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Una publicación de la asociación SER
Doctor en Antropología con Mención en Estudios Andinos. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

Invasiones y patrimonio cultural

Podríamos aseverar que la historia del Perú, desde la época Colonial, ha estado caracterizada, entre otras cosas, por diversas formas de agresión al patrimonio cultural arqueológico. Desde las conocidas profanaciones de sitios en búsqueda de metales preciosos y la destrucción de monumentos para “extirpar idolatrías” e imponer edificaciones cristianas, el daño a las manifestaciones culturales de nuestro pasado ha continuado hasta nuestros días con consecuencias graves que ha conllevado la desaparición de una parte importante del patrimonio o la reducción a su mínima expresión, mayormente como resultado de la expansión urbana y agrícola.

El arqueólogo José Narváez ya había llamado la atención sobre la alarmante destrucción del patrimonio arqueológico (desde los años 1940) tan solo en el valle del río Rimac; es decir, en la capital de la República, donde deberían existir mayores y mejores condiciones para proteger esos recursos y ponerlos en valor. Narváez resalta como causales la destrucción por urbanizadoras (mayormente hasta los años 1960), la destrucción por el propio Estado para la construcción de obras públicas y, luego, las invasiones populares ante la ausencia de planificación urbana. Hasta la acción de “reconstruir” sitios arqueológicos para el turismo ha sobrevenido en un factor destructivo.

Las nuevas modalidades de intervención humana no se han modificado sustancialmente en los últimos años, a pesar de la existencia de normas que propugnan la conservación del patrimonio cultural y la puesta en valor de una parte del mismo. El mayor problema no es el jurídico. Los sitios arqueológicos por ley son propiedad del Estado en cualquier terreno donde se encuentren, ya sea público o privado. Las sanciones punitivas llegan a ocho años de prisión y mil UIT (3’850,000 soles en el 2015) como sanción administrativa. Mientras tanto, se sigue afectando el patrimonio cultural mediante diversas modalidades. Las denuncias por atentados de este tipo se reciben en lugares importantes en cultura y turismo, como Lambayeque, Ica, Nazca, La Libertad, en donde justamente su protección y puesta en valor constituyen un componente importante de sus planes de desarrollo y su diversificación económica. En el 2013, el ministerio de Cultura advirtió sobre posibles sitios con mayores riesgos de invasión[1].

El mismo ministerio ha señalado que el 95% del total del patrimonio arqueológico no posee acreditación por carencia de estudios y debido a los engorrosos y lentos trámites administrativos. Hasta abril del 2014, tan solo 5195 sitios estaban registrados, de un total de cien mil lugares[2]. UNESCO resalta con preocupación las reiteradas críticas a los sucesivos gobiernos, sobre lo poco que se ha logrado hacer para proteger dicho patrimonio.

Los esfuerzos actuales del ministerio de Cultura son importantes, pero no suficientes. Rebasan sus capacidades. Más aún cuando se trata de un tema que no debiera ser considerado sectorial, sino de prioridad nacional, por la importancia que posee para el crecimiento económico con equidad y para el fortalecimiento de nuestra identidad cultural. Esto trae a colación el debate sobre las ventajas comparativas y competitivas que posee el Perú y sobre la creación de condiciones para la diversificación económica y productiva nacional. En pocas palabras, aprovechar la cultura para la promoción de un turismo sostenible, como ocurre en muchos países[3].

¿Qué falta? Varias cosas. Entre ellas, y primero, una visión de país para diversificar las oportunidades de su desarrollo. Mientras tanto, estaremos en el debate absurdo de si el Perú es o no minero, cuando nuestro país es mucho más que eso. También una mayor planificación urbana que proteja y ponga en valor el patrimonio arqueológico; fortalecimiento de la institucionalidad competente; políticas de inclusión social que ofrezcan oportunidades de vivienda digna a las poblaciones de menos recursos, de modo que se evite la proliferación de promotores de invasiones, y una amplia política de educación y  sensibilización en la población, sobre el valor de su patrimonio cultural, como componente de ciudadanía.

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Foto: Necrópolis Miramar de Ancón invadida.

 


[1]Piedra Hueca, Coayllo, Cañete, Jopto, Huacho, Bandurria, Huacho, Terrazas de Lurín, Lurín, Molle, Cieneguilla, Huaquerones-Puruchuco (Ate), Canto Grande (San Juan de Lurigancho), Chacra Socorro (Huaura) y Cerro Matabuey (Lurigancho-Chosica). A ello se añaden las invasiones en curso de la Necrópolis Miramar (Ancón) y obras no autorizadas en Huaycán de Pariachi  (Ate) y Alfonso Cobián (Chaclacayo).

[2]El Comercio, 19 de abril del 2014.

[3]Solo mencionar algunos de ellos: México recibe anualmente 25 millones de turistas y Canadá, unos 35 millones. Más cerca, Colombia atrae cuatro millones de turistas. Costa Rica, del tamaño de Lima, recibe tantos visitantes como todo el Perú: Unos 2.5 millones por año.