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Una publicación de la asociación SER
Consultor en Cooperación al Desarrollo

La educación y el golpe institucional del Brasil

Durante los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), y en mayor medida durante el primer período presidencial de Lula Da Silva, se generaron importantes espacios para que el Ejecutivo y la sociedad civil puedan debatir propuestas en torno a la educación. Se concebía que la política educativa sea discutida y desarrollada en tres niveles, municipal, estadual y nacional, siempre partiendo desde la base. Bajo esta lógica, en el año 2010, el Foro Nacional de Educación (FNE) convoca la segunda Conferencia Nacional de Educación (CONAE), con el fin de trabajar el nuevo Plan Nacional de Educación (PNE). La sociedad civil realizó grandes esfuerzos para ir organizando una propuesta educativa que mejorara la presentada por el Ejecutivo. El citado Plan, contemplaba una educación basada en derechos, y a lo largo de la vida, en donde todas y todos sean incluidos, se conozcan y respeten las diferencias.

Un hito importante durante el proceso, fue la propuesta realizada para lograr el financiamiento de las políticas educativas que estaban siendo incorporadas en el PNE. Después de desarrollar un trabajo importante de incidencia política, el 26 de junio de 2012, la Comisión de Eduación de la Cámara de Diputados aprobó la inclusión de la metodología costo-alumno-calidad-inicial (CAQi) como referencia para la asignación de presupuesto; de acuerdo a esta metodología, la inversión educativa debería ser equivalente al 10% del PBI.

Finalmente, el 15 de junio de 2014, la presidenta Dilma Rousseff, mediante la Ley 13.005/2014, aprueba sin vetos el PNE que regirá hasta el 2024.

Lamentablemente, en octubre de 2015 se empieza a gestar el golpe de estado institucional contra Rousseff, que culminó con su destitución en el mes de agosto pasado. El actual gobierno ha venido desarrollando una política ajustada a los grandes capitales y a las posiciones más conservadoras. En materia educativa, lo más preocupante ha sido la aprobación – por parte del legislativo – de la enmienda constitucional, denominada PEC 55, la cual congela el gasto social por los próximos 20 años. Esta enmienda pone en riesgo los derechos de la población estudiantil brasilera, y ata de manos a los próximos gobiernos. Es importante mencionar que los organismos de derechos humanos solicitaron que la citada enmienda no sea aprobada.

Los estudiantes, profesores y sociedad civil se han declarado en resistencia. Las calles se llenaron para defender el gasto social. Los estudiantes tienen ocupados más de 1.000 colegios secundarios, siendo reprimidos constantemente.

Lamentablemente, no fue suficiente.

Qué duda cabe que América Latina está sufriendo otra ola conservadora. Por un lado, los grandes capitales, al igual que en el Perú, han visto en la educación la posibilidad de un negocio rentable, presionando al gobierno a no invertir, y explorar la privatización como alternativa. Por otro lado, tanto la iglesia católica como la evangélica, ejercen la suficiente presión, para que se cuestionen, desde los poderes del estado, los derechos de las minorías, principalmente las del colectivo LGTB.

Los derechos obtenidos en los últimos quince años peligran. La sociedad civil se volcará a las calles, y harán sentir su voz, y la clase política comprenderá entonces que si las decisiones políticas no se toman en beneficio de la sociedad, la democracia queda vacía de argumentos.