Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

La nación desde la frontera

Artículo elaborado por Aldo Santos, Paul Chata, Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca, integrantes del Instituto de Estudios SUR.

El 30 de abril de 1962, Róger Cáceres Velásquez, el más notable político del siglo XX en el altiplano y fundador del partido regional de más larga permanencia en el país, difundió su “Mensaje a los puneños”. En él señalaba la urgencia de impulsar un Puno “más veloz, más integral, más inmediato, del que necesita el resto del Perú”. Un cambio que implicara “una orientación radicalmente distinta al proceso en que se desenvuelve la actual historia de Puno” (Rénique 2004:162-163)[1].

Pasados más de 50 años del llamado de Roger Cáceres, los cambios han sido veloces pero difícilmente integrales. Desde la Reforma Agraria del Gobierno Revolucionario de las Fuerza Armadas, hemos vivido procesos que han cambiado radicalmente a la región: La reestructuración de las tierras, la lucha contra Sendero Luminoso, el crecimiento de las ciudades a la par de la explosión de los centros poblados, la construcción de obras de infraestructura que movilizaron a la población, como San Gabán y la carretera Interoceánica, y el inicio del proceso de descentralización.

Sin embargo, el cambio sustancial que reclamaba el cacique juliaqueño para garantizar las condiciones de vida de la población que habita los territorios que van del Titicaca a Bahuaja Sonene sigue siendo una meta por alcanzar. Por más de que el Puno de nuestros tiempos sea radicalmente distinto al de Cáceres y ahora las calles de Juliaca, Puno e Ilave bullan de comercio y mototaxis, esta transformación no ha involucrado la articulación de su territorio, ni mucho menos la construcción de instituciones públicas capaces de proveer de servicios a la ciudadanía. En concreto, si bien la región ha experimentado de manera peculiar –y acaso con mayor dramatismo– los cambios de la sociedad peruana en su conjunto, la política puneña ha fallado en cumplir la promesa de un desarrollo integral. 

Más aún, desde Lima y el resto del país, en los últimos años, la imagen de sitio de destierro y de tundra altiplánica que el universo literario de Vargas Llosa reservó para Puno –adonde fueron enviados a cumplir sus castigos el teniente Gamboa y el capitán Pantaleón Pantoja– se ha reforzado con la idea de un Puno ilegal, violento, conflictivo y peligroso, convertido en una suerte de última frontera.

*****

La condición fronteriza de Puno no solo está dada por su ubicación en el mapa político nacional, sino, sobre todo, porque representa un territorio donde los márgenes del Estado son más difusos. Ante el fracaso de la promesa política de la región y la necesidad de obtener ingresos económicos que no se encuentran en la agricultura, la ganadería o el turismo, la región va camino a consolidarse como una de las principales zonas productoras de hoja de coca para el narcotráfico y de oro ilegal, tal como ya ocurre con el contrabando. La fortaleza económica de los actores dedicados a estas actividades ilícitas es inversamente proporcional a la debilidad estatal, hecho que configura un escenario favorable a la informalidad, la ilegalidad y el desastre ambiental.

La desvinculación entre las principales actividades económicas de la mayoría de la población y las grandes luchas y proyectos históricos enarbolados por las élites y dirigencias sociales es palpable cuando vemos, por ejemplo, que ni San Gabán ni la Interoceánica han sido los anhelados motores del desarrollo puneño. Lamentablemente, tampoco existen en la actualidad nuevos proyectos regionales que aglutinen a la ciudadanía puneña en su conjunto. Estos anhelos colectivos han ido desapareciendo o han sido reemplazados por ese espíritu comercial que anima las calles de Juliaca.

Por otro lado, con la presencia de nuevas tecnologías y la mejora de las vías de comunicación,el campo puneño se ha adaptado a una nueva ruralidad que lo interconecta de manera dinámica con los centros urbanos, lo que explica el crecimiento desbordado de algunos centros poblados, capitales de distrito y provincia, además del desorden imperante en las grandes ciudades que carecen de servicios públicos y generan impactos en el medio ambiente, cuyo manejo se vuelve más difícil cada día.

Pero la antigua ruralidad sigue presente, ya que nuestra región sigue siendo la más importante a nivel agrario en el país, con una superficie agropecuaria de 4.5 millones de hectáreas (12% de la superficie nacional) y es la primera zona ganadera con el 12% del ganado vacuno, 22% del ganado ovino y 40% del total de alpacas del país. Y a todo ello debe sumarse la presencia de más de 220 mil agricultores (10% del total nacional) y de 1500 comunidades campesinas quechuas y aymaras, cuyas tierras ocupan casi dos millones de hectáreas (Zegarra 2015)[2].

*****

En este escenario, los herederos políticos del Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, los partidos de izquierda, como el Partido Unificado Mariateguista, los sindicatos rurales, así como de un sector de la Iglesia Católica del sur andino, han intentado mantener vigente, frente al gobierno central, una tradición contestataria iniciada por Juan Bustamante, liberal que se enfrentó al poder gamonal, a mediados del siglo XIX. No obstante, sus esfuerzos han resultado infructuosos y hasta contraproducentes, tal como se observa en los resultados de las diferentes gestiones regionales y locales de las últimas dos décadas.

Las respuestas políticas de base étnica (en particular las aymaristas) tampoco representan una alternativa viable. Su carácter segregacionista y el hecho de reducir el ejercicio político a la organización de movilizaciones y protestas –que pueden ser justas y necesarias en determinado momento–, han llevado a la región, en más de una ocasión, a un contexto de conflictividad, violencia y polarización, ajeno a las prácticas democráticas. Igualmente, la presencia de actores vinculados a las actividades ilegales ha fragmentado y desprestigiado la política regional.

Ante los límites mostrados por la política guiada por los paradigmas de clase y etnia, el potencial de una nueva política se encuentra en el papel democratizador derivado de los cambios antes descritos. Si hasta mediados de los noventa la política regional estuvo concentrada en figuras “notables” –pertenecientes a antiguas familias terratenientes o parte de un reducido grupo de profesionales urbanos–, las últimas décadas han simbolizado el surgimiento de políticos campesinos, personas de origen rural que han asumido altos cargos a nivel local y departamental.

En tal sentido, el principal reto de esta nueva clase política es enfrentar con un proyecto los problemas de la región. Convertirse en una élite regional. Urgente tareaen una sociedad que ha experimentado cambios desordenados y sin guía.

*****

La debilidad estatal, la informalidad, la economía ilegal y la precariedad política se encuentran en la base de los mayores problemas de la región. Hace 50 años, Róger Cáceres consideraba que la solución pasaba por la implementación para Puno, de un Plan Especial que nunca pudo concretarse.

Ahora sabemos que el desarrollo y el bienestar no van a venir de Lima y tampoco podemos esperar mucho de la clase política afincada en la capital. En realidad, la ruta debe ir en sentido contrario. Como muestra, el ejemplo de los inmigrantes puneños en Arequipa, Moquegua, Tacna, El Alto, La Paz, Sao Paulo y, por supuesto, Lima.

Para ello, la sociedad civil y las autoridades electas democráticamente deben tomar las riendas de la región. Durante toda su historia, Puno ha estado gobernada por actores paralelos al Estado, como lo fueron los hacendados o gamonales, por lo que sería un despropósito que estos actores sean reemplazados por los barones del oro o el contrabando. Eso es algo que no debemos permitir.

Ad portas del bicentenario de la independencia nacional, el Plan Puno y “la construcción de la nación desde la frontera” son la batalla que nos toca enfrentar.

 

[1]Rénique, José Luis. La Batalla por Puno. Conflicto agrario y nación en los Andes peruanos.1866-1995.

[2]Zegarra, Eduardo. El abandono de Puno en la asignación del presupuesto agrario.