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Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

Inteligencia y narcotráfico en el VRAEM

En circunstancias que luego de un mes, el nuevo Gobierno de PPK no ha culminado ladesignación de las autoridades que deben regir los destinos del Gobierno en lalucha contra el narcotráfico, sale a la luz el escándalo del agente de inteligencia de la Policía que ha sido detenido infraganti y que está directamente comprometido con una organizacional internacional de narcotraficantes, con destino a Europa.

Además la situación se pone peor, pues en los últimos seis meses del 2016, la Policía con sus 112,000 efectivos se encuentra sobrepasada por la tarea de resguardar zonas como en el norte del país (Chiclayo y Trujillo) y el puerto de El Callao, asediados por la inseguridad, el sicariato y la extorsión, que se mantienen bajo el estado de emergencia que se inició en el gobierno de Humala. Esto ha facilitado un intenso trasiego terrestre de droga, hacia la costa y hacia la frontera con Bolivia y Brasil

Efectivamente, a finales del 2014,el sub oficial de la PNP, Manuel Angulo Lozano que trabajaba para la DIRIN (Inteligencia de la Policía), en la Dirección de Asuntos Especiales, era parte de una red extranjera que exportaba cocaína desde el VRAEM. Anteriormente, estuvo involucrado en la organización de un sistema de “burrieres”, siendo  encarcelado, luego liberado y reincorporado. También está vinculado al envío de cocaína peruana hacia México, lo que revela el grado de infiltración que pueden llegar a tener los aparatos anti narcóticos en la policía peruana, y que requieren un filtro idóneo.La organización de traficantes, estaba compuesta por dos colombianos Zamorano Acevedo y Továr, el uruguayo Clemente Batalla y el español Manuel Orellana. Tenía como meta el envío de 600 kilos de cocaína, hacia Europa, vía el puerto de Amberes en Bélgica y con participación de organizaciones lituanas.

Dada la actual situación, el narcotráfico proveniente del Perú se maneja de forma abierta y descentralizada, en un régimen de libre mercado en el que participan todos aquellos que lo deseen, con el soporte de contactos y organizaciones de traficantes peruanos – como la recientemente desarticulada, “Los capos de Andahuaylas”- que transportan  la droga, desde la zona de producción en la Selva Alta, hasta la zona de embarque, preferiblemente Paita, Callao o Chimbote, Pisco o Matarani en Arequipa (5 de julio, incautación 220 kilos de cocaína).El secreto es aprovechar las facilidades para la exportación, acondicionarla carga en embarques de soya, madera, mineral, harina o conservas de pescado u otro tipo de granos. Se trata de una situación ideal, difícil de desenredar, donde la demanda internacional es provista por una intensa oferta local de cocaína, donde ganan peruanos y extranjeros, incluidos malos elementos policiales.

Solo en mayo del 2016, 6 efectivos de la Comisaría del distrito de Tambo, provincia La Mar en Ayacucho, a menos de tres horas del VRAEM fueron detenidos por inteligencia policial, por intentar extorsionar a un grupo de traficantes con US$ 50,000. El 8 de agosto en Lambayeque, otro efectivo fue encontrado con medio kilo de cocaína. Recientemente, el 17 de agosto, fueron encontrados los cuerpos del sub oficial Edgar Quispe Rojas y de su colaborador, en la zona de Quisto Valle, Llochegua, después que fueran capturados, torturados y asesinados por “narcos” locales.

La reflexión que hacemos es que se constituye en una verdadera bomba de tiempo, cuando se mantiene –como en el VRAEM- durante tantos años un Estado de Emergencia sobre más de 30 provincias del país, que permite el predominio de lo militar sobre lo civil, donde prevalecen los criterios del Fuero Privativo antes que los del Fuero Común de Justicia, que permiten un sistema de compras y adquisiciones de Gobierno a Gobierno, por fuera de las reglas normales de control. Todos estos hechos apuntan a descalificar la recurrente propuesta legislativa del congresista Tubino de Fuerza Popular, de querer permitir que las Fuerzas Armadas del Perú participen de manera independiente en la lucha antidroga.

Es decir, lo que han permitido los últimos tres gobiernos civiles  en el VRAEM bajo la amenaza de un Sendero Luminoso poco activo, es la constitución de un mecanismo constitucional de uso perverso que sirvepara ocultar las actividades militares y policiales, bajo el criterio de no poner en riesgo la seguridad y orden público. Esto se ha repetido con el tema del pago de informantes, con el combustible, y ahora en el proceso de obtención y trabajo de inteligencia operativa.