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Una publicación de la asociación SER
Consultor en Cooperación al Desarrollo

La hora de Pedro Sánchez

En España cayó el gobierno del Partido Popular (PP). Sin duda, el factor principal que precipitó su salida fue la reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre el Caso Gürtel, una red de corrupción que involucraba a un grupo de empresarios y al PP. Puntualmente, la denuncia consistía en una acusación al empresario Francisco Correa por sobornar a políticos vinculados al partido con el fin de acceder a contratación pública, vulnerando toda normativa vigente. Después de varios años de investigación, la Audiencia Nacional, el 17 de mayo pasado, dictó las sentencias correspondientes[h1] . En la página 155, dice textualmente «(…) se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (Comunidades Autónomas y Municipios gobernados por el PP) (…)». En la siguiente página se cita «(…) También otras cantidades sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada «Caja B» del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989[1], cuyas partidas se anotaban informalmente». Finalmente, en la página 1507, se acusa al Partido Popular de ser «partícipe a título lucrativo».

La sentencia del caso Gürtel hace hincapié sobre la ausencia de responsabilidad penal por tratarse de hechos con anterioridad a la reforma del Código Penal de 2010. En este sentido, se debe mencionar que la sentencia sólo abarca el período comprendido entre 1999 y 2005, denominado «primera época de Gürtel».  En otras palabras, se comprueba la existencia de una trama de corrupción alrededor del PP, desbaratando el argumento de que se trataban de casos aislados que no involucraban al partido como tal.

Si revisamos un poco la historia reciente del PP, encontraremos a importantes miembros sentenciados por corrupción, lo que refuerza la tesis de la Audiencia Nacional: Rodrigo Rato, ex vicepresidente de gobierno y ministro de economía (Caso Bankia); Jaume Matas, ex presidente del Gobierno Balear (Caso Palma Arena);  Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid (Operación Lezo); Francisco Granados, ex Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, (Operación Púnica), Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat Valenciana (Caso Erial), entre muchos otros «casos aislados». El último escándalo mediático lo protagonizó la ahora ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien fue obligada a dimitir luego de comprobarse las irregularidades en la obtención de su título de maestría en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Estos hechos, sumados a la crisis económica y de libertades, han causado un terremoto en la política española. Y Mariano Rajoy deja el cargo, al haber sido aprobada con 180 votos la moción de censura presentada por Pedro Sánchez, Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Lo que lleva a que el líder del PSOE asuma la presidencia de gobierno.

Los partidos políticos hicieron sus cálculos. Considero que – aunque Rajoy sabía que su suerte estaba echada – no presentó su dimisión dado que resultaría un batacazo para sus electores tomando en cuenta que aun después de la sentencia, el PP, como lo manifestó la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, continua negando la existencia de la “caja paralela”. En este sentido, puede haber existido el temor de que la dimisión fuera interpretada como la aceptación tácita a dichas acusaciones. Ahora irán por el papel de víctimas y acusarán al PSOE de poner en jaque la institucionalidad por los deseos de poder de su Secretario General. Por su parte, Unidos Podemos había dejado en claro que apoyaría la moción sin condicionamientos. Ello será mostrado como un triunfo propio toda vez que una de sus promesas más importantes era limpiar de la corrupción todas las instituciones del Estado, lo que implicaba echar al PP de las mismas. Hay que recordar que, en junio de 2017, presentaron una moción de censura, donde también se tomó como argumento los casos de corrupción que implicaban a los populares, que fue finalmente rechazada, y donde el PSOE se abstuvo. Por su parte, Ciudadanos, que ha sido sostén del PP desde la investidura, pretendió impedir un gobierno progresista por cuanto ello, posiblemente, afecte sus cifras electorales dado su menor exposición mediática. Los partidos nacionalistas, después de mucho debate, se decantaron por apoyar la moción, quizá previendo el costo político de apoyar (por voto o abstención), a los populares. El voto que más costó fue el del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Ahora le toca al PSOE la tarea de formar gobierno. Aún no han hecho pública cuál será su estrategia, dado que pueden decidir gobernar con una minoría de tan sólo 84 congresistas, o intentar formar una alianza con Unidos Podemos, quienes agregarían 71 votos. No tiene muchas más opciones. Lo que viene no será fácil, aun con el apoyo de Unidos Podemos se encontrarían en minoría, y aunque podrán aprobar leyes fundamentales, como la derogación de la Ley Mordaza, la universalización de la sanidad, el aumento de las pensiones ligándolas al IPC, iniciativas vetadas por el PP, otras serán más complicadas de negociar como por ejemplo, el modelo territorial español. Recordemos que Sánchez apoyó decididamente la aplicación del artículo 155 por la cual el control de las instituciones catalanas recae en el gobierno central, desconociendo a las autoridades elegidas, y que hace pocos días llamó racista al nuevo presidente. Este debate tiene otras aristas muy sensibles, como el caso de los políticos exiliados (el ex presidente catalán Carles Puigdemont entre ellos) y los «presos políticos» (entre los que se encuentran los independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart). Más a corto plazo tendrá que lidiar con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los cuales han sido aprobados con el apoyo del propio PSOE y del PNV, pero sobre los cuales han presentado vetos sus actuales aliados: Unidos PodemosPDeCAT, EH Bildu, ERC y Compromís.

De no garantizar la gobernabilidad, cabría la posibilidad de convocar a nuevas elecciones, algo que, por el momento, no sería conveniente para la izquierda progresista según los últimos datos de las encuestas, las cuales colocan a Ciudadanos como el partido más votado, seguido de un empate técnico de las otras tres principales formaciones.

Habrá que esperar el primer movimiento del presidente Sánchez para intentar conocer qué nos espera de lo que queda de legislatura.

[1] Se deben recordar que, desde 1989, el Partido Popular ha tenido dos presidentes, los cuales también fueron presidentes de gobierno, José María Aznar (1990 – 2004) y Mariano Rajoy (2004 – actualidad).

 [h1]http://www.lasprovincias.es/apoyos/documentos/sentencia-gurtel.PDF