cifras que proporcionan estos estudios reducen el abultado número de víctimas que los críticos del Tribunal siempre denunciaron, mostrando variaciones y períodos de distinta intensidad en las acciones represivas inquisitoriales.  Su accionar fue tolerado por una sociedad tradicional de “cristianos viejos”, usualmente respetuosa de sus autoridades.  El temor que infundía la Inquisición ayudaba a mantener el orden social y político de la Monarquía, restringiendo las quejas y reclamos de los súbditos.  Como le dijeron en Lima al viajero Stevenson: “Del Rey y la Inquisición, chitón” (p. 387).

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Estando en Huancayo, el 3 de diciembre de 1854, el general Ramón Castilla decretó la abolición de la esclavitud en el Perú.  En ese momento, Castilla estaba en plena sublevación contra el presidente Echenique, quien, por cierto, también había decretado la liberación de los esclavos (pero solo de aquellos que se enrolaran en su ejército).  Tras su victoria, Castilla hizo que se cumpliera esta disposición.  Esta medida, promovida por políticos civiles de ideas liberales, le ganó a Castilla el título de “Libertador”.

Sin embargo, los historiadores Maribel Arrelucea y Jesús Cosamalón advierten: “La vieja tesis que afirmaba que la libertad de los esclavos se debía solo a la iniciativa del general Ramón Castilla, quien abolió la esclavitud por un decreto en 1854, está plenamente superada.  Los estudios, especialmente de [Christine] Hünefeldt y [Carlos] Aguirre, han demostrado que la ausencia de rebeliones o motines de esclavos no supone la aceptación pasiva del régimen esclavista.  Por el contrario, los esclavos durante la época republicana mantuvieron en jaque constantemente a las autoridades republicanas mediante estrategias básicamente individuales, pero no por ello menos efectivas, de forma tal que el sistema esclavista se tambaleó por la contracción del mercado esclavista, el incremento de los precios y la insubordinación de los esclavos.  También hay que mencionar que aunque no fue la tendencia dominante, las rebeliones de esclavos tampoco fueron inexistentes.  Tal fue el caso de diversos levantamientos en la hacienda San Pedro del valle de Lurín.  Una de ellas ocurrió mientras el arrendatario era el entonces presidente general Agustín Gamarra, en 1833.  De igual manera, entre 1850 y 1851, antes de la abolición, se registraron levantamientos y protestas en La Libertad, Ica, Chincha y Cañete” (p. 104).

El sistema laboral esclavista, traído al Perú por los españoles desde 1532, subsistió por más de 320 años.  Afectó a personas de origen africano y a sus descendientes, pues la condición legal de esclavo se heredaba por vía materna.  La provisión de esclavos africanos era uno de los negocios más lucrativos de aquellos tiempos.  Estas personas, despojadas legalmente de su libertad, eran compradas y vendidas como mano de obra sometida a sus “amos”.

Pero hace 164 años que esto no ocurre más en el Perú.  Cualquier forma de trabajo forzado y de limitación de la libertad de los peruanos es un delito.

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Como vemos, la Independencia de 1821 fue proclamada al año siguiente de la segunda supresión de la Inquisición en España.  La completa libertad de los esclavos tuvo que esperar 33 años más para convertirse en norma del Estado peruano.  Hoy, los derechos conquistados por nuestros antepasados deben ser respetados.  Y nosotros somos quienes debemos hacerlos respetar.

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Referencias:

José Toribio Medina [1852-1930]. Historia del tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima (1569-1820). Santiago de Chile: Imprenta Gutenberg, 1887. 2 vols.

Tomo I: <https://books.google.com/books?id=kWNCAAAAIAAJ>

Tomo II: <https://books.google.com/books?id=-G9CAAAAIAAJ>

Maribel Arrelucea Barrantes y Jesús A. Cosamalón Aguilar. La presencia afrodescendiente en el Perú: Siglos XVI-XX. Lima: Ministerio de Cultura, 2015. Serie Caminos de la Historia, 2

<http://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/38/publication.pdf?sequence=1>

 

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