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Una publicación de la asociación SER
Fabiola Yeckting

La Ley Marco de Cambio climático y la participación indígena

Esta semana destacaron las noticias sobre la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático el 17 de abril del 2018 y las consultas que se están haciendo para su reglamentación. Ello porque tanto el sector empresarial como la sociedad civil, organizaciones indígenas, la academia, entre otros, están atentos y aportando al debate. Las organizaciones indígenas han reclamado la necesidad de aplicación de la Consulta Previa de acuerdo al Convenio 169 de la OIT en el caso de medidas que afecten sus condiciones de vida. 

Recordemos que el Perú ha firmado el acuerdo Escazú, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en Costa Rica el 4 de marzo del 2018 para reforzar la normativa ambiental, esta decisión va acorde con la activación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 1992 que establece tres derechos: el acceso a la información, el derecho a la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas ambientales. Así, “El principio 10 busca asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y tenga acceso a la justicia en asuntos ambientales con el fin de garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras. Este acuerdo debe ser ratificado por el Congreso para su aplicación, y servirá para la protección efectiva y evitar las muertes de los y las defensoras ambientales, particularmente entre la población indígena y de pueblos originarios.

Todo ello con la finalidad de elevar los estándares ambientales y la protección de los defensores y defensoras de derechos, especialmente en lo que respecta a las poblaciones vulnerables, vinculadas con las industrias extractivas. Todavía existen una serie de conceptos e ideas sobre prevención, adaptación y mitigación del cambio climático en el cuidado del medioambiente que la sociedad desconoce o no son suficientemente abordados, como es el caso de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) para la reducción de las emisiones de CO2 o gases efecto invernadero por debajo de los 2 grados centígrados, como respuesta al cambio climático peruano en el largo plazo.

Con el acuerdo Ascazú, según los especialistas, se podría reforzar la labor del poder judicial en los sistemas nacionales de gestión, evaluación y fiscalización ambiental. También podría contribuir a la prevención de los conflictos socioambientales que representan el 61.7 % de los 198 conflictos según el informe de la Defensoría del Pueblo del mes de julio.

¿Cómo está participando la población indígena en ambos procesos? ¿Forman parte de los procesos de consulta e información a través de sus organizaciones y representantes?

Organizaciones indígenas, como AIDESEP, CNA, Pacto de Unidad y ONAMIAP han alcanzado aportes a la propuesta de la Ley Marco de Cambio Climático. De un lado demandan detener las agresiones territoriales de las actividades extractivas y sostienen que la ley es limitada; remarcan la necesidad de creación de un Fondo Indígena, la participación de las organizaciones en la Comisión de Alto Nivel del Cambio Climático y que se promueva una red de cuencas andino costera que garantice el acceso de la población indígenas al financiamiento climático.

Esta es una oportunidad para reforzar y poner en marcha el acceso a mecanismos de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático que conocemos como desarrollo resilente y que se basa en el impulso de mecanismos de desarrollo limpio. Sin embargo, para ello debemos asegurar que las poblaciones indígenas y originarias más afectadas por la problemática del calentamiento global, fragilidad territorial, y efectos como la deforestación y contaminación, asesinatos y violaciones de derechos, estén informados y participen en la toma de decisiones como agentes centrales en el proceso. Por esa misma razón debemos poner atención a mejorar su representación política a través de la cuota electoral y social en las organizaciones, tanto en los espacios subnacionales regionales como municipales y en el acceso a la justicia ambiental.