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Una publicación de la asociación SER
Socióloga, investigadora y pre-docente universitaria. Especializada en temas de mercado de suelo, espacio público y estratificación social.

La demanda de vivienda, más allá del tráfico de terrenos

¿Qué tanto avanzamos en el acceso a vivienda? ¿Cerramos brechas? ¿Qué retos y qué riesgos trae consigo el déficit habitacional? El estudio de demanda de vivienda a nivel nacional del 2018 muestra que la brecha entre quienes podían cubrir los gastos de vivienda y aquellos que la demandaban potencialmente es bastante elevada. A nivel nacional, sólo el 17.8% de la demanda potencial posee la capacidad de pago necesaria para acceder a una vivienda[1]. Con casi 10 millones de habitantes, en Lima y Callao la situación es más preocupante pues la demanda efectiva sólo constituye el 17.1%.

A pesar de la promoción de vivienda “social” ‒criticada por su orientación a la demanda de sectores medios‒ aún existe un alto porcentaje (83%) de personas que no pueden acceder a los créditos y programas habitacionales. ¿Qué otras opciones tienen entonces? Pues el mercado informal de vivienda. Aquel que fomenta ocupaciones de riesgo, tramas urbanas desordenadas, y en general, un hábitat precario en la periferia de la ciudad.

Últimamente, se ha mostrado que en Lima y otras ciudades del país los traficantes de terrenos son los promotores de la expansión urbana informal e ilegal[2]. En el caso de Lima, es innegable que las mafias han cobrado protagonismo. Durante este año se ha capturado a bandas delictivas e incluso alcaldes distritales vinculados a esas mafias. E incluso, con la labor de la Superintendencia de Bienes Nacionales, pareciera que poco a poco el Estado parece recuperar tierra. ¿Es esto suficiente? Para responder a ello, se debe tomar en cuenta a aquellos que impulsan la existencia de este mercado informal, los grupos de personas que constituyen la demanda sin capacidad de pago para participar del mercado formal de vivienda: las familias.

Las familias van creciendo en número de miembros y en edad. Las nuevas generaciones empiezan a convivir o contraen matrimonio, y forman nuevos núcleos familiares. Dentro del mercado informal, tienen la opción de alquilar habitaciones o pisos en viviendas autoconstruidas, o de buscar nuevos terrenos en las zonas de expansión y autoconstruir.

A partir de una investigación realizada en Huaycán[3],  zona de expansión urbana de Lima, se evidencia que las familias buscan estar cerca de servicios de educación y salud, de espacios de consumo y de transporte. Igual de importante es para ellas poseer la propiedad de un terreno, ya sea para residir en él o para especular sobre su precio.

Las familias en la periferia tienen características heterogéneas. No podemos catalogarlas simplemente como “pobres”. Por ejemplo, muchas empiezan a acceder a educación superior, o aumentan poco a poco su capacidad de consumo. Sin embargo, siguen siendo vulnerables. La investigación demuestra que las familias sienten el riesgo de que eventualmente las mujeres de las nuevas generaciones quedarán embarazadas de manera no planificada, que algún miembro de la familia sea despedida o despedido de su lugar de trabajo, que de pronto alguna o alguno se enferme. Las familias no se sienten preparadas para afrontar económicamente esas situaciones. Ante ello, la propiedad de un terreno les otorga un gran soporte no sólo material sino también en la dimensión subjetiva. Comprar un terreno cuyo precio se puede multiplicar con el paso de los años resulta ser una opción tentadora para afrontar las situaciones de vulnerabilidad y también una que podría ayudar a mejorar la situación económica de las familias.

Para conseguir ese soporte, las familias acceden a redes de contactos y amistades que las conectan con vendedores de terrenos o a alguna pequeña asociación de vivienda. Además, algunas familias tienen contactos con dirigencias locales o con funcionarios públicos que les permitirán tramitar documentos legales que permitan asegurar la propiedad ya sea a través de constancias de posesión o títulos de propiedad.

Entonces, las familias además de conformar la demanda de vivienda, son agentes activos dentro del mercado de suelo a quienes el Estado debe prestar atención. La estrategia de regulación de la expansión urbana de la periferia es condescendiente con las familias, pero también con una trama urbana que las sigue excluyendo.

¿Cómo hacerle frente al mercado informal? Se debe prevenir y generar opciones dentro del mercado formal. Mientras tanto, las familias seguirán utilizando la regulación del suelo para su beneficio. En tanto el Estado no responda verdaderamente a esta demanda, el círculo de desigualdad continuará reproduciéndose.

Tomar en cuenta el rol de las familias reta a pensar en la articulación con otros sectores y una política integral. Al ministerio, cuyo objeto no sólo debe ser la vivienda y los servicios sino la ciudad y sus habitantes, debe importarle también la planificación familiar y la promoción del empleo formal en las periferias urbanas.

 

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Esta semana la columna de Comadres cuenta con la colaboración especial de Jimena Ñiquen. Plataforma Comadres es un espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.

 

[1] Estudio de demanda de vivienda a nivel nacional. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018. Ver: https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/177934-estudio-de-demanda-de-vivienda-a-nivel-nacional

[2] Ver: https://cosas.pe/casas/112767/julio-calderon-cockburn-trafico-de-tierras/

[3] Entre la necesidad y la acumulación. Una aproximación al rol del suelo y la vivienda en los procesos de reproducción y movilidad social de los sectores populares. El caso de las familias fundadoras de Huaycán. Ver: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/12400