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Una publicación de la asociación SER

La impunidad: una vía segura al autoritarismo

Los sucesivos blindajes fraguados en el Congreso de la República a favor de personajes ampliamente cuestionados como Pedro Chavarry y otros congresistas pertenecientes o aliados a Fuerza Popular ya no sorprenden y ratifican que mientras el fujimorismo sea determinante para tomar las decisiones en este Poder del Estado, continuará siendo el principal bastión de la impunidad y el mayor obstáculo a la lucha anticorrupción.

Esta postura política ha llevado al Parlamento a ponerse de espaldas al país, abdicando al mismo tiempo de cumplir sus tareas legislativas y fiscalizadoras con un mínimo de responsabilidad. Y las pocas veces en que se abocaron a estas funciones, lo hicieron como parte de una estrategia de confrontación y venganza política contra el Poder Ejecutivo, antes que de control político. Baste recordar la citación de urgencia hecha al Ministro del Interior y otros efectivos policiales por el operativo llevado a cabo para capturar al ex presidente Alan García que contrasta con la escasa atención que se brinda en el Congreso a otros problemas mucho más graves relativos a la inseguridad ciudadana.

Por otro lado, el gobierno carece de una visión política clara y aglutinadora – más allá de hacer todo lo posible por culminar el periodo gubernamental en julio del 2021 – a lo que se suma una parálisis política recurrente en los diferentes sectores gubernamentales cuando se trata de implementar las reformas administrativas necesarias para contar con un mejor aparato estatal u otorgar mayores recursos para temas relevantes, como ocurre con la negativa de brindar los fondos necesarios al Ministerio Público para el caso Lava Jato. La falta de iniciativa y protagonismo ha convertido a la mayoría de ministros y ministras en actores secundarios casi desconocidos, lo que aunado a la carencia de políticas públicas trascendentes, acaba convirtiendo al Poder Ejecutivo en un conjunto de entidades ajenas y fútiles.

En Noticias SER condenamos el nuevo blindaje al Fiscal Chavarry, que confirma la apuesta por la impunidad de la bancada fujimorista, y al mismo tiempo lamentamos que el gobierno no brinde los recursos que requiere el equipo especial Lava Jato. Estas son dos pésimas señales para la lucha anticorrupción, que sólo conseguirán que la ciudadanía se siga alejando cada vez más de una clase política indolente e incapaz, aumentando el riesgo de que el 2021 una opción de naturaleza autoritaria y antidemocrática llegue al poder.