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Una publicación de la asociación SER

Intolerancia religiosa vs igualdad de género

Isaiah Berlin creía «que los valores perseguidos por la humanidad no solo son múltiples, sino que estos a veces son irreconciliables y que esto se aplica tanto al nivel de las culturas como entre los valores de una cultura particular o individual». Esto, por supuesto, es un disparador de conflictos propios de las relaciones sociales y que demandan respuestas para lograr una necesaria armonía social. Aceptémoslo, parte de la convivencia es el reto de ponernos de acuerdo entre todos.

Normalmente esa dinámica humana es aceptada por la mayoría: el convivir siempre será un desafío por resolver. Lo sabemos desde que somos niños, ya sea en familia, el vecindario, la escuela o cualquier otro espacio social. Decir “siempre habrá roces” es una forma de manifestar y aceptar que es normal que ocurran desencuentros con los demás.

Pero esos “roces” a veces dejan de ser simples fricciones superables para convertirse en violencia. Esto ocurre cuando se promueve el sometimiento y la imposición en contra de grupos minoritarios. Peor aún si en nombre de cuidar o proteger los “valores familiares”, supuestamente positivos, aceptables por todos y todas, se usa el supuesto mandato de un “ser supremo” bondadoso y correcto, para coactar derechos constitucionales. Así, se usa algo supuestamente bueno para afectar negativamente a un grupo social. Y, naturalmente los afectados reaccionan y se genera la conflictividad social.

Según la Defensoría del Pueblo, “en el proceso del conflicto social la violencia puede ser empleada por los actores sociales como una metodología de presión intencional y calculada y hasta de desestabilización política de alguna autoridad”. Y este tipo de violencia está siendo ejercida por colectivos que dicen “defender” la vida, la familia natural “luchando” en contra de la agenda LGTBI, la ideología de género, el secularismo, etc.

Como ya lo hemos dicho, en nuestro país desde hace casi dos años grupos considerados como conservadores ejercen un tipo de violencia en contra de las minorías. Han usado el poder político desde el Congreso de la República en complicidad con un grupo de parlamentarios con discursos que promueven la homofobia y la intolerancia. Y, que son bendecidos por “líderes” religiosos católicos y evangélicos. Esto con el afán de negar derechos a ciudadanos que los reclaman y reivindican porque no se les consideran “normales”.

Lamentablemente la conceptualización de la Defensoría del Pueblo ha tenido su correlato en la realidad cuando esos grupos lograron interpelar a dos ministros de Educación acusándolos, entre varias cosas, de promover la “ideología de género” en el currículo escolar. Además, mediante una demanda judicial pudieron suspender la implementación de dicho currículo en las escuelas por “promover la ideología de género”. Y amenazan al Poder Ejecutivo por “promover la vulneración de las familias naturales”.

Como sabemos, eso que llaman “ideología de género” es la implementación del enfoque de igualdad de género a través del Currículo Nacional de Educación Básica que procura eliminar estereotipos que son parte de las relaciones entre hombres y mujeres. Roles en donde las mujeres tienen desventajas sociales o son agredidas físicamente porque nuestra sociedad es evidentemente machista.

Sin embargo, llama la atención que esos grupos que reclaman “respeto a sus convicciones y valores” supuestamente nobles, exigen que el Estado deje las cosas como están porque se estaría introduciendo de contrabando una ideología de género que “pervertiría a la niñez, atacando a las familias naturales”. Y con esa actitud se afectan directamente los derechos garantizados por la Constitución Política del Perú.

En consecuencia, esto es un tipo de violencia que ha pretendido desconocer a un grupo de personas negándoles derechos. Porque supongamos que efectivamente por algún tipo de artilugio desconocido se lograse “homosexualizar” a una persona, ¿Pierde toda posibilidad de acceder a derechos? ¿El Estado estaría obligado de no reconocerles ninguna existencia legal por no ser “naturales de acuerdo con la Creación de Dios”?

Responder negativamente a estas cuestiones sería considerado absurdo y anticonstitucional. No obstante, aquellos grupos conservadores que se amparan en la dictadura de las mayorías reclaman que primero es el “orden natural” hombre-mujer y cualquier discusión sobre esto es fomentar la “perversión”.

La violencia no solo es concreta cuando se niegan derechos a cualquier grupo humano, sino la permanente amenaza de interferir en las decisiones del Estado para que específicamente se hagan una suerte de “anti-leyes” con nombre propio. Esto con el fin de atajar cualquier intento de acceso a derechos o que se promueva en el Estado lógicas seculares. 

Debemos estar atentos, la violencia tiene formas sutiles de ejercerse afectando así a conciudadanos vulnerables.