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Una publicación de la asociación SER

La justicia sigue en crisis

Foto: Andina/Juan Carlos Guzmán

Ana María Vidal. Abogada

Fueron las palabras de Hinostroza Pariachi las que expusieron la podredumbre. “¿Cuántos años tiene? ¿Diez años?, ¿once añitos?, ¿pero está desflorada?... ¿qué es lo que quieren que le baje la pena o que lo declaren inocente?”. Si negociaban la violación de una niña de 10 años, ¿qué no negociarían? Luego, como una cascada de aguas inmundas y malolientes se hizo público cómo negociaron sentencias por violaciones, feminicidios, trata de personas de niñas de trece años, asesinatos, torturas, lavados de activos y cuánto crimen de gran corrupción pasó por el Poder Judicial.

Todo lo que conocimos en el 2018 desató un terremoto político. Y fue necesario. Era imprescindible tumbar los cimientos de una estructura podrida y carcomida por las mafias. Porque no solo fueron ‘Los cuellos blancos del puerto’, eran también ‘Los wachiturros de Tumán’, ‘Los temerarios del crimen’, ‘Los injertos de Tumán’ y muchas más. Cada una de las cuales negociaba la justicia al mejor postor. Y los mejores postores eran los criminales.

Cayó el Consejo Nacional de la Magistratura y el terremoto continuó hasta que el Congreso se autodisolvió. Y eso que Salvador del Solar hizo lo imposible por lanzarles salvavidas en forma de diálogo. Pero la mafia en el Congreso continuó su camino a la guillotina. El 30 de septiembre con la disolución del Congreso el terremoto terminó.

Pero quedaba y continúa aún pendiente la necesaria reforma de justicia. Si esto no se da, todo el esfuerzo habrá sido en vano y las estructuras mafiosas continuarán. Y no es fácil, pues no se trata solo de una pieza, es un rompecabezas complejo. Una de las piezas angulares es la Junta Nacional de Justicia. Y es primordial porque esta nueva institución elegirá a los futuros jueces, juezas y fiscales. Los evaluará, ratificará, los podrá destituir (tiene pendiente por ejemplo la destitución de Chávarry y Aladino Gálvez). Son muchas piezas más. Pero si no empezamos por armar bien esta, toda la estructura se caerá. Todo lo avanzado en julio de 2018 habrá sido en vano. Retornaremos a foja cero, a la miasma que negociaba la violación de una niña de 10 años.

La primera elección fue una vergüenza. El único postulante que aprobó tenía procesos penales pendientes en el mismo Poder Judicial. En septiembre de 2019 el proceso se cayó. Ominoso. En octubre con el Grupo Jurídico de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informamos sobre el latente riesgo que aún afrontaba todo el proceso de reforma del sistema de justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana le pidió al Estado peruano poder acompañar el proceso. Veeduría internacional para que este avance bien. Pero el abogado del Estado peruano respondió que el proceso de reforma es un proceso puro, positivo, que se puede mejorar, pero sobre invitar al Comisión no dijo nada. (https://www.youtube.com/watch?v=dCvTBrgZA0M&t=92s minuto 57)

Ahora, en el nuevo proceso la selección de algunos integrantes ha devenido nuevamente en vergonzosa e ilegal. La elección de Marco Falconí Picardo es ilícita. Elegido por un beneficio de un servicio militar que nunca realizó. El postulante, un excongresista que proponía restringir los derechos de las mujeres, interpretó que estudiar en un colegio militar le daba una bonificación y la Comisión Especial presidida por el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, simplemente le creyó y aceptó. Como si escondieran algo. Luego se descubrieron plagios de su tesis. Siniestro por donde se mire.

Sobre María Zavala, exministra aprista pesan también serios cuestionamientos. Cuando fue jueza en el 2004 absolvió a Alex Kouri y a Vladimiro Montesinos Torres de los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita. Y la misma Fiscalía de la Nación ha expresado públicamente su posición frente a Henry José Ávila quien, después de ser viceministro de Derechos Humanos, fue asesor de la minera Río Blanco Copper, una empresa que ha tenido graves problemas por violaciones de derechos humanos, desde torturas en el 2005 hasta usurpación de tierras hecho denunciado en el 2018.

Ayer, el IDL y Proética pidieron que el proceso se suspenda. La Comisión Especial presidida por el Defensor del Pueblo (Walter Gutiérrez), vía un comunicado, insistió en que la elección era válida y el proceso de juramentación continuaría. El Poder Judicial (José Luis Lecaros) sacó un tuit respaldando el vergonzoso comunicado. La Fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) publicó, a su vez, un comunicado diciendo que ella no fue consultada sobre el comunicado de la Comisión Especial y ratificó sus críticas. El Tribunal Constitucional, cuya presidenta también conforma la Comisión Especial de elección de la Junta, señaló posteriormente que ni ella ni su institución fueron consultadas sobre el referido comunicado.

Hace poco nos enteramos de que se habría negociado la impunidad de Alan García por la matanza de El Frontón por 25 mil dólares. Doscientos doce dólares habría costado el silencio por cada una de las 118 personas asesinadas. Así estaba y así podría seguir estando la justicia en nuestro país. ¿Cuánto habrá costado la sentencia que absolvió al violador de una niña de 10 años?, ¿cuánto las que absolvieron a feminicidas, tratantes, y a tanto corrupto que ha hecho que no tengamos confianza en la justicia de nuestro país? ¿Cuánto vale nuestra dignidad? Si dejamos que esto siga, ellos, los que negocian a diario con nuestras vidas, habrán ganado. Y en el Perú todo continuará como siempre.