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Una publicación de la asociación SER

La corrupción en salud: una epidemia poco estudiada

Foto: Perú21

Daniel Rojas

La corrupción mata y es una epidemia ignorada. Según Transparencia Internacional, anualmente 140,000 niños mueren en el mundo por causas atribuibles a la corrupción; en Europa, un estudio mencionó que es el principal factor socioeconómico asociado a la resistencia antibiótica. Los pagos indebidos incrementan el gasto de bolsillo de los pacientes; mientras que el ausentismo laboral de los profesionales de la salud afecta el control de las enfermedades, reduce la cobertura de atención y puede estar relacionado con muertes evitables. Los países más corruptos presentan las tasas más altas de mortalidad materna e infantil.

Está infiltrada en todos los niveles. Desde la manipulación de datos por parte de los médicos serumistas para cumplir con los indicadores impuestos por el Ministerio de Salud; hasta la asociación ilícita de ministros y jefes de Estado, como sucedió en el gobierno de Fujimori con la compra fraudulenta de medicamentos por más de 100 millones de soles

El año pasado se descubrió una red de corrupción en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Se encontraron almacenes clandestinos donde se ocultaban medicamentos e insumos médicos que luego serían comercializados. El médico que denunció este hecho fue retirado del hospital este año. Este caso se suma a otros, como en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde Carlos Moreno, exasesor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, había aprovechado su posición para favorecer a una clínica privada, a costa del SIS. Cabe mencionar que él declaró en el 2016 que le habían propuesto formalmente ser Ministro de Salud.

A pesar que el Estado cuenta con mecanismos para enfrentar la corrupción; todavía hay mucho por hacer. Algunas posturas defienden el fortalecimiento de las instituciones para el control de la corrupción; sin embargo, ¿de qué manera es posible un control adecuado cuando se trata de vigilar a funcionarios de alto nivel? Otras recomendaciones sugieren el establecimiento de canales abiertos y directos para denunciar los casos de corrupción. Este planteamiento parte del supuesto de que la persona desee denunciar, pero no conozca los mecanismos para presentar su denuncia y que su identidad se mantenga en reserva. Esta recomendación es importante y el Minsa tiene una página web para denunciar la corrupción; sin embargo -como se ha visto en el caso del Hospital Carrión- esta se manifiesta a través del desabastecimiento de medicamentos e insumos, así que puede ser de difícil identificación, dado que una explicación común a la falta de insumos es la «falta de presupuesto», que puede ser cierto, pero también es un argumento útil para ocultar la corrupción. Por otra parte, los pacientes no necesariamente conocen el origen de los medicamentos que compran, es probable que estos sean extraídos de los hospitales y el denunciar el sospechoso origen de los fármacos sea una preocupación no prioritaria, dado que buscan resolver un problema de salud. Se ha planteado también que la sociedad civil tome protagonismo en la vigilancia de la corrupción en el sistema de salud; sin embargo, es importante ser cauteloso respecto a esta recomendación. En el 2017, Ojo Público reportó que Esperantra (una organización civil sin fines de lucro que ayuda a pacientes con cáncer y enfermedades no transmisibles) se opone al ingreso de medicamentos bioequivalentes (genéricos) y sus relaciones con las empresas farmacéuticas no son claras. Esta situación no es nueva: en Europa se formó una coalición de médicos, enfermeras y pacientes para presionar el acceso igualitario al tratamiento contra el cáncer. Su nombre fue Cancer United y luego se descubrió que esta asociación fue financiada por Roche, el principal fabricante de fármacos contra el cáncer.

A partir de lo mencionado, se pueden plantear algunas recomendaciones. En primer lugar, es necesario que se abran canales de denuncia anónima para trabajadores de los establecimientos hospitalarios y órganos rectores. En segundo lugar, las facultades de ciencias de la salud deben abrir el debate sobre la corrupción y enfocar la enseñanza en derechos humanos; las organizaciones de estudiantes de ciencias de la salud deben vigilar los centros de enseñanza hospitalaria e informar a la comunidad acerca de la corrupción en salud, cómo identificarla y qué medidas tomar para denunciarla. En tercer lugar, la participación de la sociedad civil es fundamental en la lucha contra la corrupción en el sistema de salud; sin embargo, la sociedad debería organizarse en bases comunitarias, autogestionadas y no financiadas por empresas farmacéuticas u otras organizaciones que generen conflictos de intereses. Finalmente, se debe mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones prestadoras de servicios de salud, a través del fortalecimiento de los sistemas de registros y manejo de información.

La lucha contra la corrupción en salud depende de todos y cada paso suma.