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Una publicación de la asociación SER

La interdicción en el Perú

Desde hace ya varios años, sabemos que el narcotráfico en el Perú es un fenómeno en continuo crecimiento. Basta ver los reportes anuales de Naciones Unidas (World Drug Report) para darnos cuenta del incremento anual del área de cultivo de hoja de coca (61,200 hectáreas para el año 2010, lo que nos convierte en segundo productor mundial) y de la producción potencial de cocaína, además de los informes mensuales de la Unidad de Inteligencia Financiera que reportan las cantidades de dinero sospechoso involucrado en las actividades financieras ($4,310 millones a agosto de 2011).

Sin embargo, más allá del crecimiento del narcotráfico, es pertinente analizar los cambios en las modalidades y en el tráfico en sí. De acuerdo a un informe de DEVIDA, el 70% de la droga originada en el Perú tiene por destino Europa y sólo el 10% va hacia Estados Unidos. El 20% restante se distribuye entre algunos países de América del Sur. Incluso el INCSR 2011 (International Narcotic Control Strategy Report) del Departamento de Estado señala que el “90% de la cocaína incautada en Estados Unidos se origina en Colombia”. Estos datos demuestran que existe una mayor demanda por la droga peruana en Europa que en Estados Unidos (ambos son los mayores consumidores de cocaína a nivel mundial).

Y nosotros nos preguntábamos, ¿por qué Estados Unidos reduce año a año su presupuesto de cooperación antidrogas para el Perú? La respuesta es algo obvia: el mercado de nuestra droga no es Estados Unidos y, de esa manera, no afectamos los intereses de seguridad nacional de esta potencia. Es por este motivo, principalmente, que no existe una fuerte política antidrogas en el Perú, respaldada por EE. UU. como sí existe actualmente en Colombia (aunque con una visión muy agresiva y punitiva). Por ende, las políticas de interdicción en nuestro país son muy débiles. En el país “cafetero”, el área de cultivo de coca se ha ido reduciendo a través del tiempo, pero, muy probablemente, haya producido el temido “efecto globo”, redirigiendo los cultivos de coca con fines ilegales hacia otros países fronterizos, como el Perú. Este problema sucedió a fines de los años 90, cuando se resaltaba el éxito del modelo de guerra contra las drogas estadounidense en el Perú.

Además, diversos reportes internacionales señalan que, para el caso de la droga cocaínica en la región andina, la modalidad de traslado y envío se ha transformado. La droga ya no sale por vía aérea sino por vía marítima (80%), y, por vía terrestre y fluvial (20%). La interdicción de los años 90 en el Perú era básicamente aérea, auspiciada por Estados Unidos y se trabajada en conjunto con la Fuerza Aérea, sin embargo, por varios factores internos (como el derribo por error de una avioneta civil de misioneros norteamericanos) y externos, se suspendió. Actualmente en nuestro país no existe una política de interdicción marítima estructurada que pueda hacer frente a las nuevas hazañas de los narcotraficantes, como sí la hay en Colombia.

Por un lado, hay que darnos cuenta que la erradicación de cultivos no es la única herramienta de combate al tráfico ilícito de drogas, sino que además, existen otras que también hay que tomar en cuenta a la hora del diseño y la implementación de una política nacional de este tipo. Tal es el caso de la interdicción. Por otro lado, las nuevas modalidades de tráfico ilícito de drogas requieren un replanteamiento de las estrategias que lo combaten ya que, por muy pesimista que suene, el lucrativo negocio del narcotráfico y sus “cabezas”, siempre van a querer estar un paso adelante. Para no permitir esta situación, actores fundamentales como la Policía Nacional del Perú deben estar muy capacitados y contar con los recursos necesarios, además de seguir una política coordinada con el ente rector DEVIDA.